No debemos relajar medidas prematuramente ni tener tropiezos en el proceso de vacunación

Aunque la magnitud de esta cuarta ola sea menos intensa que las anteriores y el ritmo del proceso de vacunación y su efecto protector comiencen a ofrecer resultados alentadores, no se debe minimizar la seriedad de la situación epidemiológica en buena parte del territorio español ni subestimar su potencial impacto en la atención sanitaria.

España afronta el mes de mayo inmersa en una cuarta ola de la pandemia a la que es mejor llamar por su nombre y no tratar de encontrar eufemismos que poco ayudan a construir el relato de prudencia y cautela que requiere la realidad de los hechos. Para empezar, del 18 de marzo al 30 de abril esta ola ha significado 311.345 nuevos casos y 5.306 nuevos fallecidos. Ha habido 1.824 personas que requirieron hospitalización general y 358 personas que fueron ingresadas en UCI.

La incidencia acumulada a 14 días se ha incrementado en torno a un 80% pasando de 128,1 a 229,2 casos por 100.00 habitantes y la tasa de positividad en las pruebas diagnósticas se ha situado en el 7,29%, muy por encima del 5% considerado aceptable.

Además, siete comunidades junto a la ciudad autónoma de Melilla tienen tasas de incidencia a 14 días superiores a los 250 casos por 100.000 habitantes y una presión asistencial en UCI superior al 25%, llegando una de ellas (Madrid) al 44,66%. Un balance claramente negativo que, a punto de finalizar la vigencia de seis meses del actual estado de alarma, no ha alcanzado el objetivo propuesto en octubre pasado de llegar el 9 de mayo a 25 casos por 100.000 habitantes.

Y esto sucede cuando el resto de Europa, con excepción del Reino Unido y Portugal, tiene cifras muy preocupantes de incidencia que superan los 700 por 100.000 en Suecia, los 600 por 100.000 en Francia y los 300 por 100.000 en Alemania y Suiza. Sin olvidar que ello sucede en un escenario mundial de incremento de las variantes del virus, varias de las cuales están siendo estudiadas por su potencial mayor contagiosidad y severidad, y la probabilidad de que sean capaces de eludir la protección que confieren las vacunas hasta ahora aprobadas. Por todo ello, varios países, entre ellos España, han establecido cuarentenas a los viajeros procedentes del subcontinente indio. Es decir, la evolución mundial, europea y española de la pandemia sigue mostrando rasgos muy preocupantes.

Sin embargo, este fin de semana varias comunidades han comenzado a levantar restricciones a la movilidad, eliminando cierres perimetrales y/o ampliando horarios de apertura de establecimientos de hostelería y otros comercios. En nuestra opinión esta relajación de medidas es prematura y probablemente producirá un aumento de la incidencia a mediados de mayo, debido al incremento de las interacciones sociales en una situación que, como hemos visto, sigue siendo de incidencia muy alta, casi veinte veces mayor que la que existía en junio del año pasado.

Ante la seriedad de esta situación epidemiológica no podemos dejar de reflexionar sobre la necesidad de rectificar el rumbo e intensificar las acciones de control de la transmisión comunitaria, con base en lo acordado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el “semáforo para la toma de decisiones” al mismo tiempo que se sigue vacunando sin descanso para mantener el ritmo alcanzado durante la última semana con la aplicación de 400.000 a 500.000 dosis diarias.

Por si fuera poco, la desescalada a la que estamos asistiendo en este último fin de semana previsiblemente se incrementará tras el final del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Esto se producirá con una incidencia acumulada cuatro veces superior a la que había hace justo un año (57,88 casos por 100.000 habitantes el 2 de mayo de 2020), cuando se inició la primera desescalada tras un par de meses de confinamiento estricto. Por supuesto, la gran diferencia es que la vacunación ya ha comenzado y avanza a buen ritmo. Pero tenemos que entender que los niveles de vacunación que se alcanzarán el 9 de mayo no bastarán por sí solos para frenar en el corto plazo el riesgo de los repuntes que pueden producirse al relajar las medidas de contención con incidencias tan elevadas.

Es decir, pese al avance logrado en la cobertura inmunitaria en algunos grupos vulnerables, sobre todo los mayores de 80 años y las personas que viven en residencias geriátricas, o parcialmente en el grupo de 70 a 79 años, el riesgo que enfrentaremos dentro de una semana, al no disponer de la seguridad jurídica que ofrece el estado de alarma para la adopción de las medidas concretas que en cada caso se necesite, dará lugar a incertidumbres, totalmente innecesarias, y a una alta probabilidad de repuntes en la incidencia.

Una opción podría ser declarar el estado de alarma en aquellas comunidades donde el Gobierno autónomo lo considera necesario y así lo solicitase, si bien ello tampoco eximiría del correspondiente trámite parlamentario. Por tanto, incluso en ese caso, la decisión final no sería solamente responsabilidad del Gobierno y se requeriría el acuerdo de al menos una parte de los grupos de oposición. La falta de cooperación de estos sigue siendo por el momento un obstáculo insuperable. El tiempo dirá si, llegado el momento, muestran la necesaria disposición para asumir compromisos de Estado en favor de la salud y la vida de los españoles o si solo quieren polarizar y crispar la atmosfera política, como ya hicieron en otros momentos de la pandemia.

Pero retomemos el tema de la vacunación, porque es importante asegurarnos de que hacemos lo necesario para avanzar sin tropiezos. En el lado más positivo de la situación actual, cabe destacar la buena marcha del plan de vacunación, que con los últimos datos disponibles arroja una muy buena cobertura en mayores de 80 años (100% con una sola dosis y 88% con pauta completa) y cifras al alza en otros grupos de edad prioritarios (personas entre 60 y 80 años), si bien aún queda por recorrer un largo trecho en este grupo de edad para alcanzar las cifras de cobertura necesarias ya que ni siquiera el 10% de ellas tiene la pauta completa.

