La rama asturiana de la denominada operación 'Enredadera' previsiblemente se cerrará sin llegar siquiera a ser juzgada. La Fiscalía del Principado de Asturias ha confirmado este jueves que ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo.
El Ministerio Fiscal basa su petición en que no ha quedado debidamente justificada la perpetración de los hechos denunciados a la vista de las pruebas practicadas a lo largo de la instrucción y al no existir más prórrogas posibles.
La Fiscalía había abierto diligencias de investigación para determinar las supuestas actividades irregulares de un subinspector de la Policía Local de Oviedo para tratar de influir en el contenido de los pliegos o en la valoración técnica de las ofertas para lograr la adjudicación de diversos contratos del Ayuntamiento de la capital asturiana relacionados con el área de Tráfico y la Policía Local en materia de modernización, comunicaciones y radiocomunicación-DMR en favor de tres mercantiles.
En esta misma causa también estaba investigado el entonces jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, que fue cesado de forma fulminante, el 6 de julio de 2018, durante la etapa al frente del consistorio del gobierno tripartito -PSOE, Somos e IU- siendo alcalde el socialista Wenceslao López.
En aquel momento, el cese se justificó oficialmente en la “pérdida de confianza”, si bien su destitución coincidió con su incorporación en calidad de investigado al sumario de la rama asturiana de la operación 'Enredadera' que trataba de desentrañar los presuntos amaños en contratos públicos ligados al área de seguridad con ramificaciones en toda España.
La macrooperación policial
La macrooperación policial había arrancado tres días antes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y salpicaba a 12 comunidades autónomas, entre ellas Asturias. Inicialmente se practicaron medio centenar de detenciones, entre los que figuraban 16 alcaldes y concejales y ocho jefes de Policía Local. Además, se realizaron un centenar de registros, parte de ellos en 43 ayuntamientos.
José Manuel López recurrió la decisión del alcalde ante el juzgado contencioso-administrativo, que avaló el cese y esta resolución volvió a ser confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tras desestimar su recurso de apelación.
Seis años después de estos hechos, la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional al no apreciar “evidencias” que corroboren que los dos funcionarios públicos investigados -el entonces jefe de la Policía Local y el subinspector- participaran en la elaboración de los pliegos para que las condiciones favorecieran a las empresas, ni que les hubiesen facilitado información sobre ellas antes de la publicación de los concursos, ni tampoco que hayan intervenido en la adjudicación de los contratos.
El Ministerio Fiscal tampoco ha apreciado la existencia de datos que permitan corroborar que hayan recibido de las empresa dinero u otros bienes o prebendas para favorecer la adjudicación de contratos. El cierre de la investigación asturiana se une a otras piezas separadas también cerradas como los de la provincia de León.
Escuchas telefónicas y registros
Estos hechos se imputaban a un subinspector de la Policía local de Oviedo, “que supuestamente se encargaría de intervenir en la redacción de los pliegos de condiciones a la medida de esas empresas”, al entonces jefe de la Policía Local de Oviedo, “quien, usando su cargo, favorecería presuntamente la adjudicación de los contratos a esas mercantiles”, y a los tres empresarios, “que actuarían por parte de las empresas supuestamente beneficiarias de las adjudicaciones”.
La Fiscalía ha constatado que las escuchas telefónicas llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y los registros efectuados sólo han constatado que “existía una relación entre los investigados” y la mención que realizan a la posible intervención de uno de ellos para favorecer los intereses de una de las empresas en la adjudicación de los contratos, aunque “no existen en la causa otros datos que corroboren estas afirmaciones”, puntualiza.
Actualmente no es posible la prórroga del plazo de instrucción de las diligencias ni, por consiguiente, la práctica de otras nuevas. La Fiscalía incide en que el 29 de julio de 2021 fue la última vez que se acordó una prórroga del plazo de instrucción por un periodo de seis meses, “sin que antes de la expiración de esa prórroga se haya acordado una nueva”.
Se trata de un límite que debe ser observado en el ejercicio de la función jurisdiccional y, según ha explicado, no hay cabida a la subsanación de ese límite infranqueable. “Por tanto, ya no cabe la prórroga de la instrucción”, ha concluido.