El rey es mío; y la CEOE y España, también

La campaña del Partido Popular contra los indultos a los presos independentistas catalanes concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez no sólo se ha saldado con un pobre resultado para el principal partido de la oposición sino que además ha dejado una vez más al aire muchas vergüenzas de la formación que dirige Pablo Casado.

Los indultos, es cierto, dividieron en sus primeras días de debate público al electorado tradicional de los socialistas. Muchos votantes socialistas no entendían por qué había que darles el perdón a unos condenados por la Justicia que no habían mostrado ningún arrepentimiento, ni conciencia de haberse saltado la ley, ni cómo podría en esas condiciones la medida de gracia colaborar a encontrar una salida al laberinto y al conflicto catalán. La exagerada, ruidosa y falsaria oposición del PP y de Vox a los indultos –con mentiras tan gruesas como tildarlos de ilegales o de inconstitucionales– y el hecho de que muchos sectores de la sociedad poco sospechosos de ser peligrosos extremistas –desde los empresarios a los obispos– entendieran o incluso apoyaran la medida ha hecho que muchísimos de aquellos ciudadanos progresistas que inicialmente desconfiaban de la estrategia del Gobierno duden ahora menos o incluso nada.

Un mes largo después de que Pedro Sánchez lanzara el debate sobre los indultos, la cosecha de la campaña del PP oponiéndose de modo furibundo es más bien escasa. El Gobierno no solo no ha caído sino que parece más estable que entonces, y ha recibido apoyos y comprensión de sectores muy diversos. Los independentistas le han dado a Sánchez algunas señales de distensión, si bien aún escasas. Y el Partido Popular ha recogido muchas menos firmas contra la medida de gracia de las que esperaba, ha sufrido dos derrotas clamorosas sobre esta cuestión en el Congreso de los Diputados y ha visto cómo en la principal movilización, la concentración de la madrileña plaza de Colón del pasado 13 de junio, Vox se llevaba el rédito principal, Casado algunos abucheos e Isabel Díaz Ayuso el protagonismo, por unas palabras sobre el rey que dicen mucho, y muy mal, de su pensamiento político –y del de Casado, si como ella dice piensa lo mismo– sobre el papel de las instituciones. La campaña sí le ha dado al PP frutos en las encuestas, donde se ve creciendo. Pero para su desgracia, a la legislatura le queda aún más de la mitad. No están previstas elecciones generales hasta finales de 2023, y es muy improbable que Pedro Sánchez, que es el único que tiene la llave para adelantarlas, acabe usándola. En Moncloa creen que lo peor de la legislatura –la pandemia y la primavera horribilis desencadenada tras la moción de censura frustrada en Murcia– ya ha pasado, y que ahora viene la etapa de la remontada, con la vacuna y la salida de la crisis sanitaria por una parte, los fondos europeos y la recuperación económica por otra y el conflicto catalán entrando en una etapa más alentadora.

Volviendo al PP, lo más preocupante es la desvergüenza con la que una y otra vez el partido hegemónico de la derecha española intenta apropiarse de las instituciones y de los símbolos, sea la bandera o el nombre de España, sea el rey y la Corona, sea la Justicia –y ahí llevan mucho tiempo en parte consiguiéndolo; y no hay mejor prueba de ello que el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional–, sea como estos días pasados la CEOE, a cuyos dirigentes se les niega hasta la facultad de opinar sobre asuntos políticos. Todas esas apropiaciones indebidas juntas revelan un grave déficit de convicciones democráticas.

Da demasiadas veces la impresión de que en parte de la derecha española –la autocalificada como “los españoles de bien”, para descalificar y demonizar al rival– no se reconoce más legitimidad que la suya propia; ni se le concede a nadie, especialmente si se le considera afín o cercano, el derecho al pensamiento crítico y al propio criterio. Eso sí que es un intento de cambio de régimen. Hacia el de partido único.

La campaña del Partido Popular contra los indultos a los presos independentistas catalanes concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez no sólo se ha saldado con un pobre resultado para el principal partido de la oposición sino que además ha dejado una vez más al aire muchas vergüenzas de la formación que dirige Pablo Casado.

Los indultos, es cierto, dividieron en sus primeras días de debate público al electorado tradicional de los socialistas. Muchos votantes socialistas no entendían por qué había que darles el perdón a unos condenados por la Justicia que no habían mostrado ningún arrepentimiento, ni conciencia de haberse saltado la ley, ni cómo podría en esas condiciones la medida de gracia colaborar a encontrar una salida al laberinto y al conflicto catalán. La exagerada, ruidosa y falsaria oposición del PP y de Vox a los indultos –con mentiras tan gruesas como tildarlos de ilegales o de inconstitucionales– y el hecho de que muchos sectores de la sociedad poco sospechosos de ser peligrosos extremistas –desde los empresarios a los obispos– entendieran o incluso apoyaran la medida ha hecho que muchísimos de aquellos ciudadanos progresistas que inicialmente desconfiaban de la estrategia del Gobierno duden ahora menos o incluso nada.