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Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!
Es buen día, tras una noche en la que todos celebramos el gol de un adolescente de 16 años hijo de un marroquí y una ecuatoguineana, para hablar de menores y de inmigración.
La acogida de menores migrantes está generando una crisis en la derecha y una situación administrativa ridícula que no puede entenderse sin reconocer que el único problema real es ideológico, de xenofobia, o peor: de aparentar mano dura contra un asunto que todos saben que no la merece. Vamos por partes.
Digamos que hay unos 5.000 niños y adolescentes acogidos en 80 centros por toda Canarias. Ahí es el único sitio donde el problema existe: porque la situación en la que están atendidos está siendo cuestionada y porque aunque no sean demasiados no es justo que sea solamente Canarias la que asuma la acogida que en realidad le tocaría a toda Europa o, al menos, a toda España. Lo que propone el Gobierno es que, primero y de manera inmediata, se repartan 347 menores entre el resto de comunidades españolas y que, además, se reforme la ley para que este tipo de reparto se haga de manera recurrente y sea obligatorio, no voluntario, para las comunidades de la Península. Un dato: 12 de las comunidades que se comprometieron a acoger a menores desde Canarias el año pasado recibieron el dinero para hacerlo, pero no a los menores. Feijóo no ve mal la iniciativa del reparto (porque el PP gobierna en Canarias y pide a gritos la reforma), pero tiene dos problemas: uno, que hay otros presidentes autonómicos del PP haciendo aspavientos contra la medida; otro, que Vox amenaza con romper los gobiernos de coalición si se acepta la reforma. Hoy se reúne el Ministerio de Infancia y las comunidades autónomas para tomar alguna decisión. Aquí todas las claves explicadas.
Quién detiene bufones al vuelo. Nacho Cano, mítico miembro del grupo Mecano reconvertido en una especie de mascota musical con fondos públicos del reinado madrileño de Isabel Díaz Ayuso, ha sido detenido por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores de su musical ‘Malinche’, específicamente al contratar de manera irregular a ciudadanos extranjeros sin papeles, que le han denunciado. La paradoja se explica sola si sabes que la historia de Malinche es la de las mujeres esclavas entregadas a los españoles en el siglo XVI, aunque su versión (muy exitosa entre el público madrileño) esté bastante edulcorada. Nacho Cano, puesto en libertad tras declarar en comisaría, ha dado una rueda de prensa. Sus explicaciones sobre la detención: “La única razón es porque apoyo a Ayuso. Como han ido a por el novio, el hermano y el padre, el único que les queda soy yo”.
Y en un polígono industrial. Así que sí, es buen día para compartir contigo la historia de Lola. En el podcast de hoy, Lola nos cuenta el absurdo burocrático que tiene que vivir una persona nacida en España, como Lamine Yamal, pero a la que no le reconocen la nacionalidad porque sus padres son africanos, como los de Lamine Yamal. Un camino que pasa por una convocatoria por Facebook de la policía nigeriana en un polígono industrial.
El Tribunal Supremo ha confirmado que archiva la causa por terrorismo contra Carles Puigdemont. No lo hace porque considere inauditos, excéntricos y motivados políticamente las argumentos para justificar un delito de terrorismo en una protesta independentista, dos años después del 1-O, en la que Puigdemont ni siquiera estaba. No. Lo hace porque no le queda otra después de lo que hablamos ayer: la Audiencia Nacional ha desactivado el origen de la instrucción del caso por un error del juez García Castellón con los plazos.
En la práctica: Puigdemont queda liberado del caso que de manera más flagrante estaba diseñado para que no se pudiera acoger a la amnistía. Esto no significa que el líder de Junts tenga el camino ya totalmente despejado para volver a España sin ser detenido.
De hecho, apenas unas horas después de que decaiga ese caso, otro juez poco amigo de la amnistía ha decidido acelerar con el caso de la conocida como ’trama rusa’ y ha decidido justo ahora pedir al Tribunal Supremo que impute a Puigdemont, a pesar de que lleva años con la instrucción parada y no hay nuevas evidencias. Todo se limita a tres reuniones en octubre de 2017 que colaboradores de Puigdemont mantuvieron con supuestos emisarios rusos, siempre muy interesados en cualquier conflicto en Europa, sin que aquello derivara en nada concreto. La campaña jurídica de derribo es evidente.
Hasta aquí llegamos por hoy.
Un abrazo,
Juanlu.
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