No le ha sentado nada bien al presidente del Principado, Adrián Barbón, la visita de la vicepresidenta y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la factoría asturiana de Saint Gobain, donde ayer miércoles se reunía con el comité de empresa y los trabajadores de la línea de fabricación de parabrisas cuyo cierre anunció la multinacional francesa hace semanas.
Lo que peor sentó al presidente asturiano fueron concretamente las declaraciones de la ministra en las que ésta lamentaba la falta de competencias del ministerio que dirige en este expediente de regulación, apuntando directamente al ejecutivo asturiano.
Sí intento Díaz mostrar todo su apoyo al gobierno de Adrián Barbón, asegurando que pediría una reunión con él para afrontar esta situación porque “juntos podemos pararlo”, dijo. Sin embargo, no fue suficiente para el presidente asturiano quien, visiblemente molesto, se reconocía “sorprendido y defraudo” por las declaraciones de la ministra.
Barbón aseguró que la visita de la ministra respondió más a intereses partidistas que un verdadero interés por la situación de los trabajadores, y que vino a Asturias a “hacerse la foto”.
A su juicio es “absolutamente inaceptable” que la vicepresidenta venga a Asturias, uno de los pocos territorios con un gobierno progresista y reformista, para “abrir un frente” con su ejecutivo y poner en duda su actuación ante esta crisis. En este sentido añadió que Díaz no tiene ni idea de lo que ha venido haciendo el gobierno asturiano ante esa situación y que debería haber preguntado antes de hacer estas declaraciones.
“Las razones que esgrime Saint Gobain para justificar el cierre de Sekurit no son reales”
Con las puertas de la fábrica cerradas por orden de la dirección de la multinacional, Yolanda Díaz se reunió ayer miércoles con los trabajadores y trabajadoras de Sekurit, la factoría de de Saint Gobain, en Avilés. La vicepresidenta del Gobierno mostró su apoyo, sin paliativos, a los trabajadores que “están siendo agitados por un proceso colectivo de extinción de sus puestos”, también a sus familias, a los puestos indirectos y a todo el concejo de Avilés, afectado por esta situación.
Díaz señaló que Sekurit se encuentra ante un proceso de deslocalización de la producción en toda regla, en el que Saint Gobain está “enfrentando a trabajadores contra trabajadores”, haciendo competir a los operarios de Avilés con trabajadores de Rumanía y Marruecos, con salarios y condiciones más desfavorables que “aquí en España no tenemos”, ha remarcado.
Hizo hincapié también en que desde el Ministerio de Trabajo no comparten la decisión de la empresa, pero tampoco las razones que esgrimen para justificar el expediente de regulación, “porque no son reales”. En este sentido ha explicado que, a día de hoy, en España hay normas laborales que permiten a las empresas que pasan dificultades no hacer lo que está haciendo Saint Gobain.
Nueva ley para evitar deslocalizaciones
Yolanda Díaz anunció la presentación de una ley para evitar deslocalizaciones como la que pretende llevar a cabo la multinacional francesa en Avilés porque, tras visitar varias veces Asturias y otras zonas del país, ha podido constatar que en España “somos víctimas de deslocalizaciones porque la ley lo permite”. Por ello ha confiado en que esta ley cuente con el apoyo del parlamento y pueda salir adelante.
Díaz aprovechó para recordar que el año pasado, justo antes de las elecciones generales, se modificó la normativa exigida para la presentación de expedientes de regulación de empleo, de manera que las autorizaciones exigidas se han endurecido, dependiendo desde entonces de la Inspección de Trabajo y no supeditado, por tanto, a los cambios de gobierno.
La multinacional francesa Saint Gobain anunció a principios del mes de abril que cerraba su línea de parabrisas llamada Sekurit ubicada en Avilés, con el despido de su plantilla, integrada por 160 trabajadores. El ERE inicial planteado contemplaba la extinción de 125 puestos y para el resto de trabajadores medidas de incentivación como prejubilaciones o incluso traslados. El cierre afecta además a casi 200 puestos de trabajo indirectos de empresas auxiliares, según calculan fuentes sindicales.