El 17 de enero de 2019 el partido de ultraderecha Vox daba un mitin en el Auditorio de Zaragoza y el movimiento antifascista convocaba una concentración en contra de dicho acto. La manifestación, a la que acudieron unos 200 jóvenes, terminó con cargas policiales y enfrentamientos, y con la detención de seis personas en los bares de la zona universitaria.
Cuatro de los jóvenes detenidos fueron condenados por la Audiencia Provincial de Zaragoza a seis años de cárcel y los otros dos -menores de edad- a pagar una multa conjunta de 11.000 euros y a un año de libertad vigilada. Pese a la falta de pruebas que permitieran identificar a los sospechosos, el juez Carlos Lasala Albasini -conocido magistrado de la Audiencia de Zaragoza- optó por condenar a los acusados en base a los testimonios de los policías.
Posteriormente, el caso fue llevado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que endureció aún más la pena añadiendo otro año de cárcel a la condena, ascendiendo a siete años de prisión. Los jóvenes recurrieron la sentencia ante el Tribunal Supremo (TS), que aún está pendiente de resolución. En caso de que el TS dicte sentencia y continúe con la dinámica de los órganos anteriores, los acusados podrían recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o Tribunal de Estrasburgo al haberse agotado todas las vías del sistema judicial nacional, pudiendo apelar, entre otros, al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (derecho a un proceso equitativo).
De ser así, comenzaría un proceso en el que se juzgaría a España por vulneración de derechos. Un último recurso que, en caso de ser favorable para los Seis de Zaragoza, podría anular la sentencia y conllevar una compensación económica para los afectados. Sin embargo, el litigio se prolongaría muchos más años, con las consecuencias económicas y de salud que eso puede acarrear para los afectados.
La sentencia ya fue llevada a la Eurocámara el año pasado por Francisco Aijón Ponzán, en representación de su hijo -uno de los condenados- y de la Plataforma de Padres y Madres de los Seis de Zaragoza.
“Por el derecho a la manifestación y las libertades democráticas”
El pasado 9 de noviembre la Plataforma Absolución 6 de Zaragoza publicaba el manifiesto “Por el derecho a la manifestación y las libertades democráticas”. La campaña, como indica el texto, reivindica que se trata de una condena injusta y de un proceso judicial que “niega la presunción de inocencia”. También incide en que los jóvenes fueron condenados en base a “detenciones aleatorias, la ausencia de pruebas y un montaje policial”. El comunicado también remarca que en este caso “se juzga el derecho mismo de manifestación en el que se fundamenta cualquier democracia”.
El manifiesto ya ha sido firmado por más de 2.000 personas, entre las que se encuentran personalidades de distinta índole a nivel nacional y local. A nivel político destacan los nombres de Alberto Garzón (ministro de Consumo), Pablo Iglesias (exvicepresidente del Gobierno), Iñigo Errejón (Más País), Pablo Echenique (UP), Pedro Santisteve (exalcalde de Zaragoza) o Alberto Cubero (ZeC). El mundo de la cultura tampoco se ha quedado atrás: Pepe Viyuela, Nacho Vegas, César Strawberry, Alberto San Juan, Ana Arias… Reconocidos artistas zaragozanos como Kase O, Sho-Hai, R de Rumba, Rapsusklei, Sharif o Morgan. Periodistas como Olga Rodríguez, Miquel Ramos, Nuria Alabao o Antonio Maestre…, además de un sinfín de profesionales de todo tipo de sectores: profesores, educadores sociales, médicos, ingenieros, administrativas, camareros, limpiadoras, estudiantes y jubilados, entre muchos otros.
Dos años de denuncias
Desde que se conoció la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza no han parado las denuncias y movilizaciones. El anterior no es el primer manifiesto. También hay puesto en marcha un crowdfunding.
El 19 de octubre la plataforma “Absolución 6 de Zaragoza” presentaba una campaña estatal bajo el lema “manifestarse no es delito”. La campaña se basa en la realización de encuentros con agentes públicos en diferentes ciudades de España, así como acciones de denuncia y distintos actos. Otros de los mensajes que han protagonizado la campaña son “Enfrentarse a quienes siembran odio no es delito” y “Plantar cara a la extrema derecha no es delito”.