¿Cómo será la pandemia en 2022?

Si algo nos ha enseñado la evolución de la pandemia a lo largo de los últimos dos años es la futilidad de los ejercicios de futurología, las limitaciones de los modelos predictivos y el peligro de proclamar finales anticipados sobre la base de optimismos infundados o pronósticos insensatos. Estamos ante un fenómeno de dimensiones cambiantes y equilibrios precarios que nos obliga a estar atentos permanentemente, a no adoptar planteamientos ideologizados y a replantearnos lo que hay que hacer en razón de la dinámica epidemiológica, sin pensar en que hay soluciones únicas y mágicas.

Sería un error pensar que el advenimiento de ómicron nos acerca al final de la pandemia, o que es una “bendición disfrazada”. Esta forma de pensar traduce sin duda la fatiga acumulada en estos dos años y el legítimo deseo de ver superada de una vez por todas esta situación tan difícil. Sin embargo, no pasa de ser un ejercicio de “wishful thinking” que no toma en consideración la verdadera situación mundial de la COVID-19 y que sobresimplifica los hechos.

En primer lugar, hay que seguir recordando que la protección inmunológica mundial contra el SARS-CoV-2 es todavía muy baja. Ni las coberturas de vacunación ni la inmunidad generada por las infecciones de las variantes anteriores del virus no son suficientemente amplias.

Mientras esta situación persista habrá un riesgo continuo de que surjan nuevas variantes con mutaciones que las hagan más contagiosas, más capaces de reinfectar a vacunados y no vacunados y/o más proclives a escapar a la eficacia de las vacunas. Por ello es difícil ver 2022 como el año en que la pandemia de COVID-19 vaya a ser dominada en todo el mundo.

Además, la elevada contagiosidad de variantes como ómicron, incluso aunque se mostraran algo menos virulentas, puede generar una presión asistencial incrementada como lo estamos viendo en estos momentos en toda Europa, España incluida. Precisamente eso llevó al ECDC a emitir una señal de alerta ante esta variante en su informe del 15 de diciembre. Y lo que ha hecho que la OMS exprese su preocupación ante el avance de ómicron.

Debemos comprender que lo único que nos acercará al “final de la pandemia” serán la reducción de contagios y la plena cobertura vacunal en todo el mundo. Por tanto, para ganarle la batalla al SARS-CoV-2 se precisa reforzar la acción internacional para que, bajo el liderazgo de la OMS, se consiga aplicar estas dos estrategias a escala global. 

Las llamadas 'medidas no farmacológicas' para controlar la pandemia no son solo conductas individuales y colectivas de protección frente a los contagios. Incluyen también restricciones de la movilidad y de la interacción social desprotegida, así como acciones de salud