Las familias de dos colegios asturianos se plantan ante el Principado por la subida del comedor escolar

Leticia Quintanal

Oviedo —
15 de abril de 2024 09:07 h

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Las madres y padres de dos colegios de Sama, en Langreo, y Turón, en Mieres, se han plantado ante el Gobierno del Principado de Asturias tras ver como, de un día para otro, el precio del comedor escolar de sus hijos subía un 60%, pasando de pagar cinco a ocho euros, tras quebrar la empresa adjudicataria de este servicio.

Dos padres y dos madres de uno de los colegios, el José Bernardo de Sama, se han encerrado esta mañana en las dependencias de la Consejería de Educación y aseguran que no saldrán hasta que no se les ofrezca una solución a la subida del precio del comedor escolar.

Todo comenzó cuando a finales del mes de febrero la Consejería de Educación del Principado de Asturias comunica a cinco colegios públicos de Oviedo, Sama y Turón que a partir del 1 de marzo el servicio de comedor pasará a prestarlo la empresa Os Ventos, tras quebrar la anterior adjudicataria del servicio, el grupo leonés De Celis.

El gobierno asturiano tuvo que resolver esta situación a través de un contrato de emergencia, pidiendo tres presupuestos y eligiendo la oferta que económicamente mejor se ajustaba a sus necesidades.

El resultado de este proceso es que, para dos de esos cinco colegios, el José Bernardo de Sama (Langreo) y el Vega de Guceo de Turón (Mieres) el precio del servicio se dispara en torno a un 60%. Así pasan de pagar 5 euros al día a 8,25 euros, un cambio drástico que algunas familias se niegan a afrontar porque “no somos las familias las que tenemos que pagar la mala gestión de la consejería”, dicen.

Así han empezado una campaña de movilizaciones bajo el lema ‘Un comedor para todos’ que les ha llevado a concentrarse frente a la sede de la Consejería de Educación a donde volverán, de nuevo, este lunes.

Lucía Peral es una de las madres afectadas del colegio José Bernardo de Sama. Asegura que, ante la falta de explicaciones por parte del centro, desde donde aseguraban no tener conocimiento de nada, ni tampoco de la administración regional, comienzan a buscar información y encuentran el contrato con la anterior adjudicataria que recoge, según cuenta esta madre, una cláusula que obligaría al Grupo De Celis a abonar una fianza de 7.640 euros para hacer frente a una serie de imprevistos que interfiriesen en la prestación del servicio. Fianza que estas familias solicitan a la consejería que utilice para hacer frente a un incremento tan desmesurado del servicio y ésta ha rechazado alegando que ese dinero es para cubrir otros pagos.

Desde el colegio Vega de Guceo, Noemí Esteban, es miembro de la AMPA y madre de una niña también afectada por esta subida. En su caso, que solamente hace uso del comedor un día a la semana, han pasado de pagar 24 a 33 euros al mes. Se pregunta por qué en los tres colegios de Oviedo en los que el comedor también dependía de la empresa que ha quebrado el servicio solo ha subido unos céntimos, frente a la subida que el servicio ha experimentado en Langreo y Turón.

La respuesta de Educación es que cada contrato es diferente y ni el precio de salida ni el precio final son iguales. Aseguran que las empresas que se presentan a las licitaciones públicas lo hacen con unas ofertas que van en función de las condiciones: tamaño de los colegios, número de comensales, alumnado, etc.

Así, las familias de estos dos colegios en los que cursan algo más 400 alumnos, se han unido en un frente común para pelear por lo que consideran justo.

De los 110 niños y niñas que hacían uso del comedor en el José Bernardo de Langreo, esta situación afectaba a unos 90, que ahora se han quedado en 71 porque 19 familias se han dado de baja del servicio a consecuencia de la subida.

En este colegio, algunas de las familias que siguen llevando a sus hijos al comedor reconocen que no están abonando el nuevo precio y que siguen pagando el inicial.

En el caso del Vega de Guceo de Turón, de los 150 del total de alumnos, son 40 los que hacen uso del servicio del comedor. Tal y como explica Noemí Esteban, tras varias reuniones entre las familias decidieron no dejar de pagar el servicio.

La administración asturiana rechaza afrontar esta subida desde las arcas públicas porque es “ilegal”, según explicó la consejera Lydia Espina en el parlamento asturiano, ya que la consejería solamente se ocupa del comedor de los niños y niñas que utilizan transporte escolar, al ir ese servicio incluido en el mismo paquete que éste. A mayores, desde el gobierno asturiano también alegan que asumir este pago supondría también un agravio comparativo para el resto de alumnado asturiano que sí abona el servicio íntegro.

Apoyo de las administraciones locales

Es tal el revuelo que se ha ocasionado en torno a este problema que también las administraciones locales, ambas gobernadas por Izquierda Unida, han decidido tomar partido por las familias afectadas y reclamar una solución al Gobierno del Principado de Asturias.

Así, desde el Ayuntamiento de Langreo solicitan a la consejería que reabra la cocina del colegio José Bernardo, una demanda cada vez más habitual en el ámbito escolar asturiano, lo que permitiría prescindir de los servicios de catering.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Mieres aseguran que esta situación es absolutamente ajena a las familias, que en ningún caso pueden pagar los platos rotos de la mala gestión de la consejería, y pide coherencia a la consejera porque “no se puede hablar de reto demográfico, conciliación y apoyo a las familias, y luego multiplicar el precio de los comedores a mitad de curso.

Mientras todo esto sucede, la Consejería de Educación asegura que está trabajando en unos nuevos pliegos para volver a licitar el servicio de comedor en estos colegios, por el procedimiento habitual, de cara al próximo curso 2024/25.

La Consejería de Educación del Principado de Asturias tiene vinculados a su gestión más 100 comedores escolares, todos ellos ligados al servicio de transporte, con un total de 11.000 comensales. El resto de comedores escolares de la región son municipales, es decir, dependen directamente de los ayuntamientos, que los pusieron en marcha en su momento por motivos estrictamente de conciliación.