El exdirigente del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT), José Ángel Fernández Villa, no será juzgado por el denominado “caso Hulla” por razones médicas. El juzgado de Oviedo que investiga el origen de su fortuna, a raíz de que regularizara 1,2 millones de euros en el año 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy, considera que su deteriorado estado mental “le imposibilita” comparecer y participar en el procedimiento “con las debidas garantías y en condiciones de igualdad y sin indefensión”.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, María Begoña Fernández, dictó un auto, el pasado martes, donde sostiene que a la vista del informe emitido por el médico forense tras examinar al exdirigente minero es “meridianamente claro” que debido al deterioro de su estado mental “carecería de capacidad para ser justiciable”.
Fernández Villa, que tiene actualmente 81 años, presenta un cuadro de deterioro de su salud mental que, según el juzgado, “hace inviable su comprensión sobre el desarrollo del proceso con las garantías descritas”, añade el auto.
No obstante, la magistrada-jueza advierte que el sobreseimiento será provisional. Esta circunstancia facilita que pudiera en un futuro reabrirse la investigación sobre su persona en el caso de que el exsecretario general del SOMA-UGT pudiera recuperar la capacidad necesaria de comprensión de cara al juicio.
No obstante, en el supuesto de que esto no fuera factible porque su situación fuera irreversible el sobreseimiento sería definitivo. Para saber cuál será su estado de salud el día en que finalmente la causa llegue a ser juzgada tendría que estar sometido a una revisión periódica de su estado de salud “para el supuesto de que la misma alcance condiciones favorables a los fines que nos ocupan”, expone en el auto.
Para conocer el alcance real de su estado de salud, el juzgado solicita que estos datos se pongan en conocimiento de la jurisdicción civil “si no lo estuvieren ya a fin de valorar la adopción de medidas que correspondan”.
El auto no es firme y contra el mismo cabe interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días o en su caso un recurso de apelación en el plazo de cinco días.
Una vez que esta resolución sea firme, se procederá a levantar las medidas cautelares acordadas en la causa respecto de su patrimonio.
Las irregularidades investigadas
La magistrada-jueza investiga las presuntas irregularidades en la subvención, adjudicación y construcción de la residencia geriátrica del Montepío de la Minería ubicada en la localidad de Felechosa, en el municipio asturiano de Aller. En la causa están siendo investigadas una veintena de personas.
La investigación partió de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada a raíz de que tanto Fernández Villa como el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, considerado como su “mano derecha” se acogieran a la amnistía fiscal. Por su parte Postigo regularizó 436.000 euros.
Las obras de la residencia geriátrica fueron financiadas con cargo a los fondos mineros tras modificar el Decreto que regulaba su concesión.
La magistrada-jueza había dictado una providencia hace unos días donde reclama al perito asignado para elaborar un informe su entrega inmediata, después de que éste haya incurrido en numerosas excusas para no presentarlo en el juzgado.
Esta es la última prueba que queda pendiente antes de que la magistrada-jueza llame a todos los implicados en el caso para la declaración indagatoria. El perito tiene que comparecer obligatoriamente el próximo miércoles, día 10, como “fecha inexcusable”, para entregar su dictamen.