La muerte del primer quebrantahuesos en España por un aerogenerador expone los puntos ciegos de una colisión evitable

Por su tamaño, más de 2,80 metros de envergadura, el quebrantahuesos es una de las aves rapaces más grandes de la fauna europea. En España, esta especie estuvo al borde de la desaparición. Hoy, sin embargo, gracias a los programas de recuperación de las últimas décadas en regiones como Navarra, Aragón y Catalunya, la población de este tipo de buitre se sitúa entre los 1.200 y 2.000 ejemplares, según la última estimación de SEO/BirdLife.

Hace unos días la hembra Masía fue hallada muerta debajo de un aerogenerador. Había sido liberada en el Maestrazgo turolense en 2022 por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) junto a su compañero Sabino, que murió al poco de llegar por un choque contra un tendido eléctrico.

El cadáver fue localizado en el complejo eólico Refoyas (construido en 2006), ubicado entre Castellón y Teruel, gracias al dispositivo GPS que permitía su seguimiento por satélite. La necropsia confirmó que la muerte se produjo por “el impacto” de un molino. “Es la primera vez en España que un quebrantahuesos muere golpeado por un aerogenerador”, denunció la fundación a través de un comunicado de prensa.

Kiko Gil, uno de los creadores de esta organización, no descarta más muertes de quebrantahuesos por este motivo. “Es la primera vez que lo podemos documentar, lamentablemente era esperable. Puede haber más casos. Esta muerte no hace más que evidenciar el impacto mortal que los complejos eólicos mal concebidos tienen sobre la biodiversidad española”, explica por teléfono.

El año pasado, justamente, la fundación suspendió la suelta de ejemplares en la Sierra del Maestrazgo por el “alto riesgo de colisión y muerte”, ante el masivo despliegue de eólica. Los abogados de esta ONG presentarán una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel para que se investigue el deceso de este animal vertebrado.

Gil revela que no existe un registro de la pérdida de aves por colisiones con aerogeneradores o impactos con las líneas eléctricas asociadas de estos parques. En Aragón, según los registros de la fundación, mueren al año entre 400 y 500 buitres.

SEO/BirdLife cifra en 57.026 el número de aves fallecidas como consecuencia de colisiones entre 2008 y 2018. La mayoría (50.968) por el impacto con líneas eléctricas. En menor medida, 6.058 casos, por los aerogeneradores. El informe, publicado en 2023, aclara que esas muertes corresponden a aves atendidas en los centros de recuperación de fauna salvaje de las comunidades autónomas, por lo que se deduce que “las cifras reales son más altas”, como se explica en el trabajo de recopilación.

“Las cifras deben mantenerse en el orden de varios millones de aves muertas al año, especialmente con el crecimiento exponencial que ha tenido la implantación de este tipo de infraestructuras (eólicas) en el territorio en los últimos años”, advierte SEO/Birdlife.

Se reabre la polémica

Lo cierto es que la primera muerte registrada de un quebrantahuesos por un aerogenerador ha reabierto el debate sobre el acelerado despliegue de las renovables en España y su impacto en la biodiversidad. ¿Era evitable esta muerte? ¿Qué responsabilidad tiene la empresa? ¿Qué fallos cometen las administraciones (nacionales y autonómicas)? ¿Qué hay que corregir a futuro para reducir la mortalidad de aves en los parques eólicos?

Hemos consultado a varios expertos para despejar estas preguntas. Las voces coinciden: hay un “fallo de base” relacionado con la planificación e instalación de proyectos eólicos en determinadas zonas que tienen una alta sensibilidad ambiental, territorios clave para la conservación de la biodiversidad; evaluaciones de impacto ambiental “muy deficitarias”; y poca vigilancia –obligatoria por ley– por parte de los promotores.

Salvador Moreno Soldado es jefe de servicio de sanciones y recursos en inspección ambiental de la Conselleria de Medioambiente de la Generalitat Valenciana. A su juicio, la muerte de Masía era tan “previsible como fácilmente evitable”. Lamenta que estos fallecimientos se “califiquen de accidentes” y que, por lo tanto, no tengan expedientes sancionadores.

“Se confía en que los estudios de seguimiento aportados por consultoras ambientales reflejan datos reales; y, sin embargo, no es así. En primer lugar, las consultoras no gozan de la condición de Organismo de Control Autorizado, pues son meras mercantiles que dependen de las empresas que las contratan, las cuales no quieren que los resultados reales sean ”demasiado“ malos. Es decir, se les exige directamente que cuantos menos cadáveres encuentren mucho mejor para superar las pruebas de estos cinco primeros años. Pero, por otro lado, las administraciones tampoco realizan sus propios controles y se creen a pies juntillas lo que los estudios ambientales de parte (interesada) les presentan”, denuncia.

La misma crítica hace David de la Bodega, responsable del programa legal de SEO/BirdLife. Explica que en 2019 el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó un protocolo de actuación de cumplimiento obligatorio con aerogeneradores conflictivos en cuanto a mortalidad de aves amenazadas o en peligro de extinción.

Las empresas están obligadas a detener el funcionamiento de un aerogenerador al detectar de forma reiterada la muerte de aves. “La medida existe, pero no se cumple. Lo que sucede es que quien vigila es el vigilado. Las empresas no tienen ningún interés en tener registros elevados de mortalidad. Pero es la encargada de llevar a cabo esta vigilancia. Cuanto más desapercibidas pasen estas muertes, mejor para la economía de las empresas”, razona.

