La Federación Asturiana Memoria y República (Famyr) ha denunciado que el monumento que se encuentra instalado en el colegio de La Inmaculada, conocido popularmente como “el de los jesuitas”, en el espacio que antiguamente ocupaba el Cuartel de Simancas, incumple la Ley de Memoria Democrática autonómica y estatal.
Su presidente, Rafael Velasco, considera que este símbolo de exaltación franquista dedicado a “los caídos por dios y por España” en homenaje a los golpistas de 1936 contra la República debe ser retirado de inmediato.
Así se lo ha transmitido al Ayuntamiento de Gijón y a la Dirección General de Memoria Democrática de Asturias a través de sendos escritos en los que pide además que se proceda a ejercitar las facultades sancionadoras de las que sean titulares frente a quien “incumpla o se oponga” a su retirada.
Los principios democráticos
Rafael Velasco ha explicado a elDiario.es Asturias que desde la Federación se ve “con profunda preocupación” que este monumento aún perdure en Gijón pese a incumplir el artículo 48 de la Ley 1/2019 de 1 de marzo para la recuperación de la memoria democrática en Asturias.
Este artículo recoge expresamente lo siguiente: “La exhibición pública de escudos, insignias, placas y demás objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación, legitimación, justificación, enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, o en general de cualquier organización contraria a los principios democráticos, será considerada contraria a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas”.
En el escrito remitido a la Dirección General de Memoria Democrática de Asturias hace hincapié en que las entidades locales deben adoptar las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática, sin perjuicio de las actuaciones que “las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad”.
No obstante, recuerda que hay dos situaciones diferenciadas: cuando este tipo de elementos contrarios a la memoria democrática están colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público o en el caso de que estén instalados en edificios de carácter público.
En el primer caso, las personas o comunidades propietarias son los encargados de retirarlos o eliminarlos, mientras que si estos elementos están instalados en edificios de carácter público, la ley contempla que sean las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos quienes se responsabilicen de su retirada o eliminación.
El plus de daño a las víctimas
Para el presidente de Famyr, el hecho de que este monumento no se haya retirado aún no solo es un incumplimiento de la ley vigente, sino que además añade un plus de daño a las víctimas y sus familias.
“La permanencia de este símbolo en Gijón no solo es un incumplimiento de estas normativas, sino que también supone una insensibilidad y falta de respeto hacia todas aquellas personas y familias que sufrieron la represión y la violencia durante el régimen franquista”, sostiene.
En términos similares, Rafael Velasco se ha dirigido a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, a la que insta igualmente a que adopte las medidas necesarias para asegurar “el cumplimiento riguroso” de la normativa.
Actos de exaltación franquista
Opina que mientras perdure este monumento no es de extrañar que se sigan produciendo actos de exaltación ante este símbolo franquista, como ocurrió el pasado 28 de junio, cuando un grupo de personas se concentró para cantar el “Cara el Sol”, brazo en alto; unos hechos que sigue investigando la Jefatura Superior de Policía de Asturias.
“Mantener un símbolo franquista en un espacio público es contrario a los principios de la ética democrática que se basan en el respeto a los derechos humanos, la justicia y la memoria de las víctimas de regímenes opresores”, señala.
Rafael Velasco asegura que, además, perpetúa el dolor y la división en la sociedad. Y entiende que solo si se adoptan medidas que aseguren el cumplimiento riguroso de la legislación de Memoria Democrática se podrá avanzar hacia una sociedad “más justa, reconciliada y verdaderamente democrática”.
Las multas y pérdida de subvenciones
Su petición no se limita a la retirada del monumento, aunque es una de sus prioridades. También pide que se aplique el artículo 57.3 c de la ley y se proceda a sancionar a los responsables del colegio La Inmaculada.
Sostiene que al mantener la simbología franquista en su fachada con proyección a la vía pública estarían incurriendo en una infracción leve de las disposiciones de la normativa vigente en la ley autonómica, lo que supondría una sanción de multa que se movería en una horquilla entre 100 y 200 euros, así como la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas.
En el caso de la ley estatal, el incumplimiento de la normativa al no retirar el monumento acarrearía la comisión de una infracción que se califica como grave y que acarrearía una sanción de multa entre 2.001 a 10.000 euros e incluso la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de las administraciones públicas en materia de memoria democrática durante un plazo de hasta tres años.
Iniciativa de IU y Podemos al pleno municipal
Por otro lado, IU y Podemos en Gijón han anunciado que presentarán en el pleno del próximo jueves, 1 de agosto, una iniciativa conjunta para que el gobierno local inicie el procedimiento para retirar el “monumento franquista” dedicado a los Héroes del Simancas, ubicado en la fachada del colegio de la Inmaculada y con “proyección al espacio público”.
Los portavoces municipales de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, han presentado una propuesta apoyada por la Asociación Lázaro Cárdenas, la Asociación Cultural Gijonesa, Asturias Laica, Logia el Trabayu, Logia Rosario Acuña, Ateneo Republicano de Asturias y la asociación Memorialista de Asturias.
Suárez Llana ha pedido que “haya una rotunda condena” del gobierno local al acto de exaltación del pasado 28 de junio. En declaraciones que recoge la Agencia Efe, el portavoz de IU ha reclamado al equipo de gobierno que desarrolle una “labor activa” en la conservación y difusión de hitos relacionados con la memoria democrática en la ciudad, muchos de ellos “mal conservados y vandalizados”, en lo que ha definido como una “obligación ética, política y moral”.
Por su parte, Olaya Suárez ha considerado que “sería muy difícil entender” un voto en contra por parte del Gobierno municipal, “a no ser que apoye las leyes de la concordia”, promovidas y aprobadas por PP y Vox “en las comunidades autónomas en las que gobiernan”. Además, ha lamentado que, de momento, “no se haya convocado el Consejo Sectorial de Memoria Histórica”.