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El debate sobre la amnistía está atravesando uno a uno todos los estamentos del Estado, abriendo trincheras y generando fracturas internas. En esa operación contra la amnistía han perdido ya protagonismo PP, Vox o periodistas muy críticos con el Gobierno. Es la facción más conservadora del mundo judicial, lo que Ignacio Escolar llama ‘El Partido Judicial’, la que está encontrando la manera de boicotear el objetivo de la ley, que es (no lo olvidemos) perdonar los delitos cometidos por líderes del procés para poder dejar atrás años de conflicto en Catalunya (y sí, para que la izquierda pueda gobernar).
Hay jueces en contra de que todo eso pueda pasar y uno de ellos ha conseguido convencer a los fiscales del Tribunal Supremo para que pidan la imputación de Puigdemont por terrorismo. Ojo, no es una decisión vinculante: la última palabra queda un escalón por arriba, en la mano derecha del Fiscal General del Estado. Ahí puede pesar que el informe interno realizado por uno de los fiscales (y que sus compañeros han ignorado) descarta indicios de terrorismo en las protestas de 2019 contra la sentencia (del, ejem, Tribunal Supremo) que condenó a la cárcel a los políticos independentistas. Lo del infarto. Y otro ojo: ni siquiera estamos hablando de la decisión de si le se le imputa o no, sino de si la Fiscalía (como acusación pública) pide que se le impute.
Ya, ya sé que todo esto es muy enrevesado. Es confuso porque no estamos acostumbrados a seguir las noticias del Poder Judicial, un mundo deliberadamente opaco, con una enorme cantidad de poder concentrado en muy pocas manos, del que se habla poco para lo relevante que es. Nosotros ya sabes que intentamos ponerle remedio.
El otro frente abierto de esta semana está en las protestas de las organizaciones agrarias. Como vimos antes en Alemania o Francia, en España los tractores han bloqueado autovías y carreteras de Catalunya, la Comunitat Valenciana y Andalucía, entre otras. Se quejan de la burocracia, de la competencia de otros países, del aumento de costes, de la sequía… La presión en media Europa es fuerte y Bruselas cede: echa el freno a los planes de sostenibilidad e incluso ha retirado la ley para reducir los pesticidas, que rechazan estos movimientos.
Por ahora hemos visto protestas sin mucho incidente, a excepción de un detenido en Valladolid por agredir a un policía o la quema de rastrojos en la AP7 para cortar la autopista. Ayer se me ocurrió soltar un sarcasmo en Twitter: que ojalá no hubiera ningún infarto en las protestas porque por con eso valdría, siguiendo el estándar de los jueces del procés en Catalunya, para imputar terrorismo a los líderes agrarios. Y para qué. Me ha caído un buen chorreo de insultos de gente que ni me conoce ni quizá supiera a qué me estaba refiriendo pero con muchas ganas de trolearme por identificarme como un periodista de izquierdas. Lo que nos lleva también a otro aspecto de esta movilización: la ultraderecha está intentando capitalizarla y colocarse en posiciones de liderazgo. No quiero decir ni que las protestas no sean legítimas ni que esa gente sea la mayoría, pero el fenómeno está acreditado en otros países y hasta hemos pillado a Santiago Abascal intentando colarnos a un candidato de Vox como si fuera un simple agricultor “sin partido”.
Hoy en el podcast, intentamos dar una explicación amplia y serena de esta movilización. Qué piden, cuál es el contexto en otros países y qué papel puede jugar esa injerencia de la ultraderecha. Creo que no me he dejado condicionar por los insultos (son ya muchos años en Twitter).
Hasta aquí llegamos por hoy.
Un abrazo,
Juanlu.
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