El proceso que ha puesto en marcha el Gobierno asturiano para hacer funcionario al personal laboral que trabaja en los centros de acogimiento y atención de menores ha puesto en pie de guerra a la práctica totalidad de la plantilla de educadoras y educadores asturianos, que suman un total de cien personas.
¿La razón?, que en el citado proceso, en el que se ven implicadas dos consejerías asturianas, la de Bienestar Social y la de Hacienda, la administración autonómica exige la titulación de Educación Social como condición sine qua non para pasar de personal laboral a funcionarial. Y es que el 80 por ciento de las personas que trabajan en estos momentos en los centros públicos de menores en Asturias, según explica Élida Vázquez, presidenta del Comité de Empresa de Derechos Sociales y Bienestar, no poseen esta titulación, pues en este colectivo convivían, hasta ahora, titulados en pisología, trabajo social, pedagogía o magisterio.
Según argumenta Váquez, a quienes ya tiene plaza fija no les pueden despedir, pero “se quedarán a extinguir”, y quienes tienen categoría de personal laboral, sin titulación de Educación Social, “se irán a la calle”. A estos trabajadores hay que añadir también como daminificados, explica, las 700 personas que integran en estos momentos la bolsa de empleo y que no podrán volver a trabajar para la administración. La bronca está servida y este jueves han comenzado las movilizaciones frente a la Consejería de Hacienda que, en ningún caso, serán las últimas.
“Esto es un quítate tú pa poneme yo”, lamenta la representante sindical, quien recuerda que en todos los casos en los que hasta ahora la administración ha planteado un cambio de titulación, esta si aplicaba a los nuevos trabajadores, en ningún caso en quienes llevan años acumulando experiencia.
En Asturias hay un total de siete centros de menores tutelados: dos en Oviedo y Gijón, uno en Colloto, otro en Avilés y un último en Noreña. Se trata de centros de atención integral para menores que están en situación de vulnerabilidad y desamparo, bien por abandono, maltrato o diferentes negligencias familiares.
Este proceso tal y como está planteado, limita las posibilidades laborales de todos, denuncia Vázquez, asegurando que la escisión entre personal laboral y funcionario limita la movilidad y las posibilidades de promocionar de las plantillas, tanto fijas como temporales.
Apoyo del Colegio de Educación Social del Principado
Por su parte, el Colegio de Educación Social del Principado apoya la decisión tomada por el Gobierno asturiano y considera indispensable la exigencia del título de educados social. El presidente del colegio, Pablo Yáñez, considera urgente adaptar la situación a la legalidad vigente, y procurar la mejor atención a la infancia y adolescencia del sistema de protección y del de justicia juvenil.
Desde el colegio profesional de educadores defienden que los tiempos avanzan y hay que adaptar el sistema a las nuevas necesidades. Asimismo rechazan que esta medida vaya a suponer la pérdida de empleo para ningún trabajador y recuerdan que la titulación universitaria de Educación Social surge hace ya más de tres décadas para dar respuesta a las nuevas necesidades del sistema público de servicios sociales.
Yáñez considera que no se trata de un capricho de la Administración, sino de un imperativo legal aprobado por todos los grupos parlamentarios y un derecho de la ciudadanía. “La ley está para cumplirla y establece que en el acceso a puestos de educador social debe de exigirse la titulación de Educación Social”, reivindica.
Para el colegio profesional es, en todo caso, el momento menos lesivo para introducir la titulación, ya que tras la incorporación a finales del año 2022 de 48 nuevos educadores resultantes del último proceso selectivo para el acceso, y tras la estabilización de otros 50 más sin más criterio de peso que la antigüedad, el número de interinos en la administración, cuando el último grupo formalice contrato en los próximos meses, será la cifra más baja de toda la historia.