Cientos de personas vuelven a salir a la calle en Gijón para reclamar al Gobierno de Asturias la aplicación inmediata de la Ley de Vivienda aprobada por la administración central y que el Principado, afean, continúa sin poner en marcha en la región, con consecuencias derivas como el tope del precio de los alquileres sin ejecutar o las zonas tensionadas sin establecer.
Se trata de una petición de “mínimos”, tal y como explican desde esta coordinadora erigida como un espacio en el que muchas personas, procedentes de diferentes ámbitos, se han unido para defender la vivienda como un derecho y no como un instrumento para la especulación.
Jorge Fernández, integrante de 'Asturias pa vivir', asegura que nuestro país se enfrenta a un problema, el de la vivienda, que es estrutural desde hace décadas, concretamente, desde que el primer ministro de vivienda de su historia, José Luis Arrese, lanza su famosa consigna “queremos un país de propietarios y no de proletarios”, dando el pistoletazo de salida, afirma Fernández, a la legislación al servicio de la especulación.
Alquileres que no dejan de crecer, expansión descotrolada de los pisos turísticos o abundancia de grandes tenedores son algunos de los problemas a los que se enfrenta la vivienda y ante los que las administraciones siguen mirando para otro lado, denuncia Fernández.
El 11, 12 por ciento de las viviendas en Asturias están en manos de grandes tenedores, con concejos como Mieres, San Martín del Rey Aurelio o Langreo, en los que casi un diez por ciento de las viviendas están en manos de personas que son propietarias de más cinco inmuebles, mientras que Oviedo, Gijón y Avilés, la cifra se fija en torno al seis por ciento.
Respecto a los precios de los alquileres, durante los dos últimos años han subido en Asturias un 40 por ciento, por ejemplo, un piso de 70 metros cuadrados ha pasado de 525 a 735 euros al mes.
Así, según explica Jorge Fernández, tras la aplicación de la ley estatal, desde la coordinadora 'Asturias pa vivir' plantean, por ejemplo, la limitación de la compra de vivienda si no se garantiza que sea para vivir, como ya sucede en Holanda, asegura; la protección de los inquilinos con contratos indefinidos; o la regulación del mercado para no favorecer a rentistas y especuladores, haciendo que los incentivos fiscales cambien de bando y dejen de favorecer a quienes dan a la vivienda usos antisociales, reivindican.
Objetivos compartidos los del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos que se unen a esta manifestación con un horizonte claro, trabajar para preparar, al igual que ya se ha anunciado en Barcelona, una huelga de alquileres, aunque aún sin fecha fijada pues hay que trabajarla bien porque, según aseguran, “las huelgas se hacen para ganarlas”.
Abundan desde este sindicato en la defensa del territorio como herramienta de lucha contra la turistificación, la prohibición de los desahucios y de grupos ultras como 'desokupa'. Tienen claro que “los rentistas son los culpables, pero los gobiernos son los responsables”.