“El sur de México se ha convertido en la frontera de EEUU”

“El modelo de externalización de fronteras que puso en marcha el Frontex (agencia europea de fronteras) en el sur de Europa se está calcando en México. El sur del país se ha convertido en la frontera de EEUU”, así define Salva Lacruz, los “muchos paralelismos” que encuentra en la gestión que hacen ambas regiones del fenómeno migratorio. “México es para EEUU lo que Marruecos es para la Unión Europea y los países de Centroamérica serían Mauritania y el Senegal”. Lacruz, activista con una larga trayectoria en defensa de los derechos de los migrantes en España, trabaja ahora en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Chiapas. Durante su reciente visita a Madrid junto a Ana Barrios, experta en migraciones de Enlace Comunicación y Capacitación -una de nuestras organizaciones socias mexicanas- hablamos con ellos de fronteras y derechos.

Una relación piramidal: EEUU - México - Centroamérica

La política de EEUU, aseguran, es la que marca el camino de la política migratoria mexicana. “Todo se dicta en Washington y México es el controlador de flujos migratorios. EEUU exige a México ejercer de tapón y ordena a los países de origen retener a los que migran”, afirma Ana Barrios, “pero siempre falta el análisis de las causas estructurales, de por qué tantas personas -adultas y niños- salen de sus países expulsados por la violencia”. De enero a noviembre de 2014, casi 117.500 migrantes fueron detenidos en el país, un 43% más que el año anterior. El 94% procedía de Centroamérica.

La migración se ha convertido además en un negocio para quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de los que emprenden la ruta hacia EEUU. “Estamos viviendo en un narcoestado criminal en el que en todos los niveles -federal, estatal y municipal- hay corrupción con los cárteles y el crimen organizado. Hay infinitas formas de violencia, aunque la extorsión es la más frecuente, especialmente por parte de las autoridades migratorias, instituciones que están hechas para proteger a las personas, pero que en México hacen lo contrario”, recuerda Barrios.

Una situación que castiga especialmente a los migrantes centroamericanos. “No saben dónde acudir. Se sienten casi merecedores de cualquier castigo que pudiese ocurrir. Al estar fuera de su país, ¿quién les va a reclamar si les ocurre algo? Esto también se repite con los propios migrantes de Chiapas, la mayoría indígenas, para los que el español ni siquiera es su idioma materno. No se sabe qué están viviendo las personas migrantes sin entender esta violencia bajo la que se esconde la mercantilización de las personas. El secuestro de migrantes en México, conocido gracias a la atención que ha recibido en algunos casos de la prensa internacional, es un negocio multimillonario”.

Migrar es un derecho, pero también lo es no hacerlo. Por ello, en Chiapas, Enlace apoya a los jóvenes para que, a través de la formación, puedan poner en marcha sus propios proyectos con los que generar ingresos que aseguren su bienestar y el de quienes les rodean. “El origen de los altos índices de migración en la zona está en la firma del Tratado de Libre Comercio con EEUU”, recuerda Ana Barrios.

“Han disminuido los subsidios del campo y los pocos que hay solo favorecen a los grandes terratenientes y grandes empresas de la agroindustria. Eso ha provocado que la situación de los campesinos sea cada vez más precaria. Los pequeños productores que antes surtían al país, ahora se han reincorporado al mercado, ya no como productores sino como consumidores. Ha sido una estocada a la soberanía alimentaria. A la luz de lo que ocurre ahora en México, lo que se espera es un acrecentamiento brutal porque todas estas reformas tienen como trasfondo la privatización del país y quitar del todo las pocas trabas que había para las empresas transnacionales. Se está abriendo la puerta a empresas extractivas y eso va a tener como consecuencia un desplazamiento de la población principalmente en la región del sur. Desprotegen a la población de las posibilidades legales para defender su tierra y territorio”, denuncia Barrios.

“En los territorios deben darse las condiciones de vida necesarias para que seamos libres a la hora de elegir y no por cuestiones forzadas como pobreza, desigualdad social, pobreza extrema, etc”, asegura Salva Lacruz. “En un escenario a corto o medio plazo no es realista pensar que las condiciones vayan a cambiar, por lo que lo previsible es que las personas continúen migrando e intentando cruzar la frontera sur de México. Mientras, sigue vigente una ley y unas políticas públicas que no están preparadas para acoger a estas personas en condiciones dignas. La ley de migración mexicana es bastante dura”.

En México existen más de 50 centros de detención de inmigrantes. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías, en el que trabaja Lacruz, tiene acceso al de Tapachula -el más grande del país- donde ofrecen asesoramiento a los internos. “Son de unas características similares a los CIE españoles que conocemos, con condiciones paracarcelarias. El impacto en la salud física y psicológica de las personas es análoga a las de aquí, solo que los periodos de detención pueden ser más largos. Aquí son máximo 60 días, allí se dan casos de meses e incluso un año. No hay límites. En los centros hay solicitantes de asilo detenidos mientras esperan una respuesta a su solicitud y, si se les deniega, se ejecuta la deportación. En muchos casos, también encontramos menores con sus familiares o solos”.

Recuperar a los que se fueron

Ana Barrios realiza acompañamiento psicosocial a las familias del proyecto de búsqueda de migrantes desaparecidos que realizamos en el sur de México, a través de Enlace Comunicación y Capacitación y Voces Mesoamericanas. El programa, que cuenta a día de hoy más de un centenar de casos en estudio, tiene dos patas: el apoyo para encontrar a los desaparecidos y la creación de redes entre las familias para exigir sus derechos. “Cuando un familiar toma contacto con Voces Mesoamericanas, se abre el caso y actuamos dependiendo de la información que nos pueda aportar. Por ejemplo, si se sabe que la persona desapareció en EEUU, nos ponemos en contacto con el Consulado mexicano allá, aunque generalmente solemos encontrar muchas trabas por parte de los organismos gubernamentales. Si es en México, se trata de buscar todas las pistas posibles, rellenar el expediente y buscar en cárceles, casas de migrantes, etc. Si sabemos que llegó hasta el desierto y que puede haber desaparecido allí, se hace la toma de muestra de ADN de los familiares, que se compara con la de los cuerpos que hay en la morgue de Arizona”. Así se han resuelto ya dos casos en los últimos meses, entre ellos, el de Pascual Gómez.

Con las familias se trabaja para trasladar el dolor a un espacio público, sacarlo del interior de casa. “Las familias de las personas desaparecidas sienten una gran desconfianza hacia las instituciones del gobierno, que se han ganado históricamente. En muchas ocasiones, quien está detrás de la desaparición es el pollero -intermediario- que vive en la misma comunidad, sabe dónde está la familia. Hay temor de que, si se avanza en alguna denuncia, el pollero pueda tomar represalias, ya que tras él está toda su red de tráfico de personas”.

Enlace realiza encuentros entre familiares para compartir sus experiencias y construir lazos de confianza. “El hecho de encontrarse con otras personas que puedan entender lo que están viviendo, es un alivio tremendo. En grupo, se hacen conscientes de que lo que ha sucedido es una violación de sus derechos, por una migración forzada y por un Estado cuyas instituciones no responden porque no existen los mecanismos. Entienden que tienen derecho a exigirle al Estado y que tienen derecho a la Justicia y a la reparación”.