Para frenar la quinta ola no basta solo la vacunación

Estamos inmersos en la quinta ola de la pandemia de COVID-19, con altísimas tasas de incidencia en la población general y más altas aun en la población de 12 a 39 años. En consecuencia, la presión hospitalaria crece a pasos agigantados, sobre todo por el ingreso de numerosas personas menores de 40 años. Por si fuera poco, la incidencia se eleva también en las personas mayores vacunadas. Sin embargo, la respuesta a todo ello no está siendo ni lo contundente y ni lo coordinada que se requiere. 

Ha transcurrido un año y medio desde el inicio de la pandemia, hemos padecido cuatro olas cruentas y dolorosas, pero seguimos sin contar con los liderazgos adecuados (tanto en el nivel estatal como en muchos niveles autonómicos) que, en el marco del Consejo Interterritorial, permitan hacer lo que se necesita para asegurar la aplicación de aquellas medidas no farmacológicas que sabemos a ciencia cierta que funcionarían para prevenir eficazmente los contagios en la población general.

Desde que decayó el estado de alarma el pasado 9 de mayo, y con ello las medidas de control de la interacción social desprotegida que más útiles resultan para frenar la transmisión (como son los llamados “toques de queda” o el cierre del ocio nocturno), las autoridades sanitarias perdieron un arma poderosa para la coordinación efectiva de respuestas eficaces. 

Conviene recordar que las comunidades autónomas se opusieron a la propuesta inicial del Ministerio de Sanidad para definir medidas de obligado cumplimiento en función de la evolución de la pandemia, y que este erróneamente aceptó a fin de cuentas, que la Declaración de Actuaciones Coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 quedara como un catálogo de meras recomendaciones que cada comunidad aplicaría discrecionalmente. 

El resultado está a la vista: tras varias semanas de crecimiento imparable de la incidencia que se ha situado en 677 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (con cifras muchos más elevadas en las edades jóvenes por su escasa cobertura de inmunidad vacunal) y con un crecimiento intenso de la presión asistencial, tanto en atención primaria como en hospitalización general y en las UCI, la respuesta ante esta quinta ola es ineficaz, insuficiente y desigual en España.

Por si fuera poco, la necesaria intervención de los Tribunales Superiores ante la ausencia de estado de alarma, está generando un mosaico contradictorio de respuestas jurídicas incomprensible desde la óptica de la salud pública y, también, desde el punto de vista de la ciudadanía. En la práctica, se hace evidente la insuficiencia del marco jurídico actualmente vigente, al menos en la forma en la que las autoridades gubernamentales lo están poniendo en práctica. 

En este contexto, el proceso judicial abierto a la directora general de salud pública de Baleares genera una enorme inquietud y preocupación pues pone de manifiesto la incomprensión de algunos tribunales sobre lo que significan los protocolos sanitarios de control de la transmisión lo cual, además de injusto hacia la persona imputada, dificulta la labor de quienes tienen la obligación de ejercer la autoridad sanitaria para proteger la salud de la población, prevenir la enfermedad y salvar vidas. 

Pero volvamos a la situación epidemiológica. En primer lugar, reiteramos la necesidad de ampliar la información que se publica de lunes a viernes por el Ministerio de Sanidad (sigue siendo incomprensible la ausencia de datos los fines de semana) a fin de incorporar información relativa a las edades y al estado inmunitario de las personas atendidas e ingresadas en los servicios de salud. Incluso, sería de gran interés saber cuántos de estos pacientes tienen pauta completa o al menos una dosis de vacuna contra la COVID-19. Esta información ayudaría a entender mejor la situación epidemiológica y a focalizar mejor las acciones de pedagogía y concienciación social necesarias para reforzar las medidas de prevención de los contagios que están en manos de cada ciudadano.

En segundo lugar, la dominancia de la variante delta, (seguramente subestimada ya que nuestra capacidad de medición es muy mejorable), implica que sus características de mayor capacidad de contagio e incluso de probable escape (al menos parcial) a la inmunidad adquirida, deban ser tenidas en cuenta a la hora de rediseñar políticas mucho más intervencionistas para frenar la pandemia. Esperar y ver, no puede ser una opción en estos momentos.

La incidencia de casos positivos en personas vacunadas y con pauta completa (si bien por lo general asintomáticos o con síntomas leves) deberían llevarnos a valorar que esta quinta ola, además de presentar enormes incidencias tanto en población general como en grupos poblacionales más jóvenes sin inmunidad, no se parece a las olas anteriores y requiere adoptar medidas de control de la interacción social intensas y coordinadas en todo el territorio.  

Cuanto más tiempo tengamos incidencias tan altas mayores probabilidades habrá de que se produzcan casos severos incluso en personas vacunadas, que, si bien serán pocos en cifras proporcionales, pueden ser relevantes en cifras absolutas, con la consiguiente alarma social y el riesgo de reabrir un cierto (y perjudicial) debate sobre la efectividad de las vacunas. Y, además, más oportunidades le daremos al virus para producir mutaciones más contagiosas o con mayor escape vacunal.

Esta situación de falta de respuesta preventiva tiene excepciones (Catalunya, Comunitat Valenciana, Cantabria, País Vasco, Navarra o Asturias, entre otras) donde se están aplicando limitaciones al ocio nocturno y toques de queda, algunos de los cuales comienzan a dar resultados como se puede comprobar en el caso de Catalunya que parece haber alcanzado el pico epidémico y comienza un descenso que debe consolidarse aún. Pero, incluso en estos casos, se sigue apreciando una notable falta de concordancia entre medidas y situaciones epidemiológicas, y una notable cacofonía de iniciativas y mensajes, que no ayudan a la mejor comprensión de lo que está pasando por parte de la ciudadanía.

Además, la enorme presión que sufre la atención primaria ante el gran número de nuevos casos y la incapacidad de atender adecuadamente sus funciones de vigilancia epidemiológica, con la detección precoz, rastreo y eventuales cuarentenas, se puede ver más afectada tras la incorporación de los test de autodiagnóstico de venta libre en farmacias. Esta decisión ha sido, en nuestra opinión, bastante miope pues, entre otros defectos, no se ha aprovechado la oportunidad para vincular estructuralmente a las oficinas de farmacia a los sistemas de vigilancia epidemiológica de los servicios autonómicos de salud, descargando exclusivamente su presunta utilidad en la libre decisión de los individuos, lo cual no es la mejor opción en clave de salud pública.

Sin duda, el excelente progreso de la estrategia de vacunación adoptada en el Consejo Interterritorial (España supera las tasas de vacunación por cien mil habitantes de Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo), ayudará a mitigar el impacto de la COVID-19 en los grupos poblacionales pendientes de ser vacunados. La magnífica capacidad demostrada de manera general por la mayor parte de las comunidades autónomas, el gran trabajo de los profesionales que gestionan el programa de vacunas y en especial de los enfermeros y enfermeras que las administran, se ve complementado por la respuesta positiva de la población a la llamada para ser vacunados. 

Entramos ahora en una fase en el proceso de vacunación en el que conviene continuar los esfuerzos de pedagogía para asegurar que las poblaciones más jóvenes pendientes de ser vacunadas respondan sin reticencias y ello requiere no dar por perdida ninguna oportunidad a la educación y la pedagogía sanitarias.

Sin embargo, para doblegar esta quinta ola, la vacunación no bastará: sus efectos son espectaculares para reducir mortalidad, la enfermedad grave y, por tanto, para frenar el riesgo de hospitalización. Pero no lo son tanto para reducir la transmisión. 

En definitiva, o se adoptan decisiones comunes y coherentes de aplicación de restricciones a la movilidad en todos los territorios que superen determinados umbrales, y se reconstruye un liderazgo renovado desde el Ministerio de Sanidad, con una cogobernanza que aporte claridad y coherencia, o la elevada transmisión continuará, el impacto sobre el sistema de salud (ya muy fatigado y tensionado) aumentará y la preocupación de la ciudadanía aumentará.  

Y, por supuesto, se seguirá perjudicando a los objetivos de recuperación económica, vinculados sobre todo al turismo. En las últimas semanas diversos países emisores de turistas han introducido nuevas cautelas o restricciones a los desplazamientos de sus ciudadanos a España.

Por último, en materia de vacunación, nos quedan aún muchos aspectos por conocer desde la perspectiva de la evidencia científica antes de aventurar qué nuevos pasos deberemos dar en el futuro, sea en lo relativo a una eventual tercera dosis o a posibles vacunaciones en sucesivos años. Sin embargo, hay algo que sí sabemos hoy, y es que el acceso a la vacuna o se hace universal, (y por ende beneficia a todos los habitantes del planeta), o dejará un espacio abierto a la aparición de nuevas variantes con la consecuente incertidumbre sobre la evolución futura de esta pandemia.

En este sentido, el papel coordinador de la Unión Europea, el ECDC, la OMS-Europa y la OMS en su conjunto requiere ser renovado y reforzado. La iniciativa Covax tiene que ir mucho más allá de lo que hasta ahora ha logrado si queremos cumplir objetivos de equidad y de efectividad de la salud pública mundial. Y la producción de vacunas tiene que potenciarse mundialmente para poder llegar a todos los países sin que las patentes constituyan un cuello de botella para el efectivo control de la pandemia y con esfuerzos más efectivos para aumentar la capacidad de producción con acuerdos entre empresas productoras. Por desgracia, hasta ahora en este aspecto ha habido muchas más palabras que hechos y queda camino por recorrer.

La gestión de los capítulos pendientes aún por conocer en la evolución de esta pandemia aconseja, por tanto, prudencia y desaconseja optimismos injustificados. Para ello, abordar de forma realista la situación y renovar las capacidades de liderazgo y coordinación en los ámbitos nacional, europeo y mundial nos parece una exigencia impostergable.

Estamos inmersos en la quinta ola de la pandemia de COVID-19, con altísimas tasas de incidencia en la población general y más altas aun en la población de 12 a 39 años. En consecuencia, la presión hospitalaria crece a pasos agigantados, sobre todo por el ingreso de numerosas personas menores de 40 años. Por si fuera poco, la incidencia se eleva también en las personas mayores vacunadas. Sin embargo, la respuesta a todo ello no está siendo ni lo contundente y ni lo coordinada que se requiere. 

Ha transcurrido un año y medio desde el inicio de la pandemia, hemos padecido cuatro olas cruentas y dolorosas, pero seguimos sin contar con los liderazgos adecuados (tanto en el nivel estatal como en muchos niveles autonómicos) que, en el marco del Consejo Interterritorial, permitan hacer lo que se necesita para asegurar la aplicación de aquellas medidas no farmacológicas que sabemos a ciencia cierta que funcionarían para prevenir eficazmente los contagios en la población general.