“La única solución que nos han brindado nuestros gobernantes es la guerra”

Zoraida Hernández Pedraza (Cucuta, Colombia, 1978) es una abogada colombiana, defensora de los derechos humanos, secretaria general de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, que es un proceso de articulación de distintos movimientos sociales en Colombia, fundamentalmente de carácter rural.

Visita Zaragoza para hablar sobre las mujeres en el conflicto de Colombia, en una charla organizada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza y el Comité de Solidaridad Internacionalista. Solo unas horas antes, charla con eldiario.es sobre un conflicto que arroja unas tremendas cifras: más de 50.000 personas desaparecidas, más de 5 millones desplazadas, más de 150.000 ejecutadas extrajudicialmente y el asesinato de 170 defensores y defensoras de los derechos humanos entre 2016 y 2017.

Su vida profesional siempre la ha dedicado a ayudar a los demás, ¿en qué momento y por qué decidió enfocarla hacia ahí?

Me inicié en la defensa de los derechos humanos con 15 años en Cucuta, donde había muchas desapariciones forzosas y atropellos a la población rural. Comencé a trabajar en el Comité de Solidaridad con presos políticos y empecé a estudiar derecho, después me trasladé a Bogotá y terminé mis estudios.

Ha volcado sus esfuerzos en el mundo rural. Cuente, de manera resumida, de dónde nace el conflicto

El conflicto armado en Colombia lleva más de 52 años. Hay múltiples causas, principalmente, que es un país con mucha inequidad y la alta concentración de la tenencia de la tierra: el 76 % de la población campesina detenta solo el 5 % de la tierra. Durante años los campesinos han pedido una especie de redistribución de la riqueza, porque, además, han sido despojados de sus tierras de manera violenta. También afecta la falta de un escenario democrático y participativo en Colombia.

Nuestros gobernantes nos han sumido en un estado tal que la única solución que nos han brindado ha sido la guerra. Desde que Álvaro Uribe entró en el poder, cualquier opción de diálogo que se pudiera dar desapareció. Dijo que en Colombia no había conflicto armado, sino una lucha contra el terrorismo con unos héroes, que son las fuerzas militares, y unos terroristas. Y la única manera de acabar con el terrorismo es terminar con la guerrilla. Y en este mismo marco, inició también una ofensiva contra todos los que defendemos los derechos humanos y contra cualquier tipo de proyecto de izquierdas o movimiento social.

¿Cuáles son las cifras de este conflicto?

Hay más de 50.000 personas desaparecidas, más de 5 millones desplazadas y más de 150.000 ejecutadas extrajudicialmente. Además, a los campesinos les han quitado 10 millones de hectáreas.

¿Cómo se ha acumulado tanta tierra en tan pocas manos?

Los terratenientes han desplazado por la fuerza a los campesinos, han legalizado títulos a partir de la compra forzosa de tierras y, además, se han apropiado de muchas tierras del Estado. Los campesinos estaban en esas tierras y reclamaban que se les adjudicaran, pero los paramilitares les echaron de ellas y se las apropiaron los terratenientes.

¿Siempre con la connivencia del Estado?

Claro, connivencia del poder militar y político. Ha habido mucha corrupción también.

¿Cuál es la situación actual?

Tras la marcha de Uribe y la llegada de Juan Manuel Santos comienza un proceso de diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se firman una serie de acuerdos en La Habana que, actualmente, están en riesgo porque el Gobierno no está implementando lo acordado.

Las FARC sí se han ubicado en las zonas veredales transitorias y también han iniciado un proceso de dejación de armas. Pero el desarme total tenía unos requisitos por parte del Gobierno, como eran la aprobación de varias leyes y decretos, salvaguardar la seguridad de los combatientes, ayudarles en su reincorporación –hay que recordar que llevan toda la vida en la guerra, no tienen un oficio que les permita reincorporarse a la sociedad-, también la amnistía de los presos que no han cometido delitos de lesa humanidad. Y esto no ha ocurrido.

