Asturias es una de las nueve comunidades autónomas que se verá afectada por la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha iniciado Podemos y supondrá la extinción de los contratos de sus trabajadores y el cierre de su sede. Un portavoz de la formación morada ha asegurado que esta medida afectará a unos nueve empleados en el Principado. El ERE se extiende a otros territorios como Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, Madrid y Valencia y su tramitación ha sido una consecuencia de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones de mayo y julio.
En un escrito que la formación morada ha remitido a sus empleados, el ERE se justifica en razones económicas, técnicas y organizativas y se enmarca en una “reorganización profunda” que tiene que acometer el partido para adaptarse al descenso de recursos motivados por los resultados obtenidos tanto en las elecciones generales del 23 de julio como en las autonómicas y municipales del 28 de mayo.
Según sus cálculos, las previsiones de ingresos se reducirán un 70 por ciento en lo que se refiere a la organización estatal y un 90 por ciento en los nueve territorios afectados.
En el escrito, la formación expone que la reducción de ingresos obliga a adaptar los gastos, incluidos los laborales, que en el caso de los territorios afectados implica la extinción de los contratos (45 en las comunidades afectadas) y el cierre de los centros de trabajo, y en el ámbito nacional la reducción de la plantilla.
El descenso de diputados y de representación institucional
Con este expediente de regulación de empleo y el cierre de algunas sedes, Podemos pretende asegurar su acción política “y garantizar la continuidad del avance de las políticas transformadoras”, tras el descenso de diputados que se ha producido en las últimas elecciones y de la representación institucional en las comunidades.
En Asturias, la formación morada está profundamente dividida tras un duro enfrentamiento entre la dirección regional y su única diputada, Covadonga Tomé, quien llegó a protagonizar un encierro en su sede en Xixón junto a varios representantes del sector crítico. Tomé actualmente forma parte del grupo mixto en la Junta General del Principado.