Las imágenes 3D muestran una moderna urbanización construida en un amplio entorno verde. Árboles, flores, jardines. Parejas que hacen ejercicio, madres que pasean a sus bebés, jóvenes que montan en bici, amigos que juegan al voleibol playa. “Un lugar para todos”, resumen los promotores del proyecto urbanístico Montengancedo Pozuelo en la web que promociona los futuros pisos, 900 viviendas en altura y 150 chalets.
La urbanización, se explica en los textos que acompañan al render –como se conoce en arquitectura a estas imágenes digitales– formará un “barrio sostenible” en una “zona natural actualmente en desuso”.
Lo que la publicidad omite, lo que no se cuenta ni siquiera en letra pequeña, es que la nueva “urbanización verde” de Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios más ricos de España (80.244 euros de renta bruta media, según datos de la Agencia Tributaria), se construirá sobre un bosque mediterráneo poblado con abundantes encinas –muchas centenarias–, con alcornoques, coscojas, quejigos, pinos piñoneros y sabinas, un ecosistema que, en palabras del biólogo botánico Emilio Blanco, es “valioso y único” por donde se lo mire.
“Estamos hablando de una zona silvestre que ha conservado su vegetación original, de un entorno natural que, en plena aceleración de la crisis climática, es imperdonable destruir”, advierte el experto, doctor en biología por la Universidad Autónoma y el Real Jardín Botánico de Madrid. Este encinar madrileño, explica el científico, representa “un punto intermedio de conservación para la flora y la fauna”, un nexo que los biólogos llaman “conectividad”. “En este contexto, este lugar vale muchísimo”.
Esta posible destrucción mantiene en vilo a muchos vecinos de esta ciudad madrileña y divide a la política local. El proyecto no es nuevo. Está sobre la mesa desde abril de 2020, cuando, en plena pandemia, el ayuntamiento, con mayoría absoluta del Partido Popular –mayoría que conserva en la actual legislatura–, tramitó la aprobación inicial de la reparcelación de la zona, con una inversión superior a los 300 millones de euros.
Por entonces, Aedas Home y Pryconsa, dos gigantes de la construcción que se reparten gran parte de la obra privada de la Comunidad de Madrid, presentaron un proyecto de “urbanización verde” para cerrar la “brecha urbana” existente entre el campus universitario de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el barrio de La Cabaña, pegado a la M-40.
Tras la judicialización del expediente –la agrupación Ecologistas en Acción presentó en 2022 un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid– y tras cuatro años sin ningún otro movimiento político, la Junta de Gobierno local aprobó el 17 de abril el proyecto de urbanización de manera definitiva.
Esta aprobación permite a los desarrolladores empezar, por ejemplo, a hacer las calles de la urbanización mientras, en paralelo, solicitan el permiso de construcción, trámite que, por el momento, no han iniciado. Esto significa que las empresas ya tienen la autorización política para talar 890 árboles –cifra que figura en el plan autorizado– y rellenar esta dehesa de hormigón.
“Lo que se ha aprobado coloca a esta gran zona verde en una situación de peligro. Las obras pueden empezar en breve. Cabe la posibilidad que los promotores pidan ahora actuación conjunta de urbanización y de licencia de construcción. El día que empiece la obra de urbanización, se acaba Montegancedo. Da igual que después no hagan las casas. Con esa intervención, ya te has cargado el bosque”, lamenta Helio Cobaleda, secretario general y concejal del PSOE en Pozuelo.
La resistencia vecinal
Ana Castro es vecina de Pozuelo e integrante de la plataforma Salvemos Montegancedo, un colectivo que viene luchando desde 2021 para evitar un “crimen ambiental”. Son más de 200 los residentes que están movilizados en esta cruzada. Ana cuenta que ahora, tras aprobarse el proyecto de urbanización, muchos vecinos están “despertando”, se están dando cuenta de que la destrucción del bosque, abstracta durante estos años, “está cerca”.
“Hay una minoría que todavía se cree el cuento de que se va a construir una urbanización ecológica y que se van a revalorizar las casas. Pero esta burda farsa empieza a resquebrajarse. El problema es que tenemos la sensación de que el ayuntamiento está con prisas y corriendo para tratar que los promotores obtengan autorización para empezar la obra”, explica con preocupación.
Para este grupo de vecinos, la lucha no es solo por “conservar la naturaleza, por una cuestión ecológica y climática”, también para evitar que Pozuelo, una ciudad que ya arrastra problemas de infraestructura por el crecimiento de las últimas décadas, que no tiene transporte público, se transforme en una localidad “invivible e inviable”, explica Ana. Una cuenta rápida que hacen en la plataforma: a dos coches por vivienda, habrá 2.000 vehículos más circulando por las calles.
A Ana también le preocupa perder el único espacio verde que, en verano, cuando los termómetros rozan los 40 grados, contrarresta el efecto isla de calor, como se conoce a la elevación localizada de la temperatura en entornos urbanos respecto al área rural circundante: “Asusta pensar que vamos a vivir en una sartén si se destruye este espacio natural”.
La plataforma se aferra a que la justicia se expida a tiempo para evitar que las máquinas arrasen el bosque. María Ángeles Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, fue quien en 2021 pidió a los abogados de la organización evaluar la posibilidad de una presentación judicial.
