El Gobierno asturiano está dispuesto a revisar el mix energético para instalar nuevos parques eólicos en la comunidad autónoma. Así se lo han trasladado representantes de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, en manos de Izquierda Unida (IU), a los directivos de la Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA) en la reunión que este miércoles mantuvieron en Oviedo.
El director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, confirmó al término de este encuentro que el Principado evaluará la potencia eólica real que necesita Asturias de cara a la redacción de las futuras directrices que regularán la implantación de energías renovables.
Por su parte, la patronal de los principales promotores de parques eólicos de la región se comprometió a aportar sus propios datos al Principado para la elaboración de este estudio.
En declaraciones a los medios, Ruiz Latierro aseguró que la propia asociación reconoce, por un lado, que “no será posible alcanzar toda la potencia que está en trámite porque parte de las infraestructuras solicitadas acabarán siendo inviables” y, por otro, también es consciente de que “no hay muchas posibilidades de ampliar las zonas de no exclusión”.
El encuentro, al que también acudieron representantes de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA), transcurrió en un ambiente de “gran cordialidad”, en palabras del director general. Una reunión que tenía como objetivo analizar, entre otros temas, las inquietudes del sector, abordar las futuras directrices de ordenación de energías ambientales e intentar compatibilizar los intereses de las empresas con el interés general de Asturias.
Ruiz Latierro explicó que uno de los temas que más le preocupa al Principado de cara a regular la actividad y las futuras directrices es “saber el estado real de potencia eólica que se necesita en la comunidad autónoma”.
Para lograr este objetivo es necesario disponer de un estudio “serio” de las potencias de las energías de fondo fijo de las que se dispone y conocer “cuál es la cuota de la energía eólica renovable que le corresponde a Asturias”, añadió.
Los directivos de Aepa transmitieron también la necesidad de que desde la administración regional se agilicen las tramitaciones ambientales y urbanísticas. Una petición que, en palabras de Ruiz Latierro, responde a la “inquietud de las empresas para cumplir los hitos que les pide Industria para que los parques eólicos, en la medida que puedan, sean viables”.
“Es importante reiterar la necesidad de que esta sea una actividad y un sector regulado para garantizar el interés público y general de la generación de la energía eléctrica. Entendemos que las directrices tienen que poner negro sobre blanco cuáles son las necesidades energéticas de las diferentes fuentes de energía para la comunidad autónoma y a partir de ahí intentar compatibilizar siempre que sea posible los intereses de estas empresas con el interés general de Asturias”, ratificó.
El director general destacó las escasas posibilidades existentes para ampliar las zonas de no exclusión de energía eólica: “En la asociación son bastante sensatos en cuanto a la potencia máxima que se puede conseguir y hemos estado hablando de las posibilidades que tienen sobre todo los parques de primera generación de repotenciación o de reinstalación sobre los mismos terrenos ya ocupados de parques de nuevas tecnologías”, incidió.
El proyecto de Capital Energy para instalar un parque eólico en La Espina chocó con la oposición del pleno municipal de Vegadeo y su decisión ha sido avalada por el alto tribunal asturiano que declara que los ayuntamientos tienen potestad de decisión
La última sentencia en contra de la instalación de uno de estos eólicos se ha dado conocer recientemente y da la razón al Ayuntamiento de Vegadeo en su contencioso con Capital Energy. El proyecto de esta empresa para la instalación de un parque eólico en la localidad de La Espina, en el concejo asturiano de Vegadeo, no saldrá adelante. La propuesta empresarial ha chocado con la radical oposición del pleno de la corporación municipal en una decisión que se ha visto ahora avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
El alto tribunal asturiano ha respaldado la postura municipal en una sentencia, que no es firme, donde asegura que el consistorio realiza un “uso razonable y no arbitrario de la potestad de planeamiento municipal”.
Entre otras razones, el ayuntamiento aducía que la propuesta presentada no respetaba la distancia mínima a las casas, al planear su construcción a apenas 580 metros de viviendas y afectaba a espacios especialmente protegidos con un posible impacto sobre el patrimonio cultural al proyectarse la instalación en las inmediaciones del Pico de Bedures y la Galería Minera de Bedures.
Un proyecto que iba a crear 115 puestos de trabajo
Capital Energy anunciaba en su página web, en 2021, las características de su propuesta. Su proyecto consistía en la implantación de cuatro aerogeneradores capaces de suministrar 54.600 megavatios hora (MWh) de energía limpia al año, equivalentes al consumo de más de 21.000 hogares y evitar así la emisión a la atmósfera de más de 21.800 toneladas de CO2 al año.
Han sido cinco años de largo proceso. La empresa comenzó los primeros trámites con el Ayuntamiento de Vegadeo, en diciembre de 2018, al solicitar un informe urbanístico para ver las posibilidades de instalar un parque eólico en La Espina. La arquitecta técnica municipal advirtió que su implantación exigiría un nuevo ordenamiento urbanístico que tendría que llevarse a cabo a través de un “Plan Especial”.
A partir de ahí, la empresa presentó sucesivos escritos para impulsar la aprobación inicial de ese plan especial. En junio de 2021, Capital Energy publicó en su página web las características de su propuesta para construir un parque eólico en La Espina. Anunciaba que su proyecto crearía unos 115 empleos y tendría un impacto económico anual en las arcas locales, así como a través de los contratos de arrendamiento, de alrededor de 111.000.
Además, exponía que los cuatro aerogeneradores del décimo parque eólico que la empresa estaba promoviendo en Asturias serían capaces de suministrar energía limpia a unos 21.000 hogares y evitarían la emisión a la atmósfera de más de 21.800 toneladas de CO2 al año.
El impacto sobre el patrimonio cultural
Los trámites seguían adelante cuando la arquitecta técnica municipal emitió un nuevo informe, en marzo de 2022, donde recalcaba que la mayor parte de la superficie de suelo ocupada por el parque eólico correspondía a la categoría de “Especial Protección”. Además refería un posible impacto sobre el patrimonio cultural al proyectarse la instalación en las inmediaciones del Pico de Bedures y la Galería Minera de Bedures.
Su informe dio paso a otro del Servicio de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias que fue favorable al Plan Especial y textualmente hacía constar que “no observaba inconveniente” para que continuara la tramitación del plan especial. sin embargo, no fue óbice para que se formulara propuesta denegatoria a la Alcaldía.
La razón de ese rechazo era que se citaba como planeamiento vigente el Plan General de Ordenación de 2013 pendiente de aprobación provisional y el instrumento de planeamiento vigente son las normas subsidiarias de 2001 porque “resulta incompatible con los intereses públicos que el Ayuntamiento está obligado a defender”.
La judicialización del caso
A raíz de esta propuesta denegatoria es cuando la corporación municipal de Vegadeo se reunió en sesión plenaria, el 24 de mayo de 2022, y donde se echó por tierra el proyecto.
Esta sesión plenaria es el caballo de batalla que se ha acabado dilucidando en los tribunales de justicia. Inicialmente, Capital Energy recurrió en reposición contra la decisión municipal y el ayuntamiento desestimó este recurso en otro pleno celebrado tres meses después.
El caso se ha judicializado después de que la empresa presentara un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento. El pasado 29 de noviembre, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en una sentencia, contra la que cabe interponer recurso, ha dado la razón al consistorio. La resolución judicial se ha conocido hace apenas unos días.
Los magistrados señalan en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que no ha existido “ningún indicio de arbitrariedad en la actuación administrativa impugnada ni un mal uso de las potestades discrecionales por parte de la Administración, sino que estamos -afirman- ante una decisión motivada, fundamentada en diversos informes”.
El alto tribunal se remite a aquellos informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y, entre otros aspectos, destaca el hecho de que en uno de ellos ya dejaba claro que la empresa incumplía lo estipulado en una directriz de un decreto de 2008 que recomienda que cualquiera de los aerogeneradores que integran el parque eólico guarden un retranqueo de 1.000 metros a entidades de población delimitadas como núcleo rural.
A menos de un kilómetro de las casas
Se da la circunstancia de que en la propuesta de la empresa los pueblos de La Espina, Nafarea y La Barranca, que estarían afectados, se encuentran a una distancia aproximada de 580, 720 y 830 metros respectivamente al aerogenerador más cercano.
El TSJA ha tenido en cuenta además que este informe municipal recogía que la mayor parte del parque se ubicaría sobre suelo no urbanizable de especial protección de bosques protegidos, así como que la ubicación del parque eólico de La Espina incumple la planificación realizada por el Ministerio (MITECO) “en cuanto a las áreas de sensibilidad, encontrándose el mismo en Zona de Sensibilidad ambiental alta”.
El TSJA también ha tenido en consideración que el alcalde socialista César Álvarez Mourelle dejo constancia en el pleno municipal de agosto de 2022 que no estaba en contra de los eólicos pero advertía que “no se pueden instalar en cualquier sitio y que existen espacios que se deben proteger y deben estar por encima de los intereses económicos”, por lo que el Ayuntamiento tenía la obligación de defender los intereses generales.
En este proyecto no se tenía en cuenta, a juicio del alcalde, que “afecta a espacios especialmente protegidos y ni siquiera se respetan las distancias recomendadas para evitar molestias a los vecinos e incluso problemas de salud”.
Unas manifestaciones con las que, a juicio del alto tribunal asturiano, “se podrá estar de acuerdo o no, pero no puede negarse el esfuerzo de motivación que contienen”, ratifica.
Las competencias municipales
Los magistrados abordan también en la sentencia el hecho de que el Servicio de Patrimonio Cultural emitiera un informe donde se pronunciaba a favor de la continuación de la tramitación del Plan Especial. En este sentido, aseguran que ello “no desapodera las potestades municipales en materia de planeamiento, encontrándonos ante competencias concurrentes de Administraciones que ostentan títulos competenciales con incidencia sobre un mismo espacio físico”.
Finalmente, en cuanto a las razones medioambientales y las basadas en la proximidad a los núcleos de población, el tribunal refuerza la tesis de que “vienen a evidenciar el carácter motivado del acuerdo impugnado, lo que pone de manifiesto un uso razonable y no arbitrario de la potestad del planeamiento municipal”.
Esta sentencia tiene una gran relevancia ya que reconoce que los ayuntamientos tienen potestad para decidir sobre la implantación de parques eólicos en sus territorios. Es la misma postura que mantiene la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos en la tramitación urbanística para la implantación de aerogeneradores y que será el criterio político de cara a la redacción de unas nuevas directrices para las energías renovables, decisión que forma parte del acuerdo de Gobierno entre el PSOE e Izquierda Unida.
Para Vegadeo esta sentencia es un descanso y un respiro. Es muy importante especialmente para los ayuntamientos más pequeños de cara a que no vamos a estar en manos de personas que toman decisiones por nosotros
“Para Vegadeo esta sentencia es un descanso y un respiro. Es muy importante especialmente para los ayuntamientos más pequeños de cara a que no vamos a estar en manos de personas que toman decisiones por nosotros”, ha indicado en declaraciones a elDiario.es Asturias el alcalde César Álvarez 'Mourelle' que ha recibido numerosas felicitaciones procedentes de otros consistorios asturianos.
“Uno de los pilares fundamentales de la resolución del TSJA es que nos dan a los ayuntamientos la capacidad de decisión y es muy interesante para el territorio que nosotros podamos diseñar la estrategia para que los recursos que tenemos no escapen al rendimiento de la zona”.
El alcalde también resalta que la misma sentencia recoge que desde el consistorio no se oponen a la energía eólica sino al problema que plantea el número de eólicos que tiene cada parque.