El Ayuntamiento de Oviedo ha sido condenado a incorporar a su plantilla con cáracter indefinido a cinco empleados de la empresa Alumbrados Viarios S.A. (Aluvisa), adjudicataria del contrato de gestión del tráfico, después de que el Juzgado de lo Social número 2 de la capital asturiana haya declarado acreditada la existencia de una cesión ilegal de trabajadores.
El consistorio ha presentado ya un recurso de suplicación contra la sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que aún no se ha pronunciado sobre la relación laboral que vincula a ambas partes, según han confirmado fuentes municipales.
La titular del Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo resalta en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que el ayuntamiento proporcionaba a los cinco demandantes tanto el centro de trabajo como los recursos municipales como líneas telefónicas e identificaciones oficiales. Además, recibían órdenes directas de los agentes de la Policía Local. Dos de estos agentes llegaron a testificar a favor de los trabajadores durante el juicio.
La subrogación
Los trabajadores son cuatro auxiliares administrativas y una oficial administrativa con antigüedades que oscilan entre 14 y 29 años. Como sede tenían asignado el edificio municipal del Área de Seguridad Ciudadana donde se realiza el trabajo en tres turnos semanales rotativos de mañana (de 6 a 14 horas), tarde (de 14 a 22 horas) y noche (de 22 a 6 horas).
El consistorio tenía contratado mediante sucesivas licitaciones el servicio de “conservación, mantenimiento y reparación de las redes semafóricas, sistemas de TVC y explotación del centro de control de tráfico, incluyendo aplicaciones informáticas de gestión de tráfico, y sistemas de aparcamientos en rotación del consistorio”.
Este servicio inicialmente se contrató con la empresa Kapsch Trafficcom Transportatium S.A.U, que anteriormente tuvo las denominaciones Telvent Tráfico y Transporte S.A. y Sainco Tráfico S.A. que era la empleadora de los demandantes.
En el momento en el que Aluvisa empezó a prestar sus servicios al consistorio, subrogó al personal contratado por las anteriores adjudicatarias en 2016, entre otros trabajadores, a los cinco operadores de la sala de control de tráfico que demandaron al consistorio.
Los agentes daban las órdenes “sin intermediarios”
Al obtener el contrato, a los trabajadores de Aluvisa se les asignaron tareas propias de los operadores, entre otras, la gestión del tráfico, la revisión de la circulación en la ciudad, las modificaciones de los parámetros de ciclos semafóricos, la detección de incidencias y averías, así como la gestión de su resolución.
Todas estas funciones eran realizadas desde la Sala de Control de Tráfico del edificio municipal del Área de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento y compartían este espacio con los agentes de la Policía Local, quienes les daban órdenes “de forma directa, sin intermediarios de la empresa Aluvisa”, según consta en la sentencia.
La identificación y el teléfono
Para acceder a las instalaciones municipales, los demandantes disponían de una identificación que, según la resolución, “es la misma que tienen los funcionarios del ayuntamiento”.
Entre los hechos probados también se concluye que las líneas telefónicas de las que disponen en el trabajo son del ayuntamiento y no tenían correo electrónico de Aluvisa.
En 2023, los cinco empleados presentaron una reclamación formal al ayuntamiento alegando que estaban siendo víctimas de “tráfico prohibido de personas trabajadoras o cesión ilegal”.
Sin comparecer a la conciliación
Para evitar la vía judicial, intentaron regularizar su situación internamente a través de la celebración de un acto de conciliación, pero el consistorio ni respondió a la reclamación ni tampoco compareció.
Tras este primer intento de solución extrajudicial fallido, los operadores iniciaron las correspondientes actuaciones legales.
El pasado mes de junio se celebró el juicio ante el Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo que estimó la demanda y declaró la existencia de cesión ilegal de los demandantes y reconoció su derecho a adquirir la condición como personal, con carácter indefinido, de la plantilla del Ayuntamiento de Oviedo “con todas las consecuencias inherentes a esta declaración”, según se recoge en la sentencia.
La conclusión
La resolución concluye que el Consistorio es quien ha venido actuando como “verdadero y real empleador de los operadores” de la sala de control de Tráfico, mientras que Aluvisa solo ejerce “como empresa meramente formal”, al no poner en juego su organización ni ningún instrumento de dirección u organización del trabajo de los demandantes.
“Constituyen consecuentemente las contratas un fenómeno interpositorio en que los contratos suscritos resultan meros instrumentos al efecto y el hecho de que la empresa mantuviera una gestión empresarial mediata, como el abono de salarios o la aprobación formal de vacaciones, no es obstáculo para la existencia de cesión ilegal de trabajadores”, señala la magistrada-jueza.
La depuración de responsabilidades
El Grupo Municipal Socialista ha exigido la depuración de responsabilidades y ha desvelado la existencia de una instrucción interna de la Policía Local, del pasado mes de abril, de la que, según asegura, era conocedora la jefatura del servicio, en la que se dispone que los funcionarios adscritos al Centro de Control de Tráfico “den órdenes directas a los trabajadores de la contrata, lo que supone una grave irregularidad”.
Fuentes municipales han reaccionado a las críticas socialistas alegando que se trató de una “herencia envenenada” ya que el contrato que derivó en el juicio fue firmado durante el gobierno del tripartito del que formaban parte el PSOE, Somos e IU en 2016.
Unas afirmaciones que han sido desmentidas por el concejal socialista Jorge García Monsalve, quien asegura que se trata de un contrato distinto e incide en que, una vez que la demanda ya estaba planteada, se emitieron nuevas instrucciones desde el área de Seguridad Ciudadana, que “continuaban perpetuando esta práctica irregular”.
García Monsalve ha solicitado “respuestas claras” al concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, a sus interpelaciones sobre si conocía o no conocía las instrucciones que propiciaron la cesión ilegal de trabajadores y si se va a realizar una investigación interna para esclarecer responsabilidades administrativas y disciplinarias, conforme a la normativa vigente.
Las críticas socialistas
El concejal socialista preguntó en la comisión plenaria de Economía por las medidas que pensaba adoptar la Concejalía de Personal e Interior para evitar estas situaciones.
“Nuestra sorpresa no puede ser mayor cuando se nos reconoce que, en 2016, se mandó a los distintos servicios un acuerdo de la Mesa General que recogía las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en relación a los trabajadores de las contratas de servicios, pero cuando hemos preguntado quién vela por su cumplimiento, se nos ha respondido que nadie”, afirma.
El edil socialista ha recordado que, “por culpa de la incapacidad y el descontrol del gobierno del alcalde Alfredo Canteli, el ayuntamiento tendrá que indemnizar a estos trabajadores, completar sus cotizaciones a la Seguridad Social, en algún caso desde 1996 y sumar a las 42 plazas de auxiliar administrativo ahora en oferta pública para su estabilización, estas otras cinco”.