En el recurso contencioso administrativo se resaltó el “valor ecológico” de Montegancedo –por su función de isla-refugio para la fauna y la flora al tratarse de un espacio libre rodeado de viviendas e infraestructuras–, el “valor social” al servir de área de esparcimiento y el “valor cultural”, ya que el bosque conserva restos de los polvorines de Retamares y otras edificaciones militares, construcciones que desempeñaron un importante papel durante la Guerra Civil.
“Para que no empiecen las obras habría que presentar una paralización cautelar, que no es fácil que la concedan. Suelen pedir fianzas millonarias, porque en caso de que no se ganase la sentencia, se entiende que los meses de parálisis generan un perjuicio económico al promotor que hay que subsanar”, detalla.
Y agrega: “¿En qué fase estamos hoy? ”Ahora los promotores tienen que presentar el proyecto constructivo y obtener licencia. Esto puede demorar meses y a lo mejor avanza en paralelo el procedimiento judicial. Hay que esperar“.
El problema de fondo, coinciden tanto Ana como María Ángeles, es que Montegancedo está lejos de ser un caso puntual o aislado. En Ecologistas en Acción se apilan los expedientes de proyectos de urbanización en espacios naturales. La plataforma, en tanto, participa en una red más amplia de colectivos de otras ciudades madrileñas alertados por la posible destrucción de sus espacios verdes.
Ponen dos ejemplos: el de Guadarrama, donde, a principios de abril, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento llevó al pleno la aprobación de una modificación en la zona de Los Pradillos, calificada actualmente como suelo no urbanizable protegido (la intención del Ejecutivo local es autorizar la construcción de 78 chalets, 142 pisos y una zona comercial); y el de Alcobendas, donde el desarrollo los Carriles-Valgrande empieza a sortear los escollos administrativos para construir 8.600 viviendas en el Monte de Valdelatas.
“Lamentablemente cada vez tenemos menos herramientas para luchar contra estos proyectos porque las leyes urbanísticas y ambientales se están relajando. Lo cierto es que te destrozan cientos de hectáreas de suelo forestal y arbolado, te meten cuatro zonas verdes ortopédicas con arbustos de colorines y te dicen que gracias a este barrio sostenible los vecinos pueden disfrutar de un maravilloso suelo verde. El descaro es total”, despotrica María Ángeles.
No a un urbanismo extensivo de lujo con alto impacto
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón aclara que la aprobación del proyecto permitirá sumar 36 hectáreas de monte actualmente privado a las zonas verdes públicas de la ciudad.
Los promotores aceptaron devolver una parte del terreno –esas hectáreas fueron públicas décadas atrás– para que el Gobierno local pueda “proteger el Parque Forestal de Montegancedo y otras áreas verdes claves”.
Además, en relación al área residencial, “se prevé una cesión al ayuntamiento de casi el 30% del suelo edificable. Esto permitirá la construcción de alrededor de 300 viviendas que se integrarán en el Plan Municipal de Vivienda”, se explica en un comunicado de prensa.
Sobre las aparentes bondades de la nueva urbanización, Patricia Cabal, portavoz de Más Madrid-Somos Pozuelo, cuenta que la primera llamada que recibió cuando asumió el cargo fue de Aedas Homes para convencerla de que el proyecto “era magnífico porque era sostenible”. “Por más cuestiones ambientales que contemple el proyecto, no me destruyas el bosque para que algunos pocos se puedan comprar una vivienda de un millón de euros”, critica esta concejala.
Helio Cobaleda, del PSOE, cree que la “necesidad de hacer caja” explica parte del “apuro” de la nueva alcaldesa, Paloma Tejero Toledo, para que esta urbanización se convierta en realidad.
“Pozuelo necesita vivienda pública para cubrir la importante demanda de miles de jóvenes que se ven obligados a abandonar el municipio por no tener acceso a una vivienda, así como familias residentes en Pozuelo durante años que se han visto abocadas a situaciones difíciles y que se ven privadas de sus viviendas en Pozuelo. Para cubrir estas necesidades sí necesitamos un parque de viviendas en Pozuelo, vivienda pública, en alquiler y asequible”, resume Ángel González Bascuñana, otro concejal del Grupo Socialista.
El biólogo Emilio Blanco aclara que Montegancedo es un ecosistema y “una pieza clave del puzzle de conservación que necesita la Comunidad de Madrid ante tanta intervención humana”, por lo que de nada sirve la promesa de los promotores de, por ejemplo, plantar 25.000 árboles. “Estamos hablando de ecosistemas, no de árboles sueltos. Si tú quitas eso, no es que puedas reponer los árboles y listo. Estamos hablando de toda una comunidad de seres vivos. Se confunde el árbol y la plantita con un ecosistema”, explica.
La gente cree, agrega, que se puede intervenir, conservar y restaurar un espacio natural que lleva ahí cientos de años. “Esto no es así, hay que romper con este imaginario colectivo. Por más jardinería muy ecológica que hagamos, nunca vamos a preservar el ecosistema natural. El gran reto pasa hoy por conservar, no por destruir”, concluye.