La infancia como activista de los Derechos Humanos

El Estado español, en virtud del artículo 44 de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de la cual forma parte, está inmerso en pleno proceso del examen periódico sobre su aplicación y el cumplimiento y realización de los derechos de la infancia y la adolescencia ante el Comité de los Derechos del Niño. De manera complementaria, y durante los trabajos preparatorios, previos a la comparecencia del Estado, la Plataforma de Organizaciones de Infancia, que aglutina a 59 organizaciones de infancia españolas, ha presentado su informe ante el mismo Comité. Este ejercicio supone un análisis de mayor profundidad sobre las distintas situaciones de vulneración de derechos de la infancia y adolescencia en nuestro país y ofrece un amplio marco de medidas de todo tipo para avanzar hacia un mayor reconocimiento y garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Por ello, estos informes complementarios son de gran valor, y permiten al Comité tener una visión más amplia y crítica de los avances y retrocesos en materia de derechos de infancia en España. En esta misma línea y de conformidad con el espíritu de la Convención, el Comité también tiene reglamentado un procedimiento para que los propios niños, niñas y adolescentes puedan participar y hacer valer en primera persona y con voz propia –como titulares de pleno derecho– su análisis crítico y sus demandas. Es en este proceso donde se enmarca el Informe Poniendo Nota a Nuestros Derechos, elaborado de manera participativa por 3.151 niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 17 años, vehiculado a través de las organizaciones que conforman la Plataforma de Organizaciones de Infancia, y que fue presentado por primera vez ante los miembros del Comité, en Ginebra, por tres adolescentes: Nerea, Mohamed Yaser y Nneka.

Dicho informe, además de ser un hito en materia de defensa de Derechos Humanos en nuestro país, es todo un ejercicio de activismo y ciudadanía plena por parte de los niños, niñas y adolescentes y pone claramente de manifiesto su madurez democrática, su responsabilidad crítica y su conciencia de lo colectivo. Por ello, tenemos el deber de escucharles, huyendo del paternalismo, y atendiendo sus demandas como auténticas exigencias de Derechos Humanos.

¿Qué exige nuestra infancia?

Son conscientes de la desigualdad creciente en nuestro país, de que la infancia representa el colectivo más vulnerable y castigado por la crisis económica, y se muestran rotundamente contrarios a ello. Por ello, exigen equidad e igualdad real para todos los niños y niñas de nuestro país y reclaman una mayor inversión en políticas públicas de infancia, particularmente en materia educativa y sanitaria.

En materia educativa, piden una educación de calidad, apostando por la renovación pedagógica, por materiales innovadores, suficientes y de calidad, por una ratio alumnado/profesorado mucho más baja de la actual y con metodologías que permitan la participación real y efectiva. Asimismo reclaman un Pacto de Estado por la Educación y rechazan el carácter partidista y contingente que tiene la educación en España: “Nos cambian la ley y eso para nosotros es como volver a empezar de cero. No nos piden nuestra opinión y nosotros somos a quienes afectan estas leyes y estos cambios continuos”.

En la misma línea que el reciente estudio que hemos realizado entre Ayuda en Acción y Educo (La Sombra de la Inversión Educativa en España)La Sombra de la Inversión Educativa en España,  exigen la gratuidad real y la garantía universal en el ejercicio y disfrute del derecho a la educación y el derecho al juego y la recreación, para lo cual reclaman una mayor inversión en actividades extraescolares.

Se sienten preocupados por las elevadas tasas de fracaso y abandono escolar y demandan medidas urgentes. Asimismo, se muestran muy críticos con los deberes para casa, que, como identifican de manera muy acertada –y también hemos denunciado en nuestro informe–, además de contribuir a la inequidad (por el menor capital educativo de aquellas familias precisamente en situación de mayor vulnerabilidad socio económica), entran en conflicto con el derecho al juego, el descanso y el esparcimiento (artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño).

