Por tercera vez consecutiva, la Audiencia Provincial de Asturias ha suspendido este miércoles la vista oral del juicio que iba a sentar en el banquillo de los acusados a Francisco Álvarez-Cascos por su presunta responsabilidad en un delito continuado de apropiación indebida por el que afronta una petición fiscal de tres años y medio de cárcel.
El que fuera vicepresidente del Gobierno con el PP durante la etapa de José María Aznar está imputado por el presunto desvío de fondos del partido que él mismo fundó y al que denominó Foro Asturias de Ciudadanos (FAC), acrónimo de su nombre, para destinarlo a gastos personales.
El Ministerio Fiscal cifra la cantidad defraudada en 181.648 euros por facturas cobradas indebidamente entre los años 2011 y 2017.
La enfermedad del magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia que había sido asignado como ponente en la causa impide constituir el tribunal, a escasas dos semanas de que comenzara la vista oral, según han confirmado a elDiario.es Asturias fuentes judiciales. El juicio estaba señalado para el 5 de noviembre.
Una suspensión 'sine die'
La Sala ha emitido esta misma mañana una providencia donde comunica la suspensión del juicio. Esta es la tercera vez que 'in extremis' se tiene que aplazar el juicio y, en un principio, 'sine die', según han indicado las mismas fuentes.
En la providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el tribunal señala que la enfermedad del magistrado ponente es la principal causa de suspensión ya que no se ha previsto su sustitución ni otra medida de refuerzo ante la carga competencial de las Secciones Penales.
Así, el tribunal señala que la baja por enfermedad del magistrado ponente subsiste a día de hoy y además le consta en otros expedientes de la Sala comunicación de la Presidencia de la Audiencia sobre la imposibilidad de adscribir un magistrado de otra de las Secciones Penales debido a la carga competencial que soportan“, refleja en la providencia.
A esto se suma el hecho de que el propio tribunal de la Sección Tercera que debía juzgarle está “sobrecargada de asuntos como consecuencia de aquella baja”.
Ante esta situación, se prioriza la atención sobre los que legalmente lo demandan y cita textualmente cuáles son: “las causas con reo en prisión provisional o los procedimientos en materia de violencia de género o vigilancia penitenciaria que se suscitan en este territorio” que, conforme a las normas de reparto, son asignados en su totalidad a la Sección Tercera ahora formada por tres magistrados.
Los magistrados acuerdan suspender la vista oral que estaba señalada para el próximo 5 de noviembre contra Álvarez-Cascos, quedando pendiente de nuevo señalamiento “una vez se remuevan las circunstancias que ahora impiden su celebración”, explica el tribunal.
Esta providencia ha sido notificada a última hora de la mañana de hoy a la Fiscalía y a las partes personadas en el procedimiento -defensa y acusación particular- y, al no ser firme, contra esta resolución se puede interponer un recurso de súplica en el plazo de tres días.
La Fiscalía interesaba inicialmente en su calificación provisional una pena de dos años de prisión al considerar que los gastos personales generados entre los años 2011 y 2017 y facturados al partido ascendían a 7.793 euros. Una segunda valoración obligó a modificar la petición de pena que se elevó a tres años y medio de cárcel al cifrar el monto total en 181.648 euros
Los cargos imputados
La Fiscalía, que interesaba en su calificación provisional una pena de dos años de prisión al considerar que los gastos personales generados entre los años 2011 y 2017 y facturados al partido ascendían a 7.793 euros finalmente modificó su escrito y elevó su petición a tres años y medio de cárcel al cifrar el monto total en 181.648 euros tras realizar una segunda valoración.
Entre otros gastos, había facturas por la compra de zapatos, una cama, comidas en restaurantes, pedidos a domicilio particular y a nombre de familiares, un juego de videoconsola, billetes de AVE y entradas para la Copa Davis y para el Museo Thyssen y el Museo del Prado.
Tres suspensiones consecutivas
La Audiencia Provincial suspendió por primera vez el juicio el 31 de mayo de 2023. En aquella ocasión la principal causa fue la coincidencia de señalamientos de los abogados. Tras esa suspensión se acordó una nueva fecha: 4 de marzo de 2024.
Sin embargo, cuatro días antes de su celebración -el jueves 29 de febrero, al coincidir en año bisiesto- se volvió de nuevo a aplazar. Esta segunda vez se comunicó a las partes a través de una providencia que el motivo era la imposibilidad de constitución del tribunal por razones de salud del magistrado ponente y se apuntaba además que faltaban por cumplimentar dos pruebas documentales propuestas por la acusación particular que ejerce Foro Asturias.
Esta segunda suspensión coincidió además con otra situación insólita. En enero de 2024, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada recibió nueve cajas que remitió un particular como representante de una fundación que incluían abundante documentación, entre la que figuraban escrituras públicas, innumerables facturas y contratos de alquiler.
