“De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne; de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres”. Así fue la creación del hombre según el Popol Vuh, libro de la comunidad maya quiché (1701), que explica su cosmovisión del mundo y que muestra la importancia del grano de maíz para un pueblo como el mexicano. Como puede ser el pan o la harina para los españoles.
Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y el uso de la Biodiversidad (Conabio), de lasíz presentes en América Latina, 64 son identificadas en México ymexicanas. Esta biodiversidad, según varios investigadores y defensores del maíz mexicano, corre serio peligro con la llegada del maíz transgénico a los cultivos del país. El origen de estos peligros, aseguran, está en la apertura comercial plasmada en Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que hizo que México pasara de ser un país autosuficiente e incluso exportador de productos alimenticios a ser un país importador.
Esta apuesta por la libertad de mercado implicó la desaparición de los programas de apoyo a la producción local, provocando el abandono del campo hacia las ciudades o la emigración a las plantaciones de EE.UU a la vez que desaparecía la red estatal de compra y abasto de alimentos; el campo mexicano se quedó sin compradores porque las grandes transnacionales no compran a pequeña escala. En México, el hambre está relacionado con esa pérdida de la agricultura campesina. “México es un país de campesinos, pero de campesinos que no pueden alimentarse, viven cerca de la tierra, saben cultivarla, pero no comen suficiente porque no producen sus propios alimentosMéxico es un país de campesinos”, esta es la realidad que observa Jesús Guzmán Flores, investigador del Centro de Estudios para Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), socio local de Ayuda en Acción. Y es que el hambre en México se concentra en la población rural e indígena.
En este contexto, la defensa del maíz se ha convertido en un elemento que aglutina la defensa de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. “Defender un grano, el teocintle, una plantita de 3 cm, que fue un logro el cultivarlo, reproducirlo, significa defender logros de miles de gentes trabajando durante miles de años y eso no puede sustituirse por un maíz fabricado de manera sintética, que depende de agroquímicos”. Así de tajante se muestra Lindora López, de Fian México, una organización internacional de derechos humanos que tiene carácter consultivo ante la ONU.
El maíz que las grandes transnacionales semilleras quieren introducir en el campo mexicano está genéticamente modificado para resistir el uso de herbicidas o para defenderse del ataque de los insectos. Estas resistencias solo se han probado en EE.UU, por lo que su uso en su vecino del sur no aseguran un riesgo cero (aquel en el que no exisni para la salud) y mucho menos un beneficio económico para los agricultores que las sembrarían.
Según la Conabio, el principal miedo ante la llegada del maíz transgénico está en que los genes transgénicos se pasen a los parientes silvestres por medio de la reproducción sexual (muy común en muchos casos), y que son los que dan de comer a la mayoría de la población mexicana. Porque el maíz transgénico se emplea para alimentar a cierto tipo de animales que no servirán de alimento para la mayoría de la población. Salvo en el caso del pollo, el consumo de carne es un lujo para la mayoría, su consumo es muy bajo. Así lo denuncia Lisa Covantes Torres, experta en soberanía alimentaria y colaboradora de CEDRSSA. “Además el transgénico se emplea para un tipo de producción de alimentos que solo beneficia a una élite interna o externa, y si ese maíz contamina nuestros maíces, sí que estaríamos en un problema, nuestra autosuficiencia para el consumo de maíz se podría ver afectada”.
El papel del estado
En la defensa de un producto como el maíz las instituciones mexicanas tienen mucho que decir. La campaña “Sin maíz no hay país” llevada a cabo por más de, indígenas, urbanas, de consumidores, grupos ambientalistas, de mujeres, de derechos humanos, representantes de la cooperación internacional, intelectuales, artistas, científicos, estudiantes y ciudadanos de casidesdedel campo mexicano para que el derecho a la alimentación fuera un derecho constitucional. Así quedó plasmado en la reforma constitucional de 2011, que recoge: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. Pendiente queda la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.
Esto, en un país donde la diversidad de productores agrícolas es inmensa, desde los chiquitos, que son los de autosuficiencia, donde se produce mayor riqueza y diversidad de grano, hasta los medianos, que venden un poco de su maíz para el mercado local y regional. Y luego están los grandes industriales que producen para una población mayoritariamente urbana. “Y el estado tiene obligación para con todos ellos”, reclama Covantes. “Porque el Estado tiene la obligación de proteger estos maíces, porque forman parte de la base alimentaria nacional y la diversidad biológica para alimentarnos es parte de lo cubierto por el derecho a la alimentaciónla base alimentaria nacional”.
El problema es que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales tienen serios impedimentos para ser justiciables debido a su estructura y su manera de insertarse en los ordenamientos jurídicos; sin embargo, al igual que los derechos civiles y políticos pueden ser exigidos judicialmente ante una posible violación. Las conclusiones son comunes a los tres investigadores y expresan el sentir de todo un sector: Es el estado el que tiene que reconocer a las personas como sujetos. Tiene que reconocerlos, respetarlos y protegerlos y tiene que generar las capacidades de las personas para que las personas puedan vivir en dignidad.
Sobre este blog
Ayuda en Acción es una Organización No Gubernamental de Desarrollo independiente, aconfesional y apartidista que trabaja en América, África y Asia con programas de desarrollo integral a largo plazo en diferentes ámbitos para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, así como el de las familias y comunidades a través de proyectos autosostenibles y actividades de sensibilización.
