La Policía Nacional ha detenido en Gijón a un abogado acusado de los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental por encargarse de convertir en dinero lícito los supuestos pagos de altos cargos de Guinea Ecuatorial.
La operación policial ha sido coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. También se ha contado con especialistas de EUROPOL, que han dado apoyo a los investigadores a través del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC).
Las incautaciones
La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado este viernes la incautación de 30.000 euros en efectivo, el embargo de cinco inmuebles valorados en más de 4,5 millones de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.
La investigación se inició a raíz de la detección de unos supuestos pagos entre un abogado y altos cargos de Guinea Ecuatorial en contraprestación a un acuerdo de la empresa, de la que el letrado era el administrador único, con el gobierno guineano para desarrollar un proyecto de puesta en marcha de una planta de transformación vinculada a la actividad pesquera.
Sin actividad similar
La empresa apenas registró actividad comercial hasta que entre los años 2020 y 2022 registró dos ingresos por un importe total superior a los 4,5 millones de euros.
La Policía sospecha que ambas transferencias estarían relacionadas con el contrato firmado en enero de 2019 entre altos cargos de Guinea Ecuatorial y la empresa española para la puesta en marcha de esa planta de transformación de productos pesqueros.
Los fondos se dispusieron mediante transferencias nacionales y la investigación de las cuentas bancarias puso de manifiesto que entre los beneficiarios de los mismos estarían personas relacionadas con el gobierno de dicho país.
Los investigadores averiguaron que la empresa no habría realizado otros trabajos de carácter similar desde su constitución.
Una inspección de Hacienda
Pese a que el contrato entre el gobierno africano y la empresa española habría fijado un plazo máximo de ejecución del proyecto de dos años, no ha sido hasta este año 2024, tras una inspección de Hacienda, cuando comenzó a tener cierta operativa de desarrollo.
Todos estos indicios motivaron la presentación de una querella en la Audiencia Nacional en la que el fiscal, en base a los informes aportados por los investigadores, solicitaba a la autoridad judicial las dos entradas y registro que se llevaron a cabo en Gijón.