El grupo de ingeniería asturiano Duro Felguera justifica el preconcurso con pérdidas de 52,4 millones en seis meses

Duro Felguera registró entre enero y junio unas pérdidas de 52,4 millones de euros, frente a los 26,3 millones que había comunicado el pasado mes de octubre, tras haber revisado la información financiera para contabilizar el impacto del proyecto de Djelfa en Argelia, que es objeto de un litigio.

Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa presentó al cierre del periodo un fondo de maniobra negativo de 123 millones de euros y un patrimonio neto contable negativo de 220 millones.

El arbitraje

El grupo de ingeniería y bienes de equipo, que ayer anunció la solicitud del preconcurso de acreedores, también ha reexpresado las cuentas del ejercicio 2023 para recoger el impacto del proyecto de Djelfa, por el que el cliente, la compañía energética argelina Sonelgaz Production d'Electricité (SPE), ha solicitado un arbitraje para reclamar a la empresa española una indemnización de 413 millones de euros.

Las nuevas cuentas reflejan que la compañía perdió entre enero y junio del pasado año 48,8 millones de euros, frente a la ganancia de 1,6 millones que comunicó en su día, al hacerse un registro contable de 50,4 millones de euros por el impacto del proyecto.

Dicho registro contable también queda reflejado en las cifras de pasivo corriente y de patrimonio neto al cierre del pasado ejercicio.

Así, a fecha de 31 de diciembre de 2023, el pasivo corriente pasa de 411,8 a 523 millones de euros, y el patrimonio neto negativo de 155,5 a 254,8 millones.

Preconcurso de acreedores

Duro Felguera anunció ayer, miércoles, que ha presentado ante los juzgados de lo mercantil de Gijón una solicitud para iniciar negociaciones con sus acreedores con el fin de aprobar un plan de reestructuración que permita su “viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible”.

Según la empresa, que suma unos 1.500 trabajadores, esta solicitud permitirá a la sociedad “el desarrollo de las actuaciones oportunas para la búsqueda de una solución a los litigios que le afectan”, particularmente los relacionados con el proyecto de Djelfa en Argelia.

La compañía asturiana ha asegurado que continuará con “su actividad normal ejecutando los proyectos en curso”.

El Principado expresa su preocupación

El Gobierno del Principado admite su “preocupación” por el anuncio de Duro Felguera de presentar preconcurso de acreedores y confía en que esta decisión facilite “una salida satisfactoria a su situación financiera, dada la relevancia de la compañía para el tejido industrial del Principado y el volumen de empleo directo e inducido vinculado a su actividad”.

El Ejecutivo asturiano se ha mostrado “favorable a que esta situación se afronte con la mayor transparencia con las Administraciones Públicas y con los representantes legales de los trabajadores” para que todas las partes puedan “contribuir a la superación de este nuevo escenario”.

La petición de indemnización

Duro Felguera se encuentra suspendida de cotización por la CNMV desde el pasado 25 de noviembre, después de que se diera a conocer que la compañía energética argelina Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) ha solicitado un arbitraje para reclamar a la empresa española una indemnización de 413 millones de euros.

Duro Felguera anunció el pasado mes de junio la suspensión de los trabajos del proyecto de la central térmica de ciclo combinado de Djelfa, un contrato firmado en 2014 por 544 millones de euros, “ante la necesidad de ajustarlo a la realidad concurrente”.

La empresa avanzó la presentación de un escrito de oposición a la solicitud de arbitraje, “rechazando la reclamación” de Sonelgaz al entender que la suspensión del contrato por parte de la compañía española “es conforme a derecho por los incumplimientos en que ha incurrido”.

En este contexto, la firma decidió aplicar un tratamiento contable “más conservador” al contrato actualmente en litigio, lo que, según adelantó, implicaría la dotación de una provisión de unos 100 millones euros y la revisión de cuentas y estados financieros.