Que los robots coticen y ayuden a pagar las pensiones y una renta básica universal

Las plataformas de pensionistas que el  pasado 22 de febrero, jueves, sorprendieron a Gobierno, oposición y sindicatos al tomar las calles de 86 ciudades españolas van a volver a ellas el próximo sábado, 17 de marzo. Los jubilados no estarán esta vez solos. Han convocado sus nuevas movilizaciones para un sábado para que puedan acompañarlos sus hijos, sus nietos y todo aquel que, activo o no activo, con empleo o sin empleo, esté preocupado por el presente y por el futuro de nuestro sistema público de pensiones.

Tras la gigantesca movilización feminista del pasado jueves 8, el Gobierno apenas ha reaccionado por ahora con un gesto mínimo: un lazo morado en la chaqueta del presidente, Mariano Rajoy, gesto que fue tachado de oportunista y cínico entre la oposición y que ha sido polémico incluso dentro de las filas del PP. Tras las movilizaciones de pensionistas de hace casi un mes, y la exhibición de fuerza del grey power, el Ejecutivo sólo ha reaccionado por ahora con una ocurrencia del ministro de la caja de caudales, Cristóbal Montoro, que habló de manera inconcreta de bajarles el IRPF a algunos pensionistas de edad “muy avanzada”.

Este miércoles, en el pleno monográfico sobre las pensiones que celebrará el Congreso de los Diputados, tendrán Rajoy, el Gobierno y el PP una nueva oportunidad para afrontar el problema con algo más que una ocurrencia. ¿Cederán a la presión de la calle y de la oposición parlamentaria y cambiarán su propia ley para que la revalorización anual de las pensiones sea superior al 0,25% que fija la norma, paupérrima subida que ha sido uno de los detonantes de las protestas? ¿Irán incluso más allá, y admitirán que algunas pensiones se paguen desde los Presupuestos Generales del Estado, vía impuestos? 

Sea ahora, sea un poco más adelante, en el PP previsiblemente se reaccionará con mayor convicción cuando vean que la marea de la calle les inunda los graneros de votos y deja alguno de ellos muy deteriorado. Puede estar empezando a pasar. Un dato: en el Barómetro del CIS de enero de 2017, el 34,6% de los encuestados de 65 años o más decían directamente que votarían al PP. Un año después, en el Barómetro del CIS de enero de 2018 -cuando los pensionistas ya sabían que la recuperación económica tan cacareada por el Gobierno les ha dado este año una subida de la pensión del 0,25%; es decir, 1,5 euros más al mes a muchos de ellos-, ese porcentaje ha bajado al 28,8%. Casi seis puntos porcentuales de caída en doce meses y ello pese a que cuando se hizo el campo del Barómetro de enero pasado aún no habían empezado las grandes movilizaciones de los pensionistas. 

Reacciones rápidas y medidas a corto plazo aparte, la reflexión sobre el futuro de las pensiones ocupa cada vez más tiempo en instituciones públicas, partidos, sindicatos y think tanks. Entre las ideas que ahora se barajan, una que ya comenzó a debatirse hace un par de años: que los robots que están sustituyendo a personas en algunos empleos coticen a la Seguridad Social o que al menos aporten vía impuestos al erario cantidades significativas que permitan completar las políticas sociales, entre ellas el sostenimiento y mejora del sistema público de pensiones. Se sumó a ella hasta Bill Gates, el fundador de Microsoft, una de las grandes compañías aceleradoras de los procesos de automatización. “Si una persona hace un trabajo valorado en 50.000 dólares en una fábrica, esa cantidad es sometida a impuestos sobre la renta, impuestos de la Seguridad Social y todas esas cosas. Si un robot viene para hacer el mismo trabajo, pensarías que habría que ponerle un impuesto del mismo nivel”, comentó Gates.

La idea ha vuelto al primer plano del debate tras un estudio reciente sobre el impacto de la automatización en el empleo. Se titula 'Will robots really steal our jobs' (¿Realmente robarán los robots nuestros empleos?), lo ha hecho la consultora PwC y analiza la situación en 29 países. Las conclusiones, para el nuestro, son bastante inquietantes: en 2030, la automatización mediante robots de muchas tareas hará que el 34% de los empleos actuales estén entonces en peligro, pues se podrán hacer con máquinas inteligentes. Los empleados con menor formación y los sectores de transporte, logística e industria –y en menor medida los de alimentación y distribución- son los que mayor riesgo corren. El estudio de PwC confirma en gran medida lo que apuntaba otro de la OCDE que en 2016 situaba a España como el tercer país de entre los 21 de la organización analizados, tras Alemania y Austria, al que más afectaría la sustitución de empleados por máquinas con inteligencia artificial. 