En Asturias, donde SEO/BirdLife ha hecho un seguimiento de parques, esta organización se encontró con un “cementerio de aves”, muertes por colisión que jamás fueron informadas a las administraciones.

El protocolo, agrega De la Bodega, también obliga a revisar la declaración de impacto ambiental en caso de una mortalidad alta. “Esta revisión puede determinar si es necesario retirar el parque o bien establecer nuevos mecanismos para evitar esta mortalidad. Urge que las administraciones establezcan una actividad de control y vigilancia sobre el control y la vigilancia de las empresas”, subraya.

En este sentido, Moreno lamenta que las declaraciones de impacto ambiental sean una simple “foto fija” y que no se exijan actualizaciones de estos informes.

“El medioambiente está vivo y en continua evolución. Lo que hoy podría ser ambientalmente viable, en apenas unos meses puede ser una absoluta catástrofe, como por ejemplo cuando ocurre una explosión demográfica de conejos y de repente un montón de aves rapaces se acumulan en esa zona para alimentarse. Por tanto, las declaraciones parten de este grave error de base por limitar los seguimientos solo a los primeros cinco años”, insiste.

Reducir la mortalidad

Jaime Doreste Hernández, abogado Ecologistas en Acción, aclara que los parques eólicos generan mortalidad y que es utópico pensar que no haya ninguna colisión. Pero sostiene que las cifras de muerte pueden “reducirse de forma considerable con una buena planificación y buenas prácticas por parte de los promotores”. Afirma que la industria eólica ha avanzado en los últimos años en la creación de herramientas tecnológicas que evitan que las aves y los murciélagos choquen con los aerogeneradores. Se trata de un sistema basado en la inteligencia artificial que predice el vuelo con capacidad de realizar una parada automática del aerogenerador en caso de proyectar una colisión. En España, detalla, hay empresas punteras a nivel mundial con sistemas de detección conocidos como DTBird y DTBat.

“La mayoría de las empresas son muy renuentes a la hora de implementar medidas de detección de aves en vuelo con parada del rotor del aerogenerador hasta que el ave se marcha”, agrega sobre este tema Moreno.

En Aragón, advierte Gil, con más de 2.000 aerogeneradores en funcionamiento, las empresas deberían estar obligadas a “colocar el mejor sistema que esté al alcance para provocar una menor mortalidad”. En el complejo eólico Refoyas, donde murió este quebrantahuesos, “no hay ningún sistema de parada”, denuncia.

Las empresas, dice, tendrían que tener “más sensibilidad” con la protección de la biodiversidad, “pero colocan los aerogeneradores donde les dejan”. “La Administración es la que no ha planificado ni ordenado. Se han aprobado parques en lugares donde se sabía que iba a haber una alta mortalidad. La máxima responsable al día de hoy de este problema es la Administración. Después, si las empresas saben que hay mortalidad y no ponen medios, también son responsables”, reflexiona. Y agrega: “Para solucionar un problema, la reducción de emisiones, estamos agudizando otro, la pérdida de biodiversidad. No podemos naturalizar esto”.

Moreno afirma que una única muerte de una especie protegida, como el caso de este quebrantahuesos, supone un claro incumplimiento del principio de no pérdida neta de biodiversidad regulado por ley. También “una vulneración clara” del principio de no regresión ambiental regulado en la ley de Cambio Climático y Transición Energética.

“Está claro que si hay regresión ambiental es porque no se ha realizado adecuadamente tal transición energética; lo que resulta manifiestamente contrario con el desarrollo sostenible y con el principio de efectividad del derecho ambiental; es decir, las leyes ambientales no se cumplen, o no se cumplen como adecuadamente se debiera”, sinteriza.

La defensa de la Asociación Empresarial Eólica

Heikki Willstedt es director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica. Califica la muerte del quebrantahuesos como una “tragedia” y matiza muchas de las críticas recibidas por parte del ecologismo.

Explica que cuando se construyó el parque, en 2006, esta especie no estaba en la zona. “El desarrollo de la eólica y los quebrantahuesos no ha sido incompatible. Las cifras lo demuestran. Se ha hecho mucha eólica y a la vez los quebrantahuesos se han recuperado”, sostiene. Y agrega: “No se puede decir que el parque estaba mal planificado porque el parque estaba antes que la especie”.

Willstedt comparte que la biodiversidad no es una “foto fija” y admite que los parques más antiguos, ya sea por tecnología más deficiente o por cambios en la avifauna, deben adaptar sus vigilancias.  

“Una declaración de impacto ambiental es una licencia para funcionar. Es cierto que en un caso como este el promotor tiene que tomar medidas para evitar otra colisión a futuro. Se añadirán a la licencia sistemas de detección u ornitólogos. Esto se hace”, aclara.

La patronal también destaca que “nada tienen que ver las declaraciones de impacto ambiental de hace 20 años que las que se expiden en la actualidad”. Antes, explica, la vigilancia era obligatoria en los primeros cinco años. Ahora el seguimiento de mortandad de aves es “permanente”. “Las medidas son cada vez más estrictas. Las empresas van adaptando sus sistemas para reducir al máximo la muerte de aves”, subraya.

Sobre el sistema de parada de última tecnología, Willstedt asegura que todos los parques nuevos, los construidos en los últimos cuatro años, lo tienen y que las administraciones lo exigen como obligatorio en las evaluaciones de impacto ambiental. “Apostamos por un diálogo entre el público y el privado para minimizar el número de colisiones y al mismo tiempo seguir avanzado en la descarbonización. El equilibrio es complejo, pero se puede lograr”, asevera.