Ruiz de Temiño elude revelar con quién comió antes de impulsar el proyecto para el Parque de Atracciones de Zaragoza

“Ni le voy a contestar”. El director general de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Zaragoza, José María Ruiz de Temiño, ha eludido responder este jueves a la oposición ante las demandas de que revelara con quién comió y qué asuntos trató en las comidas con consultores mantenidas días antes de trasladar al Consistorio el proyecto para ampliar el Parque de Atracciones. Así se lo reclamaba el edil de Zaragoza en Común (ZEC) Suso Domínguez, que ha instado al alto cargo municipal -no electo- a utilizar mecanismos transparentes regulados por ley en vez de ágapes “en un reservado y encima pagados con dinero público”.

Fueron al menos dos las comidas en las que participaron responsables del Ayuntamiento con consultores para preparar la actuación en el recinto de ocio, aprobada inicialmente el pasado 18 de noviembre y que fue a pleno diez días más tarde. La factura, sufragada por el erario, ascendió a 530 euros.

El proyecto para ampliar el recinto de ocio en 40.000 metros cuadrados que gestionará una empresa privada ha estado envuelto en controversia desde que fue hecho público a finales del año pasado. Los vecinos del entorno, los grupos de la oposición y organizaciones medioambientales critican que la iniciativa va a suponer la tala de 2.000 árboles. El propio Ruiz de Temiño negó ayer esta circunstancia: “Solo se ha hecho un leve ajuste que, si deducimos los dos párquines, solo afecta a 3.000 metros cuadrados. Se ha terminado la concesión y si no hacemos algo vamos a tener un problema en la ciudad”, ha argumentado.

Lo que no ha entrado a valorar han sido las acusaciones de ZEC, cuyo edil se refirió a Ruiz de Temiño como “un concejal no electo que consume más de 5 millones de euros del área de Urbanismo y al que se le montó un chiringuito”. “Tiene un presupuesto real de 11 millones de euros, un mecanismo para saltarse los controles que existen en otras áreas”, ha lamentado Domínguez.

Frente al hecho de reunirse “en un reservado y encima pagado con dinero público”, el edil de ZEC ha recordado que la ley ampara llevar a cabo una consulta preliminar de mercado, “un mecanismo pautado, con actas, que permite ver de qué se habla y que incluye informes. Permite tener una visión de un sector concreto con la suficiente transparencia”, ha subrayado Domínguez.

La primera de las comidas costó 301 euros, fue el 9 de septiembre en el restaurante El Real y contó con diez comensales, tal y como registró el coordinador general del área de Presidencia y Relaciones Institucionales, Felipe Castán. Consistió, según firmó el consejero de este área, Ángel Lorén, en una reunión de trabajo “sobre el estudio del futuro Parque de Atracciones”.

La segunda ascendió 230,6 euros y tuvo lugar el 13 de noviembre, también en El Real y con ocho comensales: el director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, dos funcionarios, un asesor de Alcaldía y cuatro consultores. El objeto: “Desarrollar el proyecto del Parque de Atracciones, con el objetivo de ampliar y mejorar las instalaciones del parque”.

“Esto huele a un Terra Mítica”

Los Pinares de Venecia, con una extensión de más de 330 hectáreas, son el resultado de plantaciones realizadas, desde hace 100 años, por colegios zaragozanos y presos de la antigua cárcel de Torrero, que permitieron que este espacio fuera transformándose progresivamente en un parque forestal periurbano, un pulmón verde al sur de Zaragoza del que han disfrutado y siguen haciéndolo miles de zaragozanos y zaragozanas.

Desde Zaragoza en Común han recordado lo que ocurrió con el parque Terra Mítica en manos del popular Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana. También la edil socialista Ros Cihuelo ha hecho mención este jueves a la infraestructura valenciana.

El mayor pinar de la costa mediterránea, en Benidorm, acabó en un parque que nunca cumplió con las expectativas prometidas a la ciudad, que no logró atraer el número de visitantes previsto y que acumuló deudas por valor de 274 millones de euros, entrando en suspensión de pagos. Años después se destapó una trama de corrupción en torno a los contratos adjudicados para la construcción y gestión de las infraestructuras de Terra Mítica: se demostró que hubo malversación de fondos públicos, desvío de fondos y manipulación de contratos y se condenó a varios altos cargos a utilizar su posición para asegurar la adjudicación de contratos a empresas amigas o relacionadas con ellas.