 A lo largo del mes de mayo seguramente se podrá dar un salto en el ritmo en la aplicación de dosis cuyos resultados solo serán claramente visibles bien entrado el mes de junio, dado el periodo de dos a tres semanas requerido para alcanzar la inmunidad atribuible a la vacuna. Por tanto, conviene ser conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer y no caer en el error de cifrar en la vacunación la disminución inmediata de la incidencia. Con todo, hay que destacar la enorme capacidad del sistema sanitario para aplicar las vacunas, algo que, si fuera necesario, podemos aún reforzar y ampliar.

En este contexto, la decisión de aplazar varias semanas la vacunación con la segunda dosis a los casi dos millones de personas que recibieron la primera con la vacuna de AstraZeneca nos sigue pareciendo incomprensible. En todo caso, ha sido una decisión polémica si nos atenemos a la división en dos bloques producida en el seno de la Comisión de Salud Pública y esto es una mala noticia, dada la importancia de adoptar estas decisiones con el mayor consenso técnico posible. Por lo que parece, esa división ha tenido un origen más político que técnico, lo cual genera inquietud e incertidumbre entre quienes esperan el refuerzo de su protección inmunitaria. Esto hace imprescindible un relato más claro y fundamentado por parte de las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad.

En nuestra opinión, y con base en lo expresado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la OMS con su aval técnico y sus recomendaciones, sería necesario aplicar ya sin dilación la segunda dosis con AstraZeneca a las personas que recibieron la primera. No es de recibo que se hayan administrado 3,817,366 primeras dosis y se haya completado la pauta con una segunda dosis solamente a 267 personas.

Tratar de generar evidencias sobre la validez de aplicar una segunda dosis con la vacuna de Pfizer mediante estudios específicos como el elaborado por el Instituto de Salud Carlos III resulta innecesario. Además, el diseño de esa investigación ofrece dudas sobre el enfoque metodológico adoptado, lo cual resta peso a la evidencia que este ensayo clínico pueda proporcionar. Sobre todo, si se compara con la cantidad y la calidad de la evidencia recogida por la EMA para avalar su recomendación. Pensamos, en suma, que se trata de una decisión injustificada, que está originando un retraso innecesario y que debería revertirse cuanto antes.

Finalmente, la dramática situación que la actualidad de la pandemia nos ofrece en el caso de India requiere un enorme esfuerzo de cooperación para ayudar a superar la emergencia sanitaria de aquel país y nos interpela sobre la necesidad de reforzar los procedimientos de control de fronteras y aplicación estricta de cuarentenas. Y, por supuesto, de tener plenamente activos los mecanismos y procedimientos de vigilancia epidemiológica, secuenciación genómica para el control de la variante “india” (junto al resto de variantes), rastreo de contactos, aislamiento de positivos y resto de medidas imprescindibles. De nuevo, la coordinación en el marco de la UE y en el interior de nuestro sistema sanitario requiere un liderazgo tan imprescindible como actualmente desdibujado.

Recordemos que el actual drama que vive ahora la India no se debe solamente a una variante específica del virus, sino a un imprudente triunfalismo de su Gobierno que, a mediados de febrero, declaró que la pandemia estaba vencida, y de su propio presidente, quien protagonizó numerosos actos públicos sin mascarilla ni distancia de seguridad. Y que el trasfondo de la catástrofe tiene que ver con la pobreza, la alta densidad demográfica, las inequidades sociales y sanitarias, la insuficiencia y el deterioro de su sistema sanitario y las bajas coberturas de vacunación a pesar de ser un país productor de vacunas. Todo ello constituye un caldo de cultivo ideal para que la nueva variante produzca una tragedia sanitaria que se ha trasformado en una catástrofe humanitaria.

En definitiva, afrontamos un mes de mayo con desafíos importantes cuya forma de afrontarlos se beneficiaría de un refuerzo de los espacios de cooperación institucional en los que debiera debatirse el nuevo curso de acción que, a su vez, debería incorporar al máximo los criterios técnicos que deben ser tenidos en cuenta para no dar pasos atrás y hacer más seguro el camino hacia la recuperación sanitaria y económica que (de hacer bien las cosas) se podría producir a principios del segundo semestre.

En resumen, resulta preferible no quemar etapas anticipadamente para no tirar por la borda el enorme esfuerzo realizado. Como dice el refrán, “no por mucho madrugar amanece más temprano”. Y el riesgo de desatar repuntes con relajación prematura de medidas restrictivas no debe ser minimizado. La consigna debería ser acelerar la vacunación y retrasar la relajación de medidas por lo menos durante las próximas cuatro a seis semanas.

Aunque la magnitud de esta cuarta ola sea menos intensa que las anteriores y el ritmo del proceso de vacunación y su efecto protector comiencen a ofrecer resultados alentadores, no se debe minimizar la seriedad de la situación epidemiológica en buena parte del territorio español ni subestimar su potencial impacto en la atención sanitaria.

España afronta el mes de mayo inmersa en una cuarta ola de la pandemia a la que es mejor llamar por su nombre y no tratar de encontrar eufemismos que poco ayudan a construir el relato de prudencia y cautela que requiere la realidad de los hechos. Para empezar, del 18 de marzo al 30 de abril esta ola ha significado 311.345 nuevos casos y 5.306 nuevos fallecidos. Ha habido 1.824 personas que requirieron hospitalización general y 358 personas que fueron ingresadas en UCI.