Son titulares de derechos y reclaman una ciudadanía activa: “pedimos a la administración que nos tenga más en cuenta”. Exigen una mayor participación en la gestión de la convivencia y un mayor protagonismo en la construcción y toma de decisiones de los espacios comunes: en el municipio, en el centro educativo, en el barrio y en la familia.

Compromiso: la infancia en el centro de las políticas públicas

El Estado (como garante de derechos) y las distintas administraciones públicas, tienen la obligación de escucharles y de responder a sus demandas en cumplimiento de las obligaciones contraídas a tenor de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Es urgente situar a la infancia en el centro de las políticas públicas, para lo cual, todos los activistas por los derechos de la infancia, incluidos por supuesto los niños, niñas y adolescentes, estamos reclamando urgentemente tres compromisos inmediatos: en primer lugar, un Pacto de Estado por la Infancia que sitúe la inversión en políticas de infancia en la media de la UE (2,3% del PIB) y que garantice la protección social de todos los niños y niñas en contextos y situaciones de crisis económica; en segundo lugar, reclamamos un Pacto de Estado por la Educación para garantizar el derecho a una educación universal, de calidad, equitativa, inclusiva y gratuita, financiada adecuadamente y que combata eficazmente la desafección educativa; y en tercer lugar, exigimos una mayor inversión en la lucha contra la pobreza infantil adoptando un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil sostenido en el tiempo y dotado de recursos suficientes y adecuados para garantizar la erradicación de esta lacra.

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de pleno derecho y, por ello, tienen también reconocidos derechos de participación política. Con este estudio y este proceso de activismo ante el Comité, han hablado con claridad y determinación, ejerciendo su derecho a ser escuchados y tenidos en cuenta. Ahora, corresponde a los poderes públicos españoles escuchar con atención y dar respuesta a sus demandas, incluyendo su voz en los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de todas las políticas públicas que de uno u otro modo estén afectando a la infancia, porque de la misma forma que no se podría entender legislar contra la violencia de género sin contar con la voz de las mujeres, no se puede legislar en torno a los derechos de la infancia sin contar con la voz de los niños, niñas y adolescentes. Es un principio democrático, un imperativo moral y una exigencia de Derechos Humanos, pero no de mañana ni para el futuro. Es para hoy, porque son nuestro presente.

El Estado español, en virtud del artículo 44 de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de la cual forma parte, está inmerso en pleno proceso del examen periódico sobre su aplicación y el cumplimiento y realización de los derechos de la infancia y la adolescencia ante el Comité de los Derechos del Niño. De manera complementaria, y durante los trabajos preparatorios, previos a la comparecencia del Estado, la Plataforma de Organizaciones de Infancia, que aglutina a 59 organizaciones de infancia españolas, ha presentado su informe ante el mismo Comité. Este ejercicio supone un análisis de mayor profundidad sobre las distintas situaciones de vulneración de derechos de la infancia y adolescencia en nuestro país y ofrece un amplio marco de medidas de todo tipo para avanzar hacia un mayor reconocimiento y garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Por ello, estos informes complementarios son de gran valor, y permiten al Comité tener una visión más amplia y crítica de los avances y retrocesos en materia de derechos de infancia en España. En esta misma línea y de conformidad con el espíritu de la Convención, el Comité también tiene reglamentado un procedimiento para que los propios niños, niñas y adolescentes puedan participar y hacer valer en primera persona y con voz propia –como titulares de pleno derecho– su análisis crítico y sus demandas. Es en este proceso donde se enmarca el Informe Poniendo Nota a Nuestros Derechos, elaborado de manera participativa por 3.151 niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 17 años, vehiculado a través de las organizaciones que conforman la Plataforma de Organizaciones de Infancia, y que fue presentado por primera vez ante los miembros del Comité, en Ginebra, por tres adolescentes: Nerea, Mohamed Yaser y Nneka.