El grupo de ingeniería asturiano Duro Felguera presenta preconcurso de acreedores
El fabricante de bienes de equipo Duro Felguera ha presentado ante los Juzgados de lo Mercantil de Gijón la solicitud de comunicación de negociación con los acreedores para la aprobación de un plan de reestructuración del grupo que permita su “viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible”.
Según ha comunicado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta solicitud de comunicación de negociación con los acreedores permitirá a la sociedad “el desarrollo de las actuaciones oportunas para la búsqueda de una solución a los litigios que le afectan”, particularmente, los relacionados con el proyecto de Djelfa en Argelia.
La CNMV decidió el pasado 25 de noviembre suspender cautelarmente la cotización de Duro Felguera después de conocerse que la compañía energética argelina Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) había solicitado un arbitraje por un contrato en el que reclamaba a la empresa una indemnización de 413 millones de euros.
Apenas cuatro días después, Manuel Ángel Romero Rey, Secretario No Consejero del Consejo de Administración, emitía un comunicado oficial en el que la compañía anunciaba que, además de la defensa jurídica de sus derechos en vía judicial o arbitral, continuaría llevando a cabo “todas las actuaciones necesarias para la consecución de una solución negociada beneficiosa para Duro Felguera”.
La petición de arbitraje
La propia compañía hacía un repaso de cómo se había llegado a esta situación y reconocía que presentaría un escrito de oposición a la solicitud de arbitraje.
El 19 de febrero de 2014 quedó formalizado el contrato por el que Societé de Production de l’Electricité, empresa filial de Sonelgaz (Argelia), adjudicó a Duro Felguera la construcción de una Central de Ciclo Combinado en Djelfa (Argelia) que contaba con cuatro turbinas de gas y dos de vapor y una potencia de generación de 1.400 Mw, con un plazo de ejecución de 40 meses.
La empresa sostiene que desde el inicio de la ejecución se vinieron dando “diferentes incumplimientos” por parte de la SPE, que motivaron que Duro Felguera presentara dos reclamaciones, una en 2019, por un importe aproximado de 65 millones de euros, y otra en 2020, por importe aproximado de 113 millones de euros. En total por las dos reclamaciones, aproximadamente 178 millones de euros.
La suspensión del contrato
En marzo de 2020, debido al impacto del COVID-19, Duro Felguera notificó la suspensión del contrato, como situación de fuerza mayor, lo cual fue rechazado por SPE.
Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con SPE, el 1 de julio de 2020, Duro Felguera interpuso una solicitud de arbitraje ante la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI). No obstante, las negociaciones se retomaron en julio de 2021 cuando ambas partes suscribieron un Protocolo de Acuerdo en el que SPE se comprometió de nuevo a estudiar las reclamaciones de Duro Felguera, lo que nunca llegó a efectuar.
El 8 de junio de 2022 se produjo la ruptura por parte del Gobierno Argelino del Tratado de Amistad y Buena Vecindad con el Gobierno de España y emisión de instrucción a las entidades argelinas de la orden de congelar las cuentas.
En estas circunstancias, tras múltiples intentos de solución, el 18 de junio de este año se comunicó al cliente la suspensión de los trabajos.
La reactivación del arbitraje
Duro Felguera comenzó entonces a trabajar en la reactivación del arbitraje. El pasado 10 de noviembre, la Sociedad recibió la notificación de la solicitud de arbitraje presentada por SPE contra Duro Felguera ante la CACI por la que solicita el levantamiento de la suspensión del contrato, la reanudación de los trabajos e indemnización de daños y perjuicios.
Por su parte, Duro Felguera anunció la presentación de su escrito de oposición a la solicitud de arbitraje, rechazando la reclamación de SPE al entender que la suspensión del contrato es conforme a derecho por los incumplimientos en que ha incurrido SPE.
Además, pretende solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados que pudieran corresponder, cuyo importe está por definir.
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