Gastar en pensionistas, pero también invertir en jóvenes

A finales de esta semana, el Gobierno previsiblemente echará mano de nuevo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ahora para poder pagar a los pensionistas la extra de navidad. La llamada hucha de las pensiones está ya en las últimas, pero por ahora el Ejecutivo no tendrá que vaciarla al completo. Tiene una alternativa: en los Presupuestos Generales del Estado vigentes hay un préstamo de hasta 10.192 millones de euros para la Seguridad Social. En julio pasado, para pagar la extra de verano, el Ejecutivo ya recurrió a los dos billeteros, a la hucha y al préstamo, y logró dar una patada hacia adelante y aplazar los verdaderos debates de fondo: ¿Es sostenible nuestro sistema de pensiones? ¿Los problemas de tesorería de la Seguridad Social son coyunturales o son estructurales? ¿La comisión del Pacto de Toledo trabaja al ritmo que debería? ¿Es inevitable una nueva reforma con nuevos recortes?

Cuando a finales de 2011 José Luis Rodríguez Zapatero salió de Moncloa, en plena crisis económica, la hucha de las pensiones estaba rebosante: tenía 66.815 millones de euros. Ahora, tras seis años de Mariano Rajoy en el poder -los tres últimos de notable subida del PIB y, según insiste el Ejecutivo, de mejora de la economía de las familias y del empleo-, la hucha se va a quedar en menos de la mitad de la mitad de la mitad. Hoy tiene unos 11.600 millones. En pocos días, quedarán en unos 5.000 o 6.000.

Las cuentas de la Seguridad Social son sencillas en su enunciado, complejas en su solución y muy ilustrativas en términos políticos, pues desmienten mes a mes el optimismo económico que pregona el Gobierno. Pese al crecimiento del PIB, pese al aumento del número de afiliados y pese a la “primavera del empleo” que anunció la ministra Fátima Báñez hace apenas tres meses, los ingresos de la Seguridad Social dan para lo que dan: para ir pagando mes a mes la paga ordinaria de los más de 9,5 millones de pensiones, pero no para atender las dos pagas extraordinarias. La razón principal es muy sencilla: mientras que el nuevo empleo es de baja calidad –malpagado, precario, a tiempo parcial…– y conlleva unas cotizaciones sociales también bajas o incluso inexistentes, por bonificadas, los nuevos pensionistas cobran bastante más que la media porque cotizaron durante su vida laboral bastante más que los que ahora los reemplazan. Y por si fuera poco, la ratio entre afiliados y pensionistas se estrecha, por efecto de la economía y de la demografía: a finales de 2007 había en España 2,71 afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista; ahora solo hay 2,23.

Algunos datos más describen la gravedad del enfermo:

- En total, entre todas las modalidades (jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y a favor de familiares), el sistema cuenta hoy con 9.567.387 pensiones públicas, frente a las 8.334.316 de diez años atrás, en diciembre de 2007. Ahora son, por tanto, un 14,8% más.

- La pensión media mensual de todo el sistema es hoy de 925,85 euros, y a finales de 2007 era de 678 euros. Ha subido, por tanto, un 36,5% en estos diez años.

- La nómina mensual de la Seguridad Social, lo que necesita para pagar cada mes las pensiones, era a finales de 2007 de 5.657 millones de euros, y ahora se sitúa en 8.857,9 millones. Ha aumentado, en conclusión, en un sideral 56,3%.

Otros datos, y estos sin evolución de antes a después de la crisis sino con otras comparaciones también muy reveladoras:

- La pensión media del sistema es de 925,85 euros al mes, pero la pensión media de las nuevas, de las que han entrado en vigor en octubre pasado, es mucho más alta: 1.308,45 euros al mes. Pasa algo parecido con las pensiones de jubilación, que es la modalidad más abundante. Pensión media de jubilación, 1.069,78 euros al mes. Pensión media de jubilación de las nuevas de octubre pasado, 1.420,35 euros.

¿Seguirá a medio plazo la progresión que todas esas cifras apuntan? Los pesimistas dicen que incluso se acelerará y se agravará porque –al margen de la coyuntura económica- se nos viene encima un grave desequilibrio demográfico. Ahora se están jubilando los nacidos a comienzos de la década de los cincuenta del pasado siglo, periodo en el que nacían algo menos de 600.000 niños al año. A finales de aquella década, la natalidad se disparó y encadenó veinte años consecutivos, de 1957 a 1977, con más de 650.000 nacimientos al año. Aquellos numerosísimos hijos del baby-boom van a empezar a jubilarse en masa en muy pocos años, y lo harán además con una esperanza de vida muy alta. ¿Habrá crecido para entonces el empleo lo suficiente, en cantidad y en calidad, para cubrir con sus cotizaciones ese océano de nuevas pensiones? ¿Habrán encontrado las fuerzas políticas y sociales alguna fuente nueva para financiar las pensiones? ¿Existirá aún la hucha –y tendrá algo dentro- o estará para entonces el sistema mucho más vinculado a los Presupuestos Generales del Estado y se pagarán las pensiones con cotizaciones de los que estén trabajando y con impuestos a toda la población? ¿Cuántos recortes más se harán en el camino?

