Un chivatazo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desveló la existencia del denominado 'cártel de los pañales'. No se trataba de una delación anónima, sino que procedía de Procter and Gamble, un fabricante de absorbentes de incontinencia urinaria para adultos que buscaba atenuar su responsabilidad a través de la revelación del modus operandi de esta trama.
La empresa se había acogido al Programa de Clemencia de la CNMC a cambio de una exención total o a una reducción de la multa que le correspondería por concertar con otros fabricantes los precios de los pañales para adultos.
Esta práctica ilícita, con la que en ocasiones se llegó incluso a duplicar su importe, estuvo activa en España al menos durante 18 años, en el periodo comprendido entre diciembre de 1996 y enero de 2014.
El negocio fue redondo a lo largo de estos 18 años en los que el cártel actuó impunemente. Las siete empresas involucradas habían pactado los precios de los absorbentes financiados por la Seguridad Social (Servicio Nacional de Salud) que se compran en las farmacias para los pacientes no hospitalizados.
Al menos diez comunidades autónomas se vieron perjudicadas por esta conducta ilícita que llevó a la CNMC a dictar una resolución, en mayo de 2016, donde sancionaba con 128,8 millones de euros a las siete empresas fabricantes, tras constatar que incurrían en una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 16/1989 y del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC)
La implicación de la Federación
Era un fraude en toda regla que no era ajeno a la Federación Española de Fabricantes (FENIN), que además jugaba “un papel esencial en el cártel”. La Audiencia Nacional reconocía, en 2022, el activo papel que desempeñó la FENIN “impulsando y realizando el seguimiento de las iniciativas, proyectos y acuerdos previamente adoptados por las empresas partícipes en el Grupo de Trabajo de Absorbentes (GTAIO) constituido en su seno, posibilitando el marco funcional en el que se desarrollaba la colusión, facilitándola y promoviéndola”.
Al menos diez comunidades autónomas se vieron perjudicadas por esta conducta ilícita que llevó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a dictar una resolución, en mayo de 2016, donde sancionaba con 128,8 millones de euros a las siete empresas fabricantes, tras constatar que incurrían en una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 16/1989 y del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).
Las sanciones
En esta resolución, la CNMC exponía que Arbora & Ausonia, S.L.U. (sucedida por Procter & Gamble España, S.A.), Laboratorios Indas, S.A.U, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, S.A., Ontex ID, S.A.U.; Barna Import Médica; Textil Planas Oliveras, S.A. y Algodones del Bages, S.A.U, y con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), llegaron a acuerdos y fijaron los precios de venta a los distribuidores mayoristas de este producto comercializado a través de las farmacias desde, al menos, diciembre de 1996 hasta enero de 2014, con diferencias en la duración de la infracción en función de las empresas partícipes.
La CNMC declaró responsables de las infracciones detectadas a las siguientes entidades: Arbora & Ausonia S.L.U, por su participación en el cártel desde al menos diciembre de 1996 hasta julio de 2013 y a Procter & Gamble España S.A., como sucesora de la anterior por la participación de ésta última durante esos 17 años. Asimismo declaró que The Procter & Gamble Company era responsable solidario en cuanto matriz de Arbora & Ausonia S.L.U y Procter & Gamble España S.A., por la participación de la primera en el cártel desde octubre de 2012 hasta julio de 2013.
Esa responsabilidad se tradujo en sanciones: Arbora & Ausonia fue multada con 68,5 millones, SCA Hygiene Products, S.L. (con 35,1 millones), Laboratorios Indas, S.A.U. (con 13,2 millones), Ontex Peninsular, S.A.U, y Ontex ID, S.A.U. (con 5,1 millones de euros), Laboratorios Hartmann S.A. (con cuatro millones), Barna Import Medica S.A. (con 1,4 millones de euros), Textil Planas Oliveras, S.A. (con 801.738 euros) y Algodones del Bages, S.A.U. (251.456 euros).
Las empresas sancionadas fijaron los precios y llevaron a cabo acuerdos mediante la negociación y concertación con el resto de agentes de la cadena de distribución (Colegios Oficiales de Farmacéuticos y asociaciones de mayoristas distribuidores de productos farmacéuticos y sanitarios) desde al menos diciembre de 1996 hasta junio de 2010.
Las primeras estimaciones apuntan a que Asturias reclamará 18 millones, Catalunya en torno a 526 millones, Andalucía superará los 600 millones, Galicia exigirá 350 millones, País Vasco más de 100 millones, Madrid al menos 80 millones, Murcia alrededor de 50 millones y Baleares reclamará 27 millones
Un chivatazo con premio
Las empresas habrían utilizado una estrategia de interposición de recursos administrativos y/o contencioso-administrativos frente a las licitaciones públicas convocadas por las autoridades sanitarias de distintas comunidades autónomas para adquirir y entregar directamente el producto a pacientes no hospitalizados (residencias de ancianos, centros de atención primaria...). Con ello, perseguían mantener los ingresos competitivos que les genera su comercialización a través del canal farmacia.
Era la primera vez que la CNMC sancionaba por esta conducta ilícita y eximía del pago de la multa a Procter & Gamble, el fabricante que desveló el cártel mediante el Programa de Clemencia. Un chivatazo que obtuvo su premio ya que, a través de este programa, se 'perdonaba' a cualquier empresa y/o el directivo que habiendo participado en un cártel aportase información sobre el mismo, escrita o verbalmente, en la sede de este organismo a cambio de la exención total o a una reducción de la multa que le correspondería.
Arbora & Ausonia S.L.U., Procter & Gamble España S.A, y su matriz The Procter & Gamble Company así como uno de los directivos de Arbora & Ausonia S.L.U. fueron finalmente eximidos del pago de la multa que les correspondía por su participación en este fraude.
Las comunidades autónomas valoran el fraude
Al menos diez comunidades autónomas han empezado a valorar los perjuicios ocasionados por este fraude. El diario El País cifraba en 1.751 millones la cuantía global que iban a exigir en los tribunales.
La Consejería de Salud del Principado ha confirmado a elDiario.es Asturias que aunque está actualmente en “fase de evaluación” calcula que en principio podría llegar a reclamar en torno a 18 millones de euros.
Catalunya reclamará 526 millones; Andalucía calcula que su reclamación superará los 600 millones, la de Galicia rondará los 350 millones, País Vasco exigirá más de 100 millones, Madrid al menos 80 millones, Murcia 50 millones y Baleares reclamará alrededor de 27 millones.
Junto a estas autonomías, la Comunidad Valenciana, las dos Castillas, Aragón, Extremadura y Navarra han confirmado que demandarán al cartel en los tribunales, pero aún están peritando a cuánto ascenderá su importe total.