En octubre de 2016, poco después del estudio de la OCDE, Pepe Álvarez, recién llegado entonces a la secretaría general de UGT, planteó en un acto sindical en Asturias que las empresas compensaran a la Seguridad Social, mediante una cotización o alguna otra medida similar, por la pérdida de empleos que se producía con los avances tecnológicos en las cadenas de producción. “Que los robots paguen a la Seguridad Social por los trabajadores que no están en las empresas”, resumió Álvarez. 

El asunto no era nuevo. Por aquel entonces, en el Parlamento Europeo ya se trabajaba en una iniciativa similar, impulsada por los grupos de izquierda. Un texto aprobado en la comisión parlamentaria señalaba que “considerando que el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial puede dar lugar a que los robots asuman gran parte del trabajo que ahora realizan los seres humanos sin que puedan reemplazarse por completo los empleos perdidos” debería “estudiarse la posibilidad de someter a impuesto el trabajo ejecutado por robots o exigir un gravamen por el uso y mantenimiento de cada robot” para financiar el reciclaje profesional de las personas que perdieran su puesto de trabajo. En el pleno del Europarlamento, ya en febrero de 2017, los grupos de derecha rebajaron el texto. Se instaba a la UE a que legislara sobre robots y automatización, pero se eliminaban las referencias al impacto de la robotización en el mercado laboral y a los posibles impuestos para compensarlo. 

Ahora, tras el informe de PwC, Pepe Álvarez, el líder de UGT, insiste, y con más convicción. “Mantengo lo que dije. El debate está abierto, hemos de reflexionar sobre ello. Al PSOE no lo he convencido, a algunos dirigentes de Podemos sí”.

Su idea no la comparte su homólogo en Comisiones Obreras, Unai Sordo: “Nosotros más bien pensamos que si la robotización se implanta en las empresas es para mejorar la productividad, y que lo que hay que gravar es el beneficio empresarial con un funcionamiento mucho más activo del impuesto de sociedades”. El líder de Comisiones considera que “no hay que desincentivar la inversión tecnológica porque es necesaria para mejorar el tejido productivo español”. “Nuestra forma de buscar ‘la cotización de los robots’ es hacer que más empresas paguen realmente los impuestos que tienen”, concluye Sordo.

En CEOE tampoco están a favor de que los robots paguen impuestos. Consideran que hay que afrontar antes otras cuestiones derivadas del cambio tecnológico que en su opinión están afectando más que la automatización a la caja de la Seguridad Social: “La llamada ‘economía colaborativa’, que en ocasiones no es colaborativa, crea competencia desleal y no aporta cotizaciones sociales o cotiza muy poco”, en palabras de un dirigente de la patronal.

En sus conclusiones, el informe de PwC llega incluso a relacionar el auge de los robots y de la inteligencia artificial con los ingresos públicos y con un reparto también social de la riqueza generada. Propone que “además de invertir en educación, capacitación e infraestructura” se invierta “en redes de seguridad social más fuertes para aquellos que no son capaces de adaptarse fácilmente a la automatización”.

PwC lleva incluso el debate más allá, al recoger también en sus conclusiones una idea “más radical” que “ha ganado fuerza en Silicon Valley y en otras partes del mundo en los últimos años como una manera potencial de mantener los ingresos de aquellos que salen perdiendo en la automatización”. La idea de crear con parte de los beneficios extra generados por la robotización “una renta básica universal”. ¿Por generosidad, por altruismo, por justicia social? No solo. Porque -dice el informe- “el consumo es importante para mantener la economía en marcha”. 

Las plataformas de pensionistas que el  pasado 22 de febrero, jueves, sorprendieron a Gobierno, oposición y sindicatos al tomar las calles de 86 ciudades españolas van a volver a ellas el próximo sábado, 17 de marzo. Los jubilados no estarán esta vez solos. Han convocado sus nuevas movilizaciones para un sábado para que puedan acompañarlos sus hijos, sus nietos y todo aquel que, activo o no activo, con empleo o sin empleo, esté preocupado por el presente y por el futuro de nuestro sistema público de pensiones.

Tras la gigantesca movilización feminista del pasado jueves 8, el Gobierno apenas ha reaccionado por ahora con un gesto mínimo: un lazo morado en la chaqueta del presidente, Mariano Rajoy, gesto que fue tachado de oportunista y cínico entre la oposición y que ha sido polémico incluso dentro de las filas del PP. Tras las movilizaciones de pensionistas de hace casi un mes, y la exhibición de fuerza del grey power, el Ejecutivo sólo ha reaccionado por ahora con una ocurrencia del ministro de la caja de caudales, Cristóbal Montoro, que habló de manera inconcreta de bajarles el IRPF a algunos pensionistas de edad “muy avanzada”.