Un borrador colgado en la web del Banco Europeo de Inversiones el viernes 26 de julio contiene una pequeña bomba para las empresas europeas de energías fósiles: el plan de este organismo para cortar el grifo del dinero a la producción de gas y petróleo, las infraestructuras de gas natural y la producción de electricidad o de calor a partir de energías fósiles.
“Este tipo de proyectos ya no se presentarán ante la junta del Banco Europeo de Inversiones más allá de 2020”, explica el banco de la UE, una entidad bancaria pública cuyas decisiones negocian los ministros de Finanzas del club comunitario.
El documento es un texto de consulta para preparar la próxima etapa en la estrategia del banco, cuya decisión final se adoptará a partir del 10 de septiembre. El propio organismo reconoce que esta nueva política de préstamo, en la que ya no estaría incluido ningún proyecto de energías fósiles, “es un cambio muy significativo y un paso muy importante en la estrategia climática”.
La decisión tiene detrás el Acuerdo de París, cuyo objetivo es limitar el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 2 °C o incluso 1,5 °C para evitar los peores impactos del calentamiento global. En este sentido, la entidad bancaria reconoce que “los sistemas energéticos tienen que transformarse rápidamente, un profundo reto que requiere una inversión sostenida en el sector energético en las próximas décadas”.
Estamos hablando, no obstante, de una entidad con un presupuesto de financiación limitado. En los últimos años, el Banco Europeo de Inversiones ha dispuesto de entre 10.000 y 12.000 millones de euros anuales para proyectos energéticos, detalla el banco en el documento.
Sin embargo, desde finales de 2020 este dinero ya no iría a proyectos como el fallido almacén de gas Castor, financiado en parte por bonos del Banco Europeo de Inversiones, sino exclusivamente a planes de energías renovables o eficiencia energética.
Es más, la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto gastar la mitad de todo el presupuesto del banco, entre 70.000 y 80.000 millones de euros anuales, en proyectos ambientales y convertirlo en parte en un “banco del clima”.
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