El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, atendiendo a la petición que le ha hecho el portavoz parlamentario del PP, Diego Canga, ha decidido paralizar la aprobación del proyecto de ley de reto demográfico que el Consejo de Gobierno tenía previsto abordar hoy para recoger sugerencias de la oposición y tratar de conseguir el mayor consenso posible.
Barbón se había comprometido a aprobar este proyecto de ley en el primer consejo de gobierno, reunión que ha tenido lugar hoy en Cangas de Onís, primera capital del Reino de Asturias tras la batalla de Covadonga.
No obstante, ha decidido retrasar su aprobación tras recibir ayer una carta de Canga en la que le pedía que, “como gesto de voluntad y diálogo”, paralizase su aprobación para tratar de ver si se podían introducir mejoras y facilitar una aprobación con el mayor consenso posible.
En el escrito, el portavoz popular planteaba la posibilidad de concretar cuestiones relativas a la discriminación positiva a favor del medio rural, sobre el Plan Retorna y la forma de atraer a la comunidad a quienes se fueron a trabajar fuera o a quienes tienen doble nacionalidad o que puedan conseguirla, y sobre las normas que van a quedar derogadas con la aprobación de esta ley.
“Me comprometí a ser un presidente de diálogo y consenso y ésta es la mejor muestra de empezar bien las cosas”, ha afirmado Barbón, que ha agradecido a Canga que le enviara la carta y que se reconozca el “talante de este gobierno de unidad progresista y reformista”.
La vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, será la encargada de ponerse en contacto con Canga, pero también con el resto de grupos parlamentarios para ver si también quieren añadir o matizar algo y si se puede encajar en el proyecto de ley que ya tiene listo el Ejecutivo y que el anterior no tuvo tiempo de enviar a la Junta General para su tramitación parlamentaria.
El anteproyecto, de 81 artículos, introduce la perspectiva demográfica en todas las políticas públicas y plantea una zonificación que clasificará los concejos en cuatro categorías (demográficamente dinámicos, inestables, en crisis demográfica y en riesgo de despoblamiento) y especifica la necesidad de establecer beneficios fiscales para los contribuyentes que residan en municipios con especiales dificultades demográficas, así como a determinados grupos sociales o colectivos.
Con su aprobación se pretende dotar de un marco jurídico adecuado y estable a las actuaciones dirigidas a reducir y revertir con un enfoque transversal y orientado a medio y largo plazo el impacto de la pérdida de población en una comunidad que se sitúa ya al borde de bajar del millón de habitantes y con la mayor tasa de envejecimiento del país.