Esta semana se retoman en la Audiencia Nacional las sesiones con nuevas testificales del juicio por las presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de las obras de ampliación del puerto asturiano de El Musel, que tuvieron un sobrecoste de 250 millones de euros. Cuatro ex altos cargos de Puertos del Estado y 16 responsables de las empresas, que formaban parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, se sientan en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía Anticorrupción dirige la acusación contra Fernando Palao, exsecretario de Estado de Transportes en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado, Fernando Menéndez Rexach, expresidente de El Musel, y José Luis Díaz Rato, exdirector del puerto gijonés. Para todos ellos solicita una pena individual de tres años de cárcel por un delito de fraude.
El Ministerio Fiscal reclama además que los exaltos cargos sean inhabilitados para ejercer cargos o empleos públicos por delitos de prevaricación administrativa: reclama 18 años de inhabilitación para Díaz Rato, otros 25 para Menéndez Rexach y sendas peticiones de nueve años de inhabilitación para Mariano Navas y Fernando Palao, respectivamente.
Otros 16 responsables de las empresas que formaban parte de la UTE Dique Torres, que resultó adjudicataria de la obra y estaba integrada por dos empresas del grupo ACS (Dragados y Drace), por FCC, por una empresa del grupo OHL (Sato) y por Alvargonzález Contratas, afrontan una petición fiscal cada uno de dos años de prisión y otros nueve años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público como cooperadores necesarios en el delito de fraude.
La Fiscalía reclama asimismo al expresidente del puerto gijonés el pago de una indemnización de 8,3 millones a la Asociación de Vecinos del Alto Aboño por la expropiación de unos terrenos que no se llegaron a utilizar y que supuso el derribo de varias edificaciones. Asimismo reclama la responsabilidad civil subsidiaria de la Autoridad Portuaria de Gijón.
Los sobrecostes y la fiscalización europea
La obra de ampliación fue adjudicada en 2005 por 580 millones de euros a Dique Torres, pero una vez iniciada la ejecución del contrato, la UTE planteó un incremento en los precios de los materiales que la Autoridad Portuaria de Gijón aprobó a través de un modificado. La UTE había señalado en su oferta que los materiales se extraerían de las canteras de Aboño, en Gijón, propiedad de Hidroeléctrica del Cantábrico (HC), y de Perecil, pero al prohibir la explotación de ésta última el Ayuntamiento de Carreño, municipio asturiano al que pertenecía, la adjudicataria recabó materiales de otras canteras comerciales más alejadas de la obra, entre otras, de León.
La obra finalizó en diciembre de 2010 cuando su coste ya superaba los 830 millones y al haber sido financiada en parte con fondos europeos, la Comisión Europea puso su lupa en esta infraestructura y solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto.
La Fiscalía comenzó a sospechar que el caso podría adquirir tintes de corrupción en Asturias a raíz de un informe emitido por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que puso el foco en «algunas de las graves irregularidades detectadas en la ejecución de las obras de ampliación del puerto de El Musel», según señaló la Audiencia Nacional cuando dictaminó su competencia para investigar los hechos porque entendía que la presunta defraudación de fondos públicos “pudo afectar a la economía nacional”.
Antes de esta decisión, en el año 2009, el partido asturianista Andecha Astur ya había denunciado el incremento de los precios de los materiales y sostenía que gran parte de éstos los había obtenido la empresa adjudicataria sin contraprestación, además de poner el acento en la imposibilidad de conocer la cantidad real de materiales utilizados. Posteriormente, Podemos también denunció públicamente que se trataba “de un caso de corrupción sin precedentes” en el Principado de Asturias.
Los argumentos exculpatorios de los acusados
En el juicio ya se han escuchado los testimonios exculpatorios de todos los acusados, que han negado cualquier responsabilidad en los delitos imputados y han ensalzado la relevancia de la obra en los futuros tráficos del puerto gijonés.
Fernando Palao, que ejerció como secretario general de Transportes en el Ministerio de Fomento entre 2004 y 2008, reconoció que convocó una reunión en 2006 a la que asistieron representantes de la Autoridad Portuaria de Gijón y la UTE Dique Torres, para tener información “en detalle” sobre los problemas que había suscitado la obra para su posterior traslado a la entonces ministra, Magdalena Álvarez, ante el “debate vivo” que se había planteado en Asturias ante los retrasos en la obra por los problemas en la explotación de las canteras previstas y al no poder la UTE desarrollarla en función de su oferta.
Fernando Menéndez Rexach, que presidió la Autoridad Portuaria de Gijón desde mayo de 2004 a julio de 2011, mantuvo que las obras de ampliación del proyecto -que calificó como “pionero a nivel mundial”- estaban avaladas por Puertos del Estado y justificó los modificados en los “problemas técnicos” suscitados.
José Luis Díaz Rato, que estuvo al frente de la dirección del puerto gijonés entre febrero de 2000 y noviembre de 2011, aseguró que el primer proyecto de ampliación le “fue impuesto” por Puertos del Estado ya que, aunque él aportó varios informes técnicos que indicaban que no era “ni el más indicado, ni el más efectivo”, le dijeron que “debía llevarlo adelante y tenerlo terminado en 2008 porque en caso contrario no habría financiación”.
Por su parte, Mariano Navas, que ejerció como presidente de Puertos del Estado desde marzo de 2004 a abril de 2009, explicó que cuando él accedió al cargo pensó que “el tema” de la obra de ampliación de El Musel “estaba ya saneado” y reconoció que ha sido ahora, al estar acusado y haber accedido al sumario, cuando se ha enterado “más de los problemas del puerto de Gijón porque en aquella época no tenía conocimiento de los hitos de la ejecución de la obra”.
De una presunta prevaricación “de libro” a negarlo todo
Entre los testigos que han comparecido hasta ahora en la vista oral destaca la declaración de Raimundo Abando, que fue nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés durante los diez meses que Francisco Álvarez-Cascos ocupó la presidencia del Gobierno de Asturias, en el año 2011. Abando ratificó ante los magistrados que el que fuera consejero delegado de Ferrovial, Joaquín Ayuso, le había comentado en una conversación privada que “se sabía de antemano” que había un “caso de prevaricación de libro” en la adjudicación de las obras de ampliación del puerto de El Musel, en Gijón. Unas declaraciones que Ayuso desmintió rotundamente.
El Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN), que ejercita la acusación popular en el conocido popularmente como “caso Musel”, reconoce que en este procedimiento hubo “cientos de millones de euros de fondos europeos que se fueron al fondo del mar, con sobrecostes y facturas infladas de dinero público que acabó siendo presa del fraude a la hacienda pública”. El juicio, del que aún quedan 13 sesiones, continúa en la Audiencia Nacional hasta el próximo mes de junio.