¿Es el Gobierno el que no está cumpliendo?

Sí. Incluso hace poco el Gobierno dijo que lamentaba mucho no cumplirlos. Se debe dejar claro que en La Habana hubo unos acuerdos para la terminación del conflicto armado entre uno de los grupos guerrilleros y el Gobierno, pero no se firmó la paz. En Colombia no estamos en paz. El ELN sigue alzado en armas, aunque se ha iniciado una negociación que toda la sociedad y el mundo entero debería avalar para que nadie se levante de la mesa.

Además, están los grupos paramilitares, que se fortalecen en los territorios. Entre 2016 y lo que va de 2017 han asesinado a 170 defensores y defensoras de los derechos humanos. Hay un aumento claro de la persecución. Todos los días se reciben panfletos amenazantes en las organizaciones sociales, lo cual implica que en el país no hay voluntad para que se abran escenarios democráticos de participación. No puedes enviar a los grupos armados un mensaje de desmovilización y, a la vez, asesinar a todos los que piensen distinto.

Porque los paramilitares han sido armados por el Estado. Aunque Uribe dijo que había hecho un proceso de paz y negociación con estos grupos y se supone que a partir de ese momento ya no existían. Ahora dicen que no son paramilitares, sino bandas criminales asociadas al narcotráfico, pero es que los paramilitares siempre ha estado asociados al narcotráfico.

Si el Gobierno sigue sin cumplir, ¿hay riesgo de que las FARC den marcha atrás en lo hecho y que se recrudezca el conflicto?

Creo que no hay opciones de que todo el grupo vuelva a la lucha armada. Pero mucha gente sí podría tener intenciones. Hay unos 300 combatientes que ya se han ido de las zonas veredales transitorias.

¿Usted tuvo que exiliarse?

Sí, en 2012. Me venían amenazando por teléfono hasta que un día trataron de entrar en mi residencia y, por suerte, no lo lograron.

¿Quién amenaza?

Por regla general los paramilitares, pero también hemos denunciado el papel de las organizaciones de inteligencia del Estado. Se ha construido una sociedad muy facha, con muy pocas oportunidades para que la gente opine. El tratamiento de la protesta social es un ejemplo, siempre con el uso de la fuerza. En el periodo de Uribe los señalamientos a los defensores de los derechos humanos eran permanentes.

Apunta siempre a Álvaro Uribe, ¿ha mejorado la situación con Santos?

Uribe generó en el país esa mentalidad militar y cualquier tipo de escenario democrático era señalado. En la década de los 90, en un solo año con elecciones, asesinaron a tres candidatos presidenciales de izquierdas.

¿Cuántos presos políticos hay y cuál es la situación en las cárceles?

Hay unos 3.000. En las cárceles la situación es de hacinamiento, porque todo lo convierten en delito. Se sigue torturando en las cárceles, parece que es parte de la pena. Es algo habitual.

¿Le sorprendió la respuesta de la ciudadanía en el plebiscito?

Nos sorprendió, sí, pero lo que indican esos resultados es que sigue habiendo una sociedad que ha sido manipulada y que falta mucho para poder tener una opinión formada. Hubo una gran abstención, del 60 % más o menos, y mucha manipulación por parte de Álvaro Uribe y su grupo político, que se juntaron con sectores de la iglesia evangélica y jugaron con las emociones y con las religiosidad de las comunidades.

¿Cómo ve el futuro?

Pensando en la negociación con el ELN, de La Habana hemos aprendido que la ciudadanía debe implicarse mucho más. Tiene que haber un nivel de participación mayor. Un diálogo entre todas las partes, incluidos terratenientes e incluso militares y paramilitares. La sociedad debe poder opinar, debatir y aportar de una manera equitativa, pero con el convencimiento de que no los van a matar. Que se generen caminos y consensos que permitan salidas políticas.