20 años de negociación en la OMC para dejar de financiar la sobrepesca: todavía no hay acuerdo

En total, 20 años de negociación no han bastado a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para llegar a un acuerdo que acabe con los subsidios que de manera directa o indirecta contribuyen a incrementar la capacidad pesquera y, en consecuencia, al progresivo agotamiento de los caladeros.

En 2020 vencía el último plazo que la OMC se había fijado para eliminar las ayudas que aumentan la presión humana sobre los recursos pesqueros, sobreexplotados en un 34% de las poblaciones de peces, según la FAO. Pero el intento de llegar a un acuerdo ha quedado en nada, y la OMC seguirá intentándolo este año.

Desde Ginebra y por videoconferencia, Santiago Wills, representante permanente en Colombia ante la OMC y encargado de las negociaciones, precisa la magnitud del problema: el valor de las subvenciones que contribuyen a la sobrecapacidad y a la pesca ilegal ronda entre los 20.000 y los 30.000 millones de dólares al año. Desde 1974, las poblaciones de peces explotadas a niveles biológicamente insostenibles a nivel global han pasado del 10% a superar el 34%, según datos de la FAO. En la Unión Europea las cifras son todavía peores: en el Mediterráneo, el mar más sobreexplotado del mundo, el dato asciende al 80%.

Raúl García, responsable de pesca de la organización conservacionista WWF, resume el historial de apoyo a la flota pesquera europea como un “círculo vicioso”: décadas de financiación para la construcción de flotas que permitían pescar “cada vez más lejos, cada vez más profundo y durante cada vez más tiempo” ha significado un coste “mucho mayor”, que es el agotamiento de los caladeros, y que llevó a la UE a darse cuenta del error y a diseñar programas para destruir los mismos barcos que había ayudado a construir.

Uno de los principales objetivos del acuerdo de la OMC –de momento, un borrador– es acabar con los fondos que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Un argumento en el que todos los especialistas coinciden es que la pesca furtiva no supone solo una amenaza para el medio ambiente y la seguridad alimentaria, sino que a menudo es también la puerta hacia la corrupción y el blanqueo de capitales.

La cuestión es cómo evitar que esto siga sucediendo. “Es algo sensible porque hay posiciones encontradas respecto al mejor método para hacerlo”, alega Wills, y cuenta que una de las propuestas que se han planteado es obligar a devolver los subsidios a aquellos barcos en los que se ha identificado actividad ilegal.

Otro punto importante es la posibilidad de eliminar las exenciones de impuestos al combustible de las que se benefician las embarcaciones pesqueras, lo que se calcula que, en el caso de los arrastreros, podría duplicar sus gastos en gasóleo. “Para estos barcos, el combustible supone el 50% de sus costes. Si se eliminan las exenciones, pasaría a representar el 75% del coste”, explica Raúl García de WWF.

Para García, el gran error de los subsidios pesqueros es que a menudo se utilizan como políticas sociales: “Se espera que mejoren la vida de la gente, y lo pueden hacer, pero no pueden ser sustitutivos de políticas de empleo, de salud. Esos fondos que se han estado utilizando hasta ahora para construir barcos en realidad solo minan el futuro del sector. Aunque a corto plazo puedan beneficiar a un armador, no benefician a la comunidad porque son ayudas directas al armador, que este invierte en más capacidad, en un barco más efectivo que desgasta más el recurso, y ese recurso es más difícil capturarlo. Si el recurso no es sostenible, es imposible tener estrategias de desarrollo a largo plazo, lo que termina perjudicando a todos los parámetros sociales”.