Ayuso y el Estado Libre Asociado de Madrid

A solo ocho semanas de la Navidad, todo son incertidumbres en la España de la pandemia por COVID-19. Incertidumbres sobre las comidas y cenas familiares durante las fiestas; sobre los viajes desde las grandes ciudades a la España vacía y viceversa para visitar a padres, hijos, hermanos o primos; sobre la campaña comercial que arranca con el Black Friday a finales de noviembre y llega a primeros de enero, al día de Reyes... Si 2020 ha sido el primer año sin fiestas patronales, 2021 tiene muchas papeletas de ser el primero sin cotillones de Nochevieja y sin cabalgatas de Reyes.

Los Gobiernos, el central y los autonómicos, se dieron mucha prisa en mayo y junio por avanzar en la desescalada y por adentrarse en la llamada nueva normalidad, en muchos casos sin estar preparados para ello, y en dar por derrotada la pandemia. Desde julio, cuando ya era evidente que la curva de contagios comenzaba de nuevo a remontar, muchos de esos gobiernos se han dado muy poca prisa o ninguna en reaccionar. 

Hay otros, pero el caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid es ejemplar, de mal ejemplo. Llegó demasiado pronto al cambio de fase de la desescalada (y el Gobierno central se lo consintió, y no debía haberlo hecho) y ha llegado tarde o nunca a todo lo demás: a reforzar la atención primaria, a contratar rastreadores, a obligar al uso de la mascarillas, a hacer PCR y otras pruebas en los entornos de los ya contagiados, a limitar los horarios y los aforos comerciales y de bares, cafeterías y restaurantes, a restringir la movilidad... La guinda de irresponsabilidad la puso la semana pasada, cuando, al mismo tiempo que pedía y no pedía al Gobierno central un toque de queda nocturno, aumentaba de las 23h a las 00h el horario de cierre de los bares y restaurantes y no se lo contaba antes a su socio de Gobierno. 

En 2005, el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) promovió la denominada Ley de Régimen Especial de la Ciudad de Madrid, que convertía a esta en una especie de Distrito Federal con prerrogativas de todo tipo por albergar las principales instituciones como capital del Estado. El proyecto no le gustó nada a Esperanza Aguirre, también del PP y por entonces presidenta de la Comunidad, que acusaba a su correligionario y rival interno de querer crear en la ciudad “un Estado Libre Asociado” dentro de la España de las autonomías, en alusión al que intentó para Euskadi el por entonces lehendakari Juan José Ibarretxe. En el equipo de Aguirre había quien llamaba Gallardetxe al alcalde.

Quince años después y aprovechando los vericuetos de la llamada cogobernanza entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, correligionaria de Gallardón y de Aguirre, ha decidido gestionar la pandemia a su libre albedrío, incluso dejando al margen a su socio, Ciudadanos, como si la región entera no tuviese alrededor otras vecinas y fuese una especie de Estado Libre Asociado, en manos del PP y en oposición permanente al Gobierno central, de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Algunos de los lemas fundacionales del nuevo Estado Libre Asociado -“Libertad para Madrid”, “Madrid es España dentro de España” y “Tratar a Madrid como al resto de las comunidades es muy injusto”- no se diferencian mucho de los de los independentistas del procés catalán. 

Hay expertos que piensan que tanto las últimas medidas de la Comunidad de Madrid como las de otras comunidades y las del Gobierno central llegan tarde y/o son insuficientes. Si el toque de queda nocturno y otras recientes restricciones a la movilidad se hubieran tomado hace varias semanas, apuntan estos expertos, la curva de contagios probablemente estaría ahora aplanándose, y entraríamos en noviembre con menos incertidumbres sobre la Navidad, que es la última esperanza de salvar el año para muchos bares y restaurantes y para algunos comercios, y sobre la salida del túnel de la crisis sanitaria. El cortoplacismo con que se actuó hace cuatro, tres o dos meses, fue, en fin, una mala estrategia.

Noviembre es siempre un mal mes en las estadísticas demográficas españolas de salud. La llegada del frío, la expansión de la gripe común, la disminución de las horas de luz y otros factores similares convierten por lo general a noviembre en un mes con una alta mortalidad, especialmente entre población envejecida o con patologías crónicas que se agravan en otoño. Este año, la COVID-19 puede empeorar todas las estadísticas. 

En junio, se esperaba para otoño la segunda ola de la pandemia, pero también las primeras vacunas. La segunda ola llegó bastante antes de lo previsto y las vacunas probablemente no llegarán hasta marzo, para sanitarios y población de riesgo, y hasta dentro de un año para toda la población. En pocos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han sustituido el “vienen semanas muy duras” por un “vienen meses muy duros”, y la mayoría de los gobiernos se han puesto a correr. Ahora la duda es si estamos ante un “tarde piache” o ante un “nunca es tarde si la dicha es buena”.

A solo ocho semanas de la Navidad, todo son incertidumbres en la España de la pandemia por COVID-19. Incertidumbres sobre las comidas y cenas familiares durante las fiestas; sobre los viajes desde las grandes ciudades a la España vacía y viceversa para visitar a padres, hijos, hermanos o primos; sobre la campaña comercial que arranca con el Black Friday a finales de noviembre y llega a primeros de enero, al día de Reyes... Si 2020 ha sido el primer año sin fiestas patronales, 2021 tiene muchas papeletas de ser el primero sin cotillones de Nochevieja y sin cabalgatas de Reyes.

Los Gobiernos, el central y los autonómicos, se dieron mucha prisa en mayo y junio por avanzar en la desescalada y por adentrarse en la llamada nueva normalidad, en muchos casos sin estar preparados para ello, y en dar por derrotada la pandemia. Desde julio, cuando ya era evidente que la curva de contagios comenzaba de nuevo a remontar, muchos de esos gobiernos se han dado muy poca prisa o ninguna en reaccionar.