Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico del país, está recibiendo un aluvión de peticiones para conectar energías renovables. Según comunicó esta empresa la semana pasada, hasta el momento se han recibido solicitudes de conexión para más de 87.500 megavatios (MW), de los que 24.400 MW son eólicos y 61.100 MW fotovoltaicos. Para hacerse una idea de cuánto es esto, el conjunto de todas las centrales eléctricas de cualquier tecnología (carbón, nuclear, gas, hidráulica…) en servicio hoy en el país suma unos 100.000 MW y de ellos cerca de 28.000 MW son ya eólicos y fotovoltaicos (23.300 eólicos y 4.700 fotovoltaicos).
Por otro lado, en estas cifras de peticiones no entran las instalaciones de autoconsumo de menos de 100 kW, las placas fotovoltaicas que coloquen los ciudadanos o empresas en sus tejados, ya que no necesitan permiso de conexión de REE. Y aquí también empieza a constatarse un 'boom' de solicitudes, antes incluso de que se haya concretado la letra pequeña de la nueva regulación.
¿Son demasiadas renovables para instalar de golpe?
Para empezar, hay que tener en cuenta por lo ocurrido en el pasado con las solicitudes de renovables que esa cifra de 87.500 MW seguramente esté bastante inflada (con peticiones que tienen pocas probabilidades de llevarse a cabo, solicitudes de distintas empresas para una misma ubicación…).
Para Red Eléctrica, “la transición energética para combatir el cambio climático prevé la incorporación en el sector eléctrico de un contingente muy elevado de generación renovable, de alrededor de 5.000 MW al año hasta 2030”.
Por su parte, en su propuesta 'Hacia una transición energética sostenible' de marzo de 2018, la Fundación Renovables estima que haría falta instalar de aquí al año 2030 unos 85.000 MW de renovables, aunque dentro de esa cantidad incluye 15.000 MW de repotenciación de parques eólicos (sustitución de turbinas antiguas de instalaciones ya existentes por otras más modernas y potentes) y 18.000 MW de generación distribuida con autoconsumo por parte de empresas y ciudadanos.
“Aunque hay que avanzar en ahorro y eficiencia, necesitamos mucha potencia renovable, no hay otra forma si nos creemos el cambio climático y queremos ser coherentes”, incide Sergio de Otto, vicepresidente de la Fundación Renovables, que explica que no se trata solo de sustituir las plantas contaminantes, sino de aumentar en gran medida la cantidad de electricidad generada para utilizarla ahora también en coches y calefacciones de las casas.
Según esta organización, si ahora se producen con el conjunto de tecnologías en España unos 240 teravatios hora (TWh), habría que aumentar esta cantidad a 372 TWh para cubrir las nuevas demandas.
Aunque parece claro que el esfuerzo de implantación de nuevas renovables debe ser realmente grande en los próximos años, este subidón de proyectos eólicos y fotovoltaicos abre varios interrogantes.
Una de las primeras preguntas es cómo se va a ordenar todo esto para que sea lo mejor desde el punto de vista energético, pero también social y ambiental.
Desde REE consideran que en esa cantidad enorme de peticiones para la conexión de renovables hay que diferenciar entre los que realmente quieren ejecutar la obra y los que solo pretenden especular. Un problema real imposible ahora mismo de cuantificar.
Por otro lado, dado el creciente interés por instalar proyectos renovables, cabe preguntarse cómo se va a hacer para que los nuevos megavatios que se construyan se repartan de forma justa, incluyendo tanto a pequeñas empresas como a la ciudadanía.
Una de las críticas a las subastas de renovables realizadas durante la etapa del PP fue la dificultad para acceder a estos proyectos por parte de los particulares, siendo una proeza el caso de los que lo consiguieron.
“Para descarbonizar la energía hay que meter esas cantidades de renovables, la cuestión ahora es planificar bien”, señala el vicepresidente de la Fundación Renovables. “Entiendo que para el operador del sistema era mucho más sencillo cuando solo había que llamar a tres empresas”, incide De Otto, que se muestra favorable a exigir avales y otros requisitos para evitar la especulación y tomar medidas para conseguir un adecuado reparto entre empresas y ciudadanos.
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