El debate sobre la financiación autonómica ha vuelto hoy, por segundo día consecutivo, al pleno del parlamento asturiano, donde al presidente del Principado le tocaba responder a las preguntas de los grupos políticos.
Adrián Barbón ha vuelto a insistir en que el Gobierno de Asturias tiene “una hoja de ruta clara” ante la reforma del modelo de financiación autonómica: el acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y todos los grupos parlamentarios, con la excepción de VOX. El presidente del Principado ha animado a las fuerzas políticas a mantener “la unidad y el apartidismo” para defender esa posición común.
El gobierno pactó hace ya cuatro años, en 2020, un documento sobre el sistema de financiación. Ese texto reclama que se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos y que, para ello, se ponderen mejor los factores que los encarecen, como el envejecimiento de la población, la dispersión demográfica o la orografía. Ese planteamiento conjunto contó con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias, salvo VOX.
Respondía Barbón a Adrián Pumares, portavoz de Foro, resumiendo en cinco puntos el criterio del Principado: la reforma es imprescindible, debe negociarse de forma multilateral, ha de reconocer que todas las comunidades están “infrafinanciadas”, tiene que tener en cuenta las necesidades de Asturias y la hoja de ruta ya está trazada en el documento de 2020.
El presidente ha aprovechado su contestación para pedir a los grupos políticos que preserven el entendimiento y ha vaticinado que las mayores dificultades para cuadrar la reforma no vendrán de parte socialista, sino de los intereses encontrados de las comunidades gobernadas por el PP, que incluyen desde Galicia a Valencia o Andalucía.
Hasta ahora, los planteamientos sobre la financiación han sido divergentes en función de la situación de cada comunidad. Entre otras, Asturias, Galicia y Castilla y León reclaman que dé mayor peso al envejecimiento y la dispersión de la población.
Otro grupo de autonomías, como Andalucía o Valencia, piden que conceda prioridad al número de habitantes. Desde mayo de 2023, el PP gobierna comunidades con criterios opuestos.