La preocupación por la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones se disparó con la crisis. Los dos grandes partidos del viejo bipartidismo reaccionaron. La reforma que hizo el PSOE en 2011, en los últimos meses de Zapatero, dictó que se ampliaría progresivamente la edad de jubilación: de 65 a 67 años en el plazo de 15 años. La reforma del PP, en 2013, apretó aún más las tuercas: desvinculó del IPC la subida anual a los pensionistas, lo que les ha quitado a todos ellos poder adquisitivo real, e introdujo el llamado factor de sostenibilidad, por el que los que se jubilen a partir de 2019 –la avanzadilla del baby boom, recuerda- tendrán un recorte en sus derechos económicos que les corresponderían como consecuencia de haber aumentado la esperanza de vida y los años que previsiblemente van a estar cobrando.

Ahora, en el primer año de la segunda legislatura de Rajoy, aún no se ve claro por dónde irá la siguiente reforma, la que salga de las recomendaciones que haga la comisión del Pacto de Toledo, del Congreso de los Diputados. La oposición, PSOE y Unidos Podemos, han pedido al Gobierno que se aplace más allá de 2019 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad y que en enero próximo la revalorización de las pensiones vuelva a vincularse al IPC. Es altamente improbable que Rajoy –y Montoro– cedan ni en lo primero ni, sobre todo, en lo segundo. Se escudarán en que tienen demasiados frentes económicos abiertos: la incertidumbre por Cataluña, la nueva financiación autonómica, la financiación local, el caro cupo vasco al que se han comprometido para que el PNV les apoye los Presupuestos… Con el IPC en el 1,6% y la revalorización de las pensiones en el 0,25% que dispone la reforma de 2013 para años con déficit de Seguridad Social –como es este-, los pensionistas volverán a perder más de un punto porcentual de capacidad de compra en enero próximo.

Pero el debate sobre las pensiones no está solo en el Congreso, en la política. También está en los agentes sociales. Hace unos meses, el líder de UGT propuso que paguen cotizaciones sociales aquellas nuevas tecnologías –robots, cajeros automáticos…– que han permitido a las empresas eliminar mucho empleo.

El debate está también en el mundo académico, donde –sobre todo entre los más jóvenes- las cosas se ven de un modo muy diferente. Véase un ejemplo. Estos días llega a las librerías El muro invisible. Las dificultades de ser joven en España (Debate), un libro que firma el prestigioso colectivo de 12 jóvenes politólogos, sociólogos y profesionales independientes conocido como Politikon.

Los autores, todos en la treintena de edad, reflexionan sobre la triple crisis –económica, social e institucional- que golpea a su generación y a la siguiente, reconocen algunas de las bondades del actual pacto intergeneracional y que la pensión de los mayores ha sido un “salvavidas” para muchas familias durante la crisis, pero también deslizan algunas críticas: En lo peor de la crisis, de 2011 a 2014 –recuerdan–, “la renta mediana de los jóvenes entre 18 y 24 años cayó un 20%” mientras que “la renta de los mayores de 65 años subió un 5%”.

Un entrecomillado más del libro: “Tanto desde el punto de vista del crecimiento como de la desigualdad es mejor gastar en guarderías que en educación secundaria; mejor en educación secundaria que en educación superior o en el seguro de desempleo; mejor en el seguro de desempleo que en las pensiones”.

Y uno más: “Tratar las pensiones como prioridad, como hizo España durante la crisis, o en pie de igualdad con la inversión en jóvenes, es ignorar que son estos últimos los que tienen hijos y contribuirán el día de mañana con sus impuestos. Esto ha llevado al sociólogo Gosta Esping Andersen a acuñar un lema: la reforma de las pensiones debe empezar con los niños”.

El muro invisible no solo incluye muchos datos y algunas críticas. También propuestas concretas. En una de ellas, titulada “Volver a un equilibrio generacional”, se propone “detener la inercia política e institucional” actual, y hacerlo así: “La lógica con que se revalorizan las pensiones debe tener en cuenta el impacto que ejerce sobre las demás generaciones y no solo la estabilidad del poder adquisitivo de los jubilados”. Hay debate.