María Jesús Castrillo Lausín es una trabajadora Auxiliar de Educación Especial, Funcionaria de Carrera, que ejerce su labor en el Colegio de Educación Especial Alborada de Zaragoza. El pasado 8 de septiembre realizó una paralización de su actividad amparada por la legislación laboral al ser una Trabajadora Especialmente Sensible (TES) a la covid-19 y estar expuesta a un grave riesgo. Cuenta que su situación se ha complicado enormemente “llevo 100 días esperando unas respuestas que no llegan” e incide en que “las administraciones me han dejado completamente desamparada”.
“Soy una persona que tiene un grave problema pulmonar que me hace muy vulnerable en caso de contagio por coronavirus”. En este sentido la funcionaria comenta que “a principios de verano solicité una petición de adaptación de puesto de trabajo al Departamento de Educación como señala el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, realizado por el Ministerio de Sanidad el 14 de julio”. Sin embargo, “el 8 de septiembre nadie del Departamento se había puesto en contacto conmigo para el proceso de adaptación” lo que le llevó a María Jesús “a paralizar la actividad por riesgo grave e inminente para mi salud”. En el transcurso de este tiempo, en el aula que debía desempeñar la actividad la trabajadora se han producido dos contagios entre el alumnado y uno entre el personal docente, “no quiero ni imaginar lo que podría haberme pasado en caso de contagio, la verdad es que mi vida está en juego”.
Ante esta situación CGT ha convocado una concentración el próximo viernes a las 18:00 en la Plaza de España en apoyo a la trabajadora, “es muy lamentable lo que está ocurriendo con María Jesús” manifiestan desde la propia organización e inciden “no se puede consentir que una trabajadora esté 100 días en la puerta de su trabajo esperando una respuesta”. Por esta razón, desde el sindicato creen que “es imprescindible apoyar a nuestra compañera en su reivindicación contra la actuación negligente de la Consejería de Educación que, además, viene avalada por la propia Inspección de Trabajo”.
Por último, desde CGT señalan que es imprescindible visibilizar esta situación “se está jugando con la salud y el futuro de las personas por una decisión política de mantener los centros educativos abiertos por encima de derechos laborales y de la salud de las personas”. Finalmente, la propia organización sindical manifiesta que “los trabajadores especialmente sensibles son el eslabón más débil en la situación que vivimos en la actualidad, tenemos que mostrarles toda nuestra ayuda y compromiso. Sin embargo, el ejecutivo presidido por Javier Lambán los ha dejado totalmente desamparados, eludiendo sus responsabilidades”.