El municipio montañoso de Camotán, al este de Guatemala, es sinónimo de desnutrición: el 89% de su población vive en la pobreza, los recursos hídricos son escasos y la mortalidad infantil es la más alta del país. En noviembre de 2011, utilizando un enfoque basado en derechos fundamentales, la asociación Nuevo Día ayudó a impulsar una demanda insólita contra el Estado en nombre de cinco niños: Dina, Mavélita, Brayan, Mayra y Leonel. El motivo, no protegerlos contra la desnutrición.
La iniciativa fue secundada por 14 organizaciones –entre ellas Ayuda en Acción/ActionAid–, que dieron apoyo a familias de la zona de Camotán para demandar al Estado por vulnerar su derecho a la alimentación, a la vivienda o a la educación. Se decidió que la mejor vía era que los propios menores, cuyas edades comprendían entre los 2 y 10 años, interpusieran la denuncia. El Estado respondió de la peor manera, no sólo intentando anular la sentencia por la vía de amparos, sino castigando a estas familias sin medicamentos y otros recursos básicos.
“Somos un país en el que constantemente se violan nuestros derechos. Son seres humanos y tienen derecho a la alimentación, la salud y la educación ”, afirmó entonces José Castillo, coordinador del acompañamiento legal en Nuevo Día. “Estamos frente a un gobierno cuyas políticas públicas no responden a la realidad de Guatemala. Lo que quiere este proceso es exigir al Estado que modifique sus políticas; es la única manera de detener la pobreza y la desnutrición”.
A lo largo de 2015, los recursos de amparo presentados por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y varios ministerios de Guatemala en 2013 y 2014 se encontraron con la negativa de la Corte de Constitucionalidad, el tribunal supremo del país. La justicia guatemalteca dio la razón a los cinco menores de Camotán que denunciaron al estado por no luchar contra su hambre cuatro años atrás; aunque el único caso que cuenta con sentencia firme, de momento, es el de Brayan.
En 2011, Mayra tenía cuatro años y un defecto en la cadera que le impedía caminar y que, junto a otros problemas de salud, llevaron a varios médicos a la conclusión de que no le quedaba mucho tiempo de vida. “Mi hija estaba muy mal, tenía diarrea cada día y cada noche y no mejoraba. La llevé al médico y me dijo que era un problema de nacimiento y que le quedaba poco tiempo. No podíamos seguir en esta condición ”, señala su madre, Angelina Raymundo.
Cada uno de los cinco casos se presentó de forma individual en un proceso que duró 18 meses, durante los cuales se implementaron diversas medidas cautelares para asegurar que los niños recibían los cuidados de salud y de nutrición adecuados. Mayra, por ejemplo, fue operada de la cadera y se le administraron medicamentos para combatir la diarrea.
Dado que fue el primer caso de este tipo en América Latina, no estuvo exento de cierta creatividad. Por ejemplo, a la hora de anticiparse a la reacción del Estado con el fin de proteger a los niños de más sufrimiento. Durante una de las audiencias el representante del Estado afirmó que la solución era simple: la institucionalización de cada uno de los niños. Los abogados de los niños tenían la respuesta premeditada: “bien, vamos a institucionalizar también a los niños de Tisipe y de Lelá Chancó –otras aldeas del municipio de Camotán– porque todos viven en las mismas condiciones.”
Para que el juez no se sintiera presionado por la opinión pública regional e internacional, se decidió mantener un perfil bajo a nivel de comunicación e involucrar en el proceso a la Comisión Internacional de Juristas, un tercero que actuó como amicus curiae, vertiendo luz sobre el derecho humano a la alimentación, en qué consiste o cómo tiene que ser legislado.
Finalmente, el Juez de la Niñez dictaminó que el Estado había violado los derechos a la alimentación, a una vida adecuada, a la salud, a la vivienda y a la educación de los niños, ordenó que aplicara 26 acciones con el fin de reducir la desnutrición en la zona y mejorar las condiciones de vida. Para ello, debía contar con la participación de 12 instituciones diferentes; por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se le ordenó que creara programas que beneficiasen a toda la comunidad, al Ministerio de Salud que vigilara el estado nutricional de los niños, y al Ministerio de Trabajo que se encargara de crear más puestos de trabajo en la zona.
Mientras que el veredicto sugería un cambio favorable en el equilibrio de poder entre el pueblo y el gobierno, la incapacidad del Estado para poner en práctica la mayoría de los decretos del juez ha dado credibilidad al argumento de que el Estado opera por encima de la ley y hace caso omiso de las necesidades del pueblo. Algo especialmente grave en un país que arrastra tres años de sequía continuada que han mermado aún más su seguridad alimentaria y donde 12 de sus 22 departamentos presentan alto o muy alto riesgo de desnutrición crónica.
“Me sentí contento cuando me dijeron que el juez había resuelto el caso. Pero ahora ha pasado un tiempo y no hemos visto nada. Las instituciones se toman a broma la palabra de un juez ”, afirmó Santos Floridalma, cuyo hijo, Brayan sufre de trastorno del crecimiento debido a su desnutrición. Cada una de las familias cuyos hijos demandaron, han recibido desde entonces raciones mensuales de alimentos, pero el cambio ha sido casi inexistente en el resto de la comunidad, donde viven alrededor de 560 personas. El Ministerio de Trabajo ha creado talleres textiles para dar formación a 75 mujeres de la localidad pero, dado que no existe un mercado en Camotán para vender sus productos, no han conseguido rentabilidad.
La reacción del Estado ha sido lenta y mal ejecutada, y la falta de cumplimiento ha creado una brecha entre las familias y la comunidad en general, resentida al ver que sus vecinos reciben ayuda pero ellos no. Sin embargo, el fallo es histórico y ha sentado un precedente en Guatemala. Y se espera que esta victoria anime a otras comunidades a exigir el cumplimiento de sus derechos ante el Estado. Una buena noticia, que celebramos en el Día Mundial de la Justicia Social.
Sobre este blog
Ayuda en Acción es una Organización No Gubernamental de Desarrollo independiente, aconfesional y apartidista que trabaja en América, África y Asia con programas de desarrollo integral a largo plazo en diferentes ámbitos para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, así como el de las familias y comunidades a través de proyectos autosostenibles y actividades de sensibilización.
