La situación que desde hace cuatro meses vive la Inspección Técnica de Vehículos de Asturias (Itvasa), se enquista cada vez más. El pasado jueves, la primera y única reunión celebrada desde que comenzaran los paros, en la que participaron el Gobierno del Principado, la gerencia de la empresa y los representantes de los trabajadores, acabó sin acuerdo.
Desde el comité de empresa reclaman que el Gobierno asturiano cumpla los compromisos firmados en 2019, básicamente, se refieren a la vuelta a la jornada laboral de 35 horas y a la ampliación de la plantilla, pero también reclaman categorías adecuadas a los distintos puestos de trabajo y procesos de estabilización.
De hecho, la vuelta a las 35 horas fue un compromiso rubricado por el Gobierno asturiano para atajar otra huelga convocada. Estalló la pandemia, quien adquirió ese compromiso se fue y desde entonces han pasado ya casi cinco años.
“No somos de blancos o negros, nos valen los grises” asegura el presidente del comité de empresa, Marcos Llorente, quien asiste con asombro a una situación que en ningún momento pensó que llegaría hasta aquí. Llorente denuncia que no hay ninguna voluntad por parte del Gobierno asturiano cuando, después de cuatro meses, se sientan a negociar ahora y acuden a la reunión con la mitad de los puntos rechazados y la otra mitad supeditados a condiciones que saben perfectamente que son inviables.
Tras la ruptura de las negociaciones la semana pasada, la huelga ha quedado convocada hasta Semana Santa, todos los lunes, miércoles y viernes, durante cinco horas en cada uno de los dos turnos que realizan los trabajadores.
En las estaciones que ITVASA tiene distribuidas por toda la región trabajan unos 260 trabajadores, cifra que cada año disminuye más porque, a la vez que la empresa no contrata personal, se van trabajadores continuamente, por exceso de control y merma de condiciones, tal y como denuncia el comité de empresa.
Control, aseguran, a través de la instalación de cámaras de vigilancia, estadísticas de porcentajes de rechazo, el tiempo que paran entre vehículo y vehículo, lo que le dedican a cada uno, si rechazadas o no lo suficiente. “Merma”, dice Llorente, “por eso tenemos mucho trabajo, porque no hay gente”.
El Gobierno asturiano asegura haber ofrecido a los trabajadores un plus de fidelidad para toda la plantilla, vinculado a la bajada del absentismo (por debajo del doble de la media en el sector) y la vuelta a la jornada laboral de 35 horas en el mes de septiembre, siempre y cuando se mejorasen, aseguran, las ratios de productividad, que, en estos momentos y según los datos facilitados que facilita el Principado, está en 13 vehículos por trabajador.
En el caso de la ampliación de la plantilla, el Gobierno asturiano asegura que Itvasa ya tiene actualmente varios procesos de selección abiertos, convocados el pasado mes de diciembre, para la contratación indefinida de 44 personas, que permitirán el refuerzo de la plantilla y la reducción al 0’8% de la temporalidad en la empresa.
Respecto a las mejoras salariales, al tratarse de una empresa pública, Itvasa no puede aumentar los costes salariales, excepto si lo marca el Gobierno de España. Lo que sí se puede hacer, explican, es hacerlo a través de complementos salariales que, en todo momento, vincularían a la reducción del absentismo y a la mejora de la productividad.
Desde el comité de empresa han hecho números y son 30 las nuevas contrataciones que necesitaría la empresa para mejorar el servicio y las condiciones de los trabajadores. Estas contrataciones supondrían un coste/empresa de 37.000 euros por trabajador y un beneficio total de 350.000. “A más trabajadores, más servicio y más beneficio para la empresa”, aseguran desde el comité.
Se trata de una empresa, constituida en 1988, con capital exclusivamente público, que es propiedad del Principado de Asturias y que, según las cuentas que publica en su portal de transparencia, obtuvo una ganancia de 1.377.672,45 euros, el pasado 2022 (últimos resultados publicados).
En estos momentos los tiempos de espera están rozando los cuatro meses, si bien antes de la huelga la lista de espera era de dos meses, tiempos que, para el comité ya de por sí eran excesivos en aquel momento, y muy superiores, en comparación, con los registrados en estaciones de comunidades limítrofes como Galicia, Cantabria o Castilla y León, todas ellas concesiones privadas. En 2020, tras el confinamiento, el tiempo de espera en Asturias era de 115 días, mientras que en Lugo (Galicia) eran 32, en Cantabria 25 y en León 30.
En las estaciones más pequeñas se están dando citas a cuatro cinco meses vista ya, para mayo o junio, las personas más afortunadas están consiguiéndola para mediados de abril, en estaciones de mayor tamaño. Ahora la situación comienza a ser crítica, según afirma el presidente del comité de empresa, porque por cada semana de huelga la lista de espera se incrementa tres semanas más. “Hay que sentarse y alcanzar un acuerdo ya, pero con voluntad y sin engaños”.
Los usuarios esperan con resignación las colas durante los días de paro. Reconocen el perjuicio que esto les ocasiona pero respetan el derecho de los trabajadores a reclamar las condiciones que consideren justas
Los usuarios esperan con resignación las colas durante los días de paro. Reconocen el perjuicio que esto les ocasiona, muchos necesitan el coche para trabajar, pero lejos de cargar contra los trabajadores de la ITV, y sin saber la mayoría cuáles son sus reclamaciones, apelan a la empresa para que entre en razón y coinciden en el derecho de los trabajadores a reclamar las condiciones que consideren justas. La mayoría que acudía esta semana a pasar la inspección tenía su cita pedida desde hace dos o tres meses, desde el mes de octubre, cuando ni siquiera habían comenzado los paros.
Si la cita coincide con uno de los días de huelga, el Boletín Oficial del Principado de Asturias regula los vehículos que deben ser incluidos en los servicios mínimos, y son los afectos a la seguridad pública, como ambulancias, bomberos y ambulancias; y aquéllos destinados al transporte público de personas, como transporte escolar, de viajeros, mercancías, obras, servicios y construcciones. También se incluyen como servicios mínimos los vehículos cuya ITV periódica haya caducado ya o vaya a hacerlo en los días en los que se ha convocado paro, así como segundas inspecciones.
Choque político
Mientras tanto, al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se le está generando, con éste, otro conflicto, pero en este caso interno, que podría llegar a ser la primera crisis de gobierno entre el PSOE y Convocatoria por Asturies. Y es que, en el momento en que el jefe del ejecutivo asturiano abrió la puerta a la privatización de la ITV en Asturias, única comunidad autónoma, junto a Andalucía, en la que este servicio sigue siendo exclusivamente público, su socio en el ejecutivo ha dicho alto y claro que por ahí no pasa.
Así, el secretario de Estrategia y Política de Alianzas, Alejandro Suárez, ha asegurado que la entrada de capital privado en el servicio de ITV en Asturias es algo que no valoran “ni como hipótesis” pues “genera un precedente muy peligroso para el resto de los servicios públicos que pueda tener conflictos laborales”.
“No es la solución del problema”, sentencia Suárez, quien arremete contra Barbón de quien dice que “se está equivocando profundamente”. Y es que las declaraciones del presidente asturiano coinciden con la ofensiva del Partido Popular para dejar entrar empresas privadas en un servicio que desde IU consideran clave para el parque móvil de la región.
De hecho, tanto PP como Vox han registrado sendas iniciativas parlamentarias, los primeros en forma de iniciativa legislativa y los segundos como proposición no de ley, en este sentido, e instan al presidente a que dé el paso y permita la entrada de la iniciativa privada en Itvasa.
Estas dos formaciones, junto Foro Asturias, han afeado al Ejecutivo autonómico que haya tardado meses en reunirse con los trabajadores y le instan a que resuelva el conflicto o bien abra las competencias. Desde la Federación Asturiana de Empresarios también han aplaudido un posible cambio de modelo en la gestión de la empresa.
Para los trabajadores las palabras del presidente del Principado son “una amenaza en toda regla” y lamentan que ése sea el interés del Gobierno asturiano por los servicios públicos. “Hasta que Barbón hizo esas declaraciones, la privatización ni siquiera se nos había pasado por la cabeza, ahora quizás empiecen a encajar las piezas”, dice el presidente del comité.
Los problemas en Itvasa comenzaron ya el pasado mes de junio de 2023, cuando los trabajadores empezaron a “lanzar avisos”. Convocaron dos horas de paro durante dos días en octubre y, viendo que la inacción continuaba, comenzaron los paros a principios de noviembre.
Teniendo en cuenta que las ITV asturianas hacen unas 600.000 revisiones de vehículos al año, desde que comenzaron los paros hasta 50.000 vehículos podrían haberse quedado sin pasar el control, según cálculos de los trabajadores. Itvasa cuenta con diez estaciones fijas en Llanera, Jarrio, El Entrego, Mieres, Avilés, Cangas del Narcea, Siero y dos en Gijón, además de tres móviles. En todas ellas trabajan más de 260 personas.