Según la Fiscalía, Álvarez-Cascos era la persona de referencia en la formación, el líder absoluto y la persona que en último lugar tomaba todas las decisiones. Ocupó el cargo de presidente de Foro Asturias entre 2011 y 2015, momento en que pasó a ostentar la secretaría general. No había fiscalización del gasto, ni tesorero. A esta ausencia de control se sumaba que el Tribunal de Cuentas se limitaba a aspectos de mayor envergadura y no analizaba el sistema de gastos
Sin fiscalización de gastos 'al líder'
En este nuevo escrito fiscal se recogen, de forma detallada, los gastos personales que Álvarez-Cascos cargó al partido aprovechando que era considerado el “líder absoluto” y ante la falta de fiscalización. La entonces fiscal superior del Principado de Asturias, María Esther Fernández, aseguró que se analizaría detalladamente esa documentación.
Álvarez-Cascos ocupó el cargo de presidente de Foro Asturias entre 2011y 2015, momento en que pasó a ostentar la secretaría general. La Fiscalía detalla en su escrito de calificación provisional que “era la persona de referencia en la formación, el líder absoluto y la persona que en último lugar tomaba todas las decisiones en la misma”.
La falta de fiscalización de los gastos era absoluta, ya que FAC funcionaba en base a criterios de “confianza y de responsabilidad personal en la utilización de los recursos económicos del partido”, explica en su escrito. A esta ausencia de control se sumaba que el Tribunal de Cuentas se limitaba a “aspectos de mayor envergadura y no analizaba el sistema de gastos”.
Ausencia de control
Tampoco había tesorero y la comisión directiva se centraba especialmente en la actividad política, por lo que las personas que ejercían la gestión y control del gasto se limitaban al funcionamiento formal, sin supervisión de la oportunidad o corrección del gasto.
“Se trataba, por tanto, de personal con competencias para abonar los gastos, pero no de fiscalizarlos y que, tras gestionarlos, los pasaban a un supuesto filtro de firma y autorización, que era automático, basado en la confianza y huérfano de toda calificación sobre la procedencia o improcedencia de los cargos”, añade la Fiscalía.
Nueve cajas de documentación
Con la apertura de estas nueve cajas, la Fiscalía abrió nuevas diligencias de investigación para determinar si de esa documentación podían derivarse nuevos delitos de apropiación, administración desleal o corrupción en los negocios.
Entre mayo de 2011 y octubre de 2016, el Ministerio Público considera que cargó 7.793 euros para pagar a un procurador por un caso previo a la existencia de Foro así como gastos de hotel y restaurantes, comida a domicilio, un juego de videoconsola, billetes de AVE, entradas para la Copa Davis así como una cama completa, una moqueta, tapicería y visillos.
Una segunda valoración con la nueva documentación aportada a la causa elevó el monto presuntamente defraudado a 181.648 y llevó a la Fiscalía a elevar la petición de dos a tres años y medio de cárcel en su escrito de calificación provisional de los hechos.
Una abrupta salida del PP
La Fiscalía sostiene también que Álvarez Cascos gestionaba de facto una sociedad constituida por su esposa que utilizó para formalizar en septiembre de 2012, “a escondidas de la Comisión Directiva de su partido”, un contrato de arrendamiento ficticio de una oficina en un inmueble de su propiedad situado en el madrileño Paseo de la Castellana por 2.404 euros al mes, más 225 por una plaza de garaje.
Cuatro meses después repitió presuntamente la operación con otro despacho y dos plazas de garaje por más de 4.000 euros mensuales, contrato que estuvo en vigor hasta finales de 2014.
El escrito de conclusiones de la Fiscalía incide además en que la incorporación de Álvarez-Cascos a Foro en febrero de 2011, apenas un mes después de su abrupta salida del PP tras haber ejercido diez años como secretario general, respondió a “una oferta profesional” para liderar un proyecto político que se le trasladó varios meses antes.
El precedente de la condena a Moriyón
La propuesta, además de incorporarse, conllevaba una retribución a cambio de dedicación exclusiva; facilidades para el mantenimiento de su residencia en Madrid y para ejercitar el régimen de visitas con sus hijos, lo que incluía alojamientos en Asturias, desplazamientos con o sin conductor y gastos inherentes al desplazamiento.
Este nuevo aplazamiento del juicio deja aún sin aclarar unos gastos denunciados por Foro Asturias bajo la presidencia de la actual alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.
Se da la circunstancia de que la alcaldesa fue condenada por el Tribunal de Cuentas a reintegrar 31.314 euros por realizar pagos injustificados con cargo a la asignación del grupo municipal de Foro; una situación que ella atribuye a un “error” frente al criterio de la oposición municipal que denunció su falta de explicaciones en el pleno.