Los mineros ecologistas de León que ganaron al 'rey del carbón'

Este 26 de abril, el empresario Victorino Alonso, conocido como el 'rey del carbón', se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de León por segunda vez para responder por uno de los mayores desastres ecológicos de la historia reciente de España: las minas ilegales a cielo abierto del valle de Laciana, en la Cordillera Cantábrica. Durante años, este leonés desfiguró las montañas de Laciana, arrasando incluso espacios protegidos de la Red Natura 2000. Nadie desafiaba allí a Victorino, menos un grupo de prejubilados de las minas.

Agrupados en una asociación llamada Filón Verde, iniciaron una batalla legal que acabó con una condena a España del Tribunal Superior de Justicia de la UE, en 2011, por permitir las cortas a cielo abierto en espacios protegidos de Laciana.

Nacido en Laciana, José Francisco Fernández Gatón se metió en la mina con 16 años, como hacía casi todo el que quería quedarse en una comarca que vivió durante un siglo del carbón. Gatón, que según relata siempre fue “el ecologista” en la mina, trabajó durante 25 años en los pozos de extracción de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). Era la mayor empresa carbonera privada del país y Victorino Alonso la compró en 1994. Tras tomar el control de la MSP, Alonso empezó a virar el negocio hacia los cielos abiertos: en vez de las tradicionales galerías subterráneas, se dinamita y cercena la montaña para arrancar el mineral, un proceso que implica mucha menos mano de obra.

“Se estaba acabando con una minería que proporcionaba puestos de trabajo y vida al valle a cambio de una extracción rápida. Fue un expolio”. Así define la estrategia otro de los miembros de la asociación, Eduardo González Menaza, con un cuarto de siglo como minero a sus espaldas. Como el resto de Filón Verde, para González los cielos abiertos eran una trampa que acabaría con el empleo, hipotecando a la vez el extraordinario patrimonio natural del valle. “Dolía mucho ver cómo se destruía el paisaje de tu niñez sin que fuera una garantía de futuro para las generaciones venideras”, cuenta.

El valle de Laciana, declarado Reserva de la Biosfera, es uno de los paraísos naturales del norte del país. En sus robledales y abedulares viven algunos de los últimos urogallos de la Cordillera Cantábrica, y sus montes son uno de los mayores reductos del oso pardo. Por eso gran parte de su territorio forma parte de la Red Natura 2000, aunque esa protección no le libró de las cortas a cielo abierto: más de 980 hectáreas destruidas, según datos de Filón Verde.

En 2003, ante el plan de abrir una mina a tan solo 400 metros de las casas de Villaseca de Laciana, crearon la asociación. “Con voladuras dos veces al día, el polvo, la maquinaria pesada… Te puedes imaginar cómo es vivir así”, dice Gatón, vecino del pueblo. Se pusieron en marcha para impedir que las máquinas entraran en más lugares vírgenes. “No estábamos en contra de la minería del carbón de interior, que era la que generaba empleo y riqueza para el valle”, recuerda.

Eran cuatro: él, Eduardo y otros dos paisanos, Víctor Rodríguez y Luis Álvarez. “Más solos que la una”. Pero pronto consiguieron su primer triunfo: un juez ordenó paralizar esa mina junto al pueblo, llamada ‘Ladrones’. Con las victorias, se agudizó la presión sobre los ecologistas.

“Estábamos luchando contra un poder económico muy potente. Fue terrible. Aquí no solo teníamos en contra al empresario, también a los políticos, los sindicatos, y gran parte de la población”, explica el también exminero Rodríguez. Cuenta que algunos vecinos les ayudaban a pagar a los abogados –“no mucha gente, también es verdad”–, pero que les daban el dinero en mano, para que no lo supieran en el banco. “Había mucho miedo”.

Mientras impulsaban los yacimientos a cielo abierto, las empresas de Alonso seguían cerrando minas y pozos en la comarca, despidiendo a cientos de mineros, y los ecologistas se convirtieron en un chivo expiatorio de manual. Se los señalaba con pintadas en sus casas y a su presidente le agredió un grupo de encapuchados durante una huelga minera en 2012. Sucedió en el centro de Villablino (la capital de la comarca), a plena luz del día.

Filón Verde no dejó de compartir información con Bruselas sobre lo que pasaba en Laciana. En 2004, la Comisión Europea envió un dictamen motivado a España sobre estas minas, el primer paso en un procedimiento de infracción, por las irregularidades en la evaluación de impacto ambiental (se evaluó cada mina por separado, en vez de su impacto conjunto) y el daño a las especies protegidas.

El golpe definitivo llegó en 2011, cuando tras la denuncia de la asociación y de un vecino, el Tribunal de Justicia de la UE obligó a España a detener los trabajos ilegales y restaurar el daño causado. A la Junta de Castilla y León, que nunca puso trabas al empresario, no le quedó otra que cumplir la sentencia y paralizó la mina ‘Nueva Julia’, por la que Alonso va a juicio este mes de abril. La Fiscalía pide para él ocho años y medio de cárcel por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente: según el escrito de acusación, adelantado por el Diario de León, la actividad de la empresa en ‘Nueva Julia’ (primero MSP y después su sucesora, Coto Minero Cantábrico) se desarrollaba al margen de los condicionantes legales de una forma “plenamente consciente y deliberada”. En 2019 fue condenado a dos años y medio de prisión por cometer el mismo delito ambiental en la pero no ha cumplido cárcel.

De las minas a cielo abierto ya solo quedan las cicatrices en el paisaje. Según denuncia Filón Verde, de momento se han invertido 35 millones de euros en recuperar los terrenos dañados en la zona, salidos en su inmensa mayoría de las arcas públicas, del Ministerio de Transición Ecológica y de la Junta. Aunque la ley obliga a las empresas mineras a cubrir el coste de la restauración, los propietarios de los yacimientos solo depositaron avales por 2,7 millones.

En 1996 vivían 15.284 personas en Villablino. En 2008, con los cielos abiertos aún en marcha, el censo se había reducido a 10.860 vecinos. Ya sin carbón, la población sigue cayendo, con 8.444 habitantes en 2020. “El valle está muerto, y ahora la gente se da cuenta de que el medio ambiente es el único activo que tenemos”, concluye el presidente de Filón Verde.