El Estado español paga un seguro sanitario privado a un millón y medio de funcionarios, que tienen un trato especial que pagamos todos los contribuyentes. Ese trato especial supone diagnósticos más rápidos, menos lista de espera, ayuda para las gafas, para el dentista … para ellos y sus familias. En vez de cotizar a la Seguridad Social, estos funcionarios pagan una cuota a MUFACE, la Mutualidad General de Funcionarios del Estado. No es un sistema obligatorio, los funcionarios pueden elegir entre la medicina pública o la privada, pero el 70% eligen está última opción.
Este año toca renovar el acuerdo entre el Estado y las aseguradoras para la gestión sanitaria de MUFACE, y en mitad de esa negociación surgen las pregunta: ¿Hay que renovar realmente este sistema? ¿No es deseable que los funcionarios públicos tengan sanidad pública? ¿Esto por qué pasa exactamente? Intentamos responder a todas estas cuestiones con los periodistas de elDiario.es Sofía Pérez Mendoza y David Noriega.
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El Estado español paga un seguro sanitario privado a un millón y medio de funcionarios, que tienen un trato especial que pagamos todos los contribuyentes. Ese trato especial supone diagnósticos más rápidos, menos lista de espera, ayuda para las gafas, para el dentista … para ellos y sus familias. En vez de cotizar a la Seguridad Social, estos funcionarios pagan una cuota a MUFACE, la Mutualidad General de Funcionarios del Estado. No es un sistema obligatorio, los funcionarios pueden elegir entre la medicina pública o la privada, pero el 70% eligen está última opción.