La Audiencia Provincial de Asturias ha confirmado la condena a UGT y a seis integrantes del sindicato en Asturias por un delito de fraude de subvenciones destinadas a cursos de formación.
Entre los condenados se encuentra Justo Rodríguez Braga, que ejerció como secretario general entre los años 2000 y 2016, quien ha visto ratificada la pena de dos años y diez meses de cárcel y el pago de multas que ascienden a 586.000 euros que le impuso el Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo en noviembre de 2021.
Las magistradas de la Sección Segunda han desestimado los recursos de apelación tanto del sindicato como de cinco de los seis acusados que fueron condenados en primera instancia y solo han estimado parcialmente el recurso de la administradora de dos mercantiles implicadas en el procedimiento a la que le rebajan la pena al considerar que fue cómplice y no autora en el delito imputado.
El 'modus operandi'
A lo largo de 303 páginas, la Sala va detallando el modus operandi de lo que califica como una “trama” urdida por miembros de la antigua cúpula de la organización sindical para el desvío de fondos procedentes de las subvenciones concedidas para cursos de formación en los años 2011 y 2012.
UGT Asturias y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) eran beneficiarios de subvenciones a través del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) destinadas a la realización de programas de acciones de formación para el empleo.
Cuando el beneficiario era el sindicato, éste encargaba íntegramente su gestión y ejecución a entidades vinculadas, principalmente a IFES y en menor medida a Foro Astur de Formación, Fundación Metal y Fundación Laboral de la Construcción, así como a otras privadas independientes.
La Audiencia declara probado que Rodríguez Braga, junto con la entonces secretaria de Administración, Mónica Menéndez, y el de Formación, Manuel Díaz Cancio, fueron los artífices de esta trama orientada “al sistemático desvío” de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención a UGT e IFES y a través de esta mecánica obtuvieron beneficios económicos que revertieron en ambas entidades y en las sociedades vinculadas.
El control
Su actuación fraudulenta era posible, según el fallo, gracias al control que UGT ejercía sobre la Delegación Territorial de IFES en Asturias, para lo que contaba con la colaboración de sus gestores y la ayuda de los empleados Alberto González y Silvia Sariego, que se encargaban de la administración y contabilidad en ambas entidades, respectivamente.
Además, para lograr este desvío de fondos utilizaban el apoyo de la administradora de las mercantiles Formación 2020 y Localmur, María Jesús Ocaña, que es la única que ha visto prosperar parcialmente su recurso de apelación.
Los subterfugios
La sentencia incide en que además empleaban esos fondos gracias a los subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución y su adecuación al valor de mercado de las acciones formativas por las que recibían las subvenciones, ocultando a la administración el sobrecoste en que incurrían en la justificación del gasto.
De esta forma, tanto en las subvenciones concedidas por el Principado directamente a IFES como a UGT Asturias, bajo la apariencia de contratación de los alquileres de locales y equipos didácticos, tramitaban en realidad encargos dentro de una misma organización económica.
La realización de ese sistemático desvío de fondos procedentes de las subvenciones públicas en algunos casos tuvo lugar mediante el aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con diversas sociedades, a las que recurrían en exclusiva para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas, tanto a nivel nacional como regional en Asturias.
Las vinculaciones
Este entramado se gestó, según la Sala, gracias a las vinculaciones existentes entre los intervinientes en el mismo: UGT Asturias, Delegación Territorial de IFES, quien a su vez, formaba un grupo empresarial junto a Localmur y Formación 2020 e INFASTUR SL, empresa, ésta última, que pertenece a UGT Asturias.
En la sentencia también se resalta el hecho de que los acusados podían ejercer un control directo sobre la facturación, incrementar ficticiamente el precio de los locales y equipos respecto al de mercado con un sobrecoste que imputaban después a las subvenciones recibidas, en beneficio del sindicato.
La condena al sindicato
Los acusados han sido condenados a penas que se mueven en una horquilla entre los diez meses y los dos años y diez meses de prisión.
UGT-Asturias ha sido condenada como responsable de un delito de fraude de subvenciones previsto y penado en el artículo 308, 2 del Código Penal, según su redacción vigente en el momento de comisión de los hechos, en relación con la subvención concedida en el año 2012, a la pena de multa de 122.028 euros, así como a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cuatro años.
La sentencia de la Audiencia Provincial no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).