Después de la operación fallida del chalet de Figaredo, en Mieres, el Centro de Crisis para Víctimas de Violencia Sexual se quedará en Oviedo. Así lo ha decidido el Gobierno del Principado que ha publicado el concurso por el que adjudicará la nueva sede mediante una licitación dotada de 1.250.000 euros de Fondos Next Generation, 150.000 euros menos de los previstos en 2022.
Desde este viernes se abre un plazo de un mes para que se presenten aquellos inmuebles en venta que, “dentro del municipio ovetense”, cuenten como mínimo con una superficie construida de 750 metros cuadrados, distribuidos en al menos dos plantas. Los edificios que concursen deben tener además una superficie ajardinada o aterrazada de entre 45 y 1.500 metros cuadrados, con una distancia de mínimo cinco metros entre la entrada principal y la calle y contar con acceso rodado.
Dada la premura con la que el ejecutivo quiere poner en marcha esta nueva sede -es el único incumplimiento reconocido por el presidente Adrián Barbón ya que debía estar en marcha en 2023- los inmuebles que opten deberán estar en buen estado de conservación para “su uso inmediato”, como aparece en el pliego. Aunque sí se contemplan obras menores o intervenciones para la accesibilidad.
Llama la atención la amplia puntuación que se le otorga a la localización de la nueva sede con hasta 15 puntos en función de su proximidad a un centro sanitario público con servicio de urgencias y otros 15 por su proximidad a una parada de transporte público o un acceso a una autopista o autovía. Pero teniendo en cuenta la decisión de no sacar del término municipal de la capital el Centro, se explica mejor.
Carpetazo a Mieres
Aunque estos requisitos también los cumple el chalet de Figaredo, en el término municipal de Mieres, ubicado muy cerca del Hospital Comarcal Álvarez Buylla y a escasos metros de un acceso a la autovía entre Oviedo y Campomanes. Lo que en diciembre de 2022 se presentó como un gran proyecto por la anterior Directora General de Igualdad, Nuria Varela, ha quedado en nada.
Varela destacaba la buena ubicación de la sede mierense y hablaba también de la oportunidad que el chalet abría para ampliar servicios. “Nos permitirá realizar formaciones, terapias de grupo e incluso tener una residencia para aquellas mujeres que necesiten pernoctar una noche o varias”, afirmaba. La administración autonómica garantizaba el traslado de todos los trabajadores a la nueva sede y no cerraba la puerta a la apertura de nuevas contrataciones.
Sin embargo llegó el primer impedimento. En junio del 23 se comunica que el traslado a Mieres es inviable porque los amplios jardines que rodean al chalet eran de uso público y, para la atención de mujeres vulnerables -que necesitan ante todo privacidad- esa condición lo hacía inviable.
El ayuntamiento mierense, que no quería perder el proyecto, se puso manos a la obra y encargó a los técnicos municipales un estudio sobre posibles soluciones. El consistorio cuenta con informes que resolvían el problema y que presentaron al Principado, tal y como relataron en el mes de octubre (con Nuria Varela ya fuera del ejecutivo autonómico).
Esos informes recogen que el nuevo Plan de Ordenación Urbana permite cerrar los jardines y les otorga carácter de uso privado, abriendo de nuevo las puertas a que el chalet de Figaredo albergase el equipamiento.
Pese a todo, no podrá ser. Aunque cumple los requisitos de ubicación, de superficie edificada y zona ajardinada, la licitación que se ha hecho pública este viernes cierra el acceso a la concurrencia de cualquier inmueble que no esté en el municipio de Oviedo. Fuentes del ejecutivo aseguran que la decisión de circunscribirse al concejo ovetense es por “mantener un recurso que ya estaba aquí”.
El Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales es un centro pionero a nivel nacional y en sus más de tres años de andadura ya ha atendido a más de 840 personas. Ofrece acompañamiento adaptado a las demandas, necesidades y tiempos de cada mujer y cuenta, a día de hoy, con un equipo de siete psicólogas y siete abogadas, además de la coordinadora. En 2023, ante el incremento de víctimas menores de edad, se incorporó un equipo exclusivo para atender estos casos, formado por una psicóloga y una abogada.