El nuevo escollo a la generación de energía solar en las casas: los ayuntamientos
Pintar los paneles solares de blanco para respetar la estética de la ciudad; o que estos deban colocarse no más cerca de dos metros de distancia del borde del tejado para que no se vean mucho; o negar la autorización en una gasolinera por si las placas prenden fuego. Todos son casos reales que las comercializadoras eléctricas se están encontrando al tramitar ante los ayuntamientos peticiones de sus clientes que quieren dar el paso hacia el autoconsumo eléctrico.
A principios de abril, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto, a escasas tres semanas de las elecciones generales, que establecía las condiciones técnicas para producir electricidad casera con renovables. La norma terminaba de un golpe con el gran vacío normativo anterior, abriendo totalmente el camino del autoconsumo y dejando reglas más claras de los pasos que hay que dar. Pero no resuelve el que ahora resulta el principal escollo para activar las instalaciones: la autorización de los consistorios, que resultan estar muy poco o nada familiarizados con los paneles solares ni la producción de electricidad de los ciudadanos.
“El problema es que en los ayuntamientos no hay un trámite definido para los paneles solares, al no estar tipificado no entra en ninguna categoría, así que se piensan que es una gran obra y piden todo tipo de documentos y trámites que alargan y encarecen las instalaciones”, comentan en la comercializadora Holaluz. Esta misma mañana de miércoles, esta compañía recibía las condiciones del ayuntamiento de Palencia para una instalación de menos de 10 kilovatios: obtener una licencia de obra mayor –la misma que se pide para construir un edificio–; realizar un proyecto técnico, lo que significa aportar un plano de donde esté situado el edificio con dimensiones, anchos de las calles y aceras; y pedir el visado de técnicos especialistas. El plazo es de seis meses para resolver el caso.
Al no existir una norma nacional, las condiciones “pueden variar tanto como municipios hay en el país, y son 8.131”, incide Daniel Pérez, abogado en esta compañía. Según las empresas consultadas, las condiciones que se están pidiendo suelen ser una de estas cuatro: desde lo más sencillo que es una declaración responsable, firmada por la comercializadora y sin coste, o una comunicación previa, hasta una licencia de obra menor e incluso un permiso de obra mayor. “La mayoría suele pedir una comunicación previa, pero es que esto ya exige pagar un impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que puede llegar hasta 600 euros para una instalación que cuesta 6.000. Es totalmente desproporcionado”, añaden.
Una licencia de obra exige, entre otras cosas, un plan de tratamiento de residuos, lo cual implica instalar una escombrera, “pero es ridículo, estamos hablando de cajas de cartón y un inversor”, comenta Javier Avendaño, director de Contigo Energía, la empresa de servicios energéticos de Gesternova. “El cuello de botella están siendo los ayuntamientos porque no tienen experiencia, muchas veces somos los primeros en solicitar permiso para una instalación de autoconsumo”, incide Avendaño. Una de las últimas experiencias de esta compañía ha sido en El Escorial, para un convento que quería poner paneles. Era la primera vez que el consistorio recibía una petición de este tipo, así que se ha tardado tres meses en poder ejecutar el proyecto.
El trámite de los ayuntamientos para las instalaciones de autoconsumo siempre ha existido, pero ahora se nota mucho más, pues ha desaparecido el que era el principal obstáculo: las distribuidoras. La anterior normativa, la que incluía el llamado ‘impuesto al sol’, obligaba a que todas las instalaciones, con independencia de su potencia, solicitaran su conexión a la red a las compañías distribuidoras. Ha sido una queja común en el sector del autoconsumo el bloqueo y retraso de las eléctricas a estos proyectos, que en ocasiones necesitaban hasta un año para conectarse a la red eléctrica. Ahora esto ya no existe para aquellas instalaciones inferiores a 15 kilovatios de potencia, pero queda el enorme desconocimiento de los municipios.
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