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Asturias plantea reducir burocracia a los proyectos empresariales que generen inversión y empleo

La vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, junto al portavoz del ejecutivo, Guillermo Peláez y la consejera de Transción Ecológica, Nieves Roqueñí

elDiario.es Asturias

Oviedo —

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El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el proyecto de la Ley Proyectos de Interés Estratégicos (PIER), que el lunes comenzará su tramitación parlamentaria, para acortar plazos y eliminar trámites burocráticos a iniciativas empresariales que supongan mayor inversión o generación de empleo.

Para que puedan beneficiarse de eta ley, las empresas deben presentar proyectos que generen un centenar de puestos de trabajo directos e indefinidos, a jornada completa, o una inversión de 30 millones en menos de dos años. Además, los puestos de trabajo creados deberán mantenerse, como mínimo, tres años desde el inicio de la actividad empresarial.

Estos umbrales se rebajan a la mitad cuando las compañías tengan previsto asentarse en alguno de los municipios considerados en crisis demográfica o en riesgo de despoblamiento. En esos casos, será suficiente con que se comprometan a crear 50 empleos o a movilizar 15 millones.

Las iniciativas susceptibles de acceder a estos beneficios deben promover desarrollo económico, social o territorial; nuevas actividades que sustituyan a sectores en declive; actividades alienadas con las orientaciones estratégicas establecidas por el Principado; o inversiones industriales o de servicios avanzados que generen o amplíen cadenas de valor añadido, entre otras.

El Ejecutivo autonómico será el encargado de declarar los PIER, que gozarán de un impulso preferente ante las administraciones y prioridad para acceder a todas las herramientas de apoyo económico y financiero del Principado. En concreto, el período máximo para resolver será de tres meses desde la presentación de la solicitud. La norma acortará plazos, simplificará procedimientos y permitirá ofrecer respaldo a las administraciones municipales que lo necesiten.

En este sentido, las entidades locales que manifiesten falta de medios materiales o humanos para la tramitación de los expedientes podrán encomendar al Principado su gestión y la adopción de todos los acuerdos necesarios, a excepción de la concesión de licencias urbanísticas.

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