La mentira en política, una de las bellas artes

Hace casi treinta años, en 1995, tras una reforma del Código Penal, titulamos así en la portada del diario financiero Cinco Días: “La usura deja de ser delito”. Y añadimos en un subtítulo, como aviso irónico a la parte religiosa y pía de nuestros lectores: “Pero sigue siendo pecado”. La usura había sido delito en nuestra legislación desde la Ley Azcárate, llamada así por su impulsor: el jurista -y político krausista- leonés Gumersindo de Azcárate, tan apreciado en su gremio que el principal premio que concede hoy el Colegio de Registradores lleva su nombre. La edición de este año se entrega en cuatro semanas. A la RAE, por cierto. Todo acaba siendo lengua.

En la vida pública, la mentira ya solo es delito cuando se produce una falsedad en documento público. En política, de unos años a esta parte, la mentira ha pasado a ser una técnica y estrategia más, apenas combatida o denostada; en ocasiones hasta celebrada. La practican episódica o permanentemente políticos de los más variados signos. Ya no es la mentira ni delito ni falta, pero, atención, estimados políticos creyentes y hasta practicantes y píos: sigue siendo pecado. La Iglesia Católica lo considera así porque viola la virtud de la veracidad y daña la confianza entre las personas. No sólo la religión (para los que la practican); también la más mínima ética repudia esta ascensión de la mentira a la categoría de las bellas artes a la que algunos de ustedes pretenden llevarla.

Donald Trump, ex presidente de EEUU, ha sido condenado este martes pasado por abuso sexual y difamación a la escritora E. Jean Carroll. La sentencia restaura una verdad que el exmandatario estadounidense había tratado de ocultar acusando incluso a Carroll de que era ella la que mentía. A Trump le debemos en buena parte el tremendo auge de la mentira en política, de las realidades alternativas, de los bulos planificados, de las fake news. Es muy probable que en las varias causas judiciales que tiene pendientes sea de nuevo retratado como un mentiroso compulsivo, reiterado, contumaz, además de con otros apelativos negativos. Y aun así, las encuestas dicen que buena parte de la opinión pública de su país sigue confiando en él, lo cree a pies juntillas pese a las enormes evidencias en contra y estaría dispuesta a apoyarlo de nuevo si finalmente se presentara a las próximas elecciones presidenciales. ¿Será esto lo que ha animado tanto a un número creciente de nuestros políticos a utilizar más y más la mentira?

Se empieza por las mentirijillas, por las estadísticas trucadas, por las medias verdades, por las mentiras disfrazadas... (Ya conté aquí el chiste de lo de prueba de natación entre Kennedy y Jrushchov, que ganó el primero, y en el que un titular decía «Nikita, subcampeón; Kennedy, penúltimo»). Y se acaba encadenando una mentira flagrante tras otra sin pestañear. A veces, con un periodista delante que ni pone en duda ni cuestiona ni repregunta ni enmienda la plana. 

Atribuimos desde muchos medios las fake news y las mentiras a los políticos falsarios, especialmente si no son de nuestro bando, y a las redes sociales y su descontrol. Pero también los propios medios somos muchas veces responsables, cooperadores necesarios, por acción o por omisión, de esa enorme riesgo para las democracias que supone la normalización de la mentira en política. Un debate público basado en falsedades contamina gravemente a los ciudadanos y daña de modo irreparable la democracia. 

La Ley Azcárate perseguía las condiciones leoninas que algunos prestamistas imponían a sus clientes, el “interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado”, como decía en su artículo 1. Algunos políticos -y algunas- mienten con usura, con avaricia, con reiteración notablemente superior a la normal, de modo manifiestamente desproporcionado. Y sí, también aquí, como en EEUU, es probable que las urnas se lo bendigan.