Abogados asturianos se movilizan para evitar la privatización del organismo que media en los conflictos laborales

Asturias cuenta desde hace 20 años con el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), dependiente de la Dirección General de Empleo, a la que pueden acudir los trabajadores y empresarios para encontrar una salida negociada cuando surge un conflicto laboral para evitar los juzgados y tribunales a través de la mediación y el arbitraje.

Este organismo promueve y facilita la solución de los conflictos laborales de carácter colectivo, mientras que los de carácter individual se llevan a cabo a través de las oficinas de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC).

Un grupo de abogados asturianos ha empezado a movilizarse con una campaña de recogida de firmas para evitar la posible privatización del SASEC ante el proyecto que estudia el Principado para que pueda asumir también la resolución de conflictos de carácter individual.

La alerta saltó una vez que los letrados tuvieron conocimiento del contenido del segundo Acuerdo Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos, que fue suscrito por los representantes de la UGT, CCOO y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) el pasado 19 de septiembre.

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) del pasado 28 de septiembre publicaba la resolución de la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, de la que es titular Borja Sánchez, por la que se ordenaba la inscripción del segundo Acuerdo Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Asturias, en el Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad dependiente de la Dirección General de Empleo y Asuntos Laborales.

Al leer su contenido, hubo una frase explícita que les hizo saltar y fue la siguiente: “Pasados 20 años desde la creación del SASEC es el momento de que se convierta también en el cauce natural para la resolución de determinadas controversias individuales que surjan entre empresas y personas trabajadoras”.

El rechazo a la privatización

Los promotores de la iniciativa de recogida de firmas son abogados en ejercicio adscritos al Colegio profesional de Abogados de Oviedo, al de la Abogacía de Gijón y al Colegio de Graduados Sociales de Asturias.

Con esta campaña alertan sobre los riesgos que, bajo su criterio, puede conllevar el proyecto que estudia actualmente el Principado de trasladar las funciones de conciliación de los conflictos laborales individuales a la fundación SASEC y que pueda arrastrar así al cierre de las oficinas de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC).

Los letrados aseguran que el servicio público de conciliación de los conflictos laborales individuales viene siendo prestado actualmente por empleados públicos del Principado, integrados en las oficinas del UMAC, desde hace más de 20 años “a plena satisfacción, sin retrasos y sin ningún exceso burocrático”.

Advierten, además, que no hay constancia de que su trabajo provocase quejas o críticas por parte de los usuarios de este servicio público. Más bien, al contrario. Resaltan que es muy apreciado entre los operadores jurídicos que intervienen en el ámbito del Derecho Laboral y por sus clientes. Los promotores valoran muy positivamente la labor desempeñada por estos trabajadores que, en su opinión, llevan adelante su actividad “con las garantías de independencia e imparcialidad”.

También alertan sobre la posible supresión de los 20 puestos de trabajos de la administración del Principado en el supuesto de que el servicio pasara a privatizarse y quedara en manos de operadores privados. Una supresión de empleos públicos que, según opinan, tampoco justificaría que “ello redundaría en una mejora de calidad del servicio y/o una disminución del gasto público que comporta”, señalan.

Los abogados que han emprendido esta campaña mantienen que el proyecto de privatización del servicio público de conciliación de los conflictos laborales individuales en nada beneficiaría al interés público general de las ciudadanas y ciudadanos de Asturias, ni de los operadores jurídicos que operan con un órgano de la Administración “con las garantías inherentes al mismo”.

La versión del Principado

Una versión diferente ofrece la administración regional, que rebaja el tono de alarma y recuerda que el proyecto forma parte del acuerdo de concertación social. Desde la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo han asegurado a elDiario.es Asturias que el servicio no se va a privatizar y garantizan que no habrá despidos, ya que la intención es que los trabajadores sean recolocados en la administración, en un proceso que determina Función Pública.

El consejero Borja Sánchez ya adelantó algunos detalles sobre el futuro del SASEC, que tiene naturaleza jurídica como Fundación y está constituido por el Gobierno del Principado, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y los sindicatos UGT y CCOO, en una comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Fondos Europeos que se celebró el pasado 13 de diciembre en el Parlamento asturiano.

El portavoz de Vox, el diputado Gonzalo Centeno, interpeló sobre esta cuestión al consejero. Explicó que había visto el presupuesto de explotación que se escapaba del control limitativo de los gastos y pidió una aclaración sobre la procedencia de una partida de 640.000 euros de ingresos. Además, le instó a que justificara las razones por las que esta materia no se incluye en la Consejería relativa a los temas de Justicia, sino en la de Hacienda, y pidió explicaciones sobre el futuro de “lo que va a ocurrir” con el UMAC.

El consejero respondió a todas sus interpelaciones. En primer lugar, dijo que los ingresos que recibe el SASEC, como fundación del sector público, son de la consejería y están en la Dirección General de Empleo, y le aclaró que entre las previsiones para este año figura el dar cumplimiento a ese acuerdo de la concertación social que, además, se realizó en la mesa de impulso político.

“Lo que estamos haciendo es ponernos en ese escenario más favorable de que ese aumento de las competencias del SASEC, asumiendo también los conflictos individuales, se puedan realizar ahí. Actualmente se está analizando para ver cómo se puede realizar para que sea un proceso que tenga las máximas garantías y cobertura legal que es el momento actual en el que estamos”, añadió el consejero.

Preguntado además por el futuro de los funcionarios que dependen de la UMAC, respondió que se está analizando si ese personal funcionario puede prestar servicio en la fundación o no. “Es ahí donde se está haciendo un análisis porque hay una serie de cuestiones en torno a quién despliega potestades administrativas que merecen un análisis pormenorizado de cuáles pueden ser las implicaciones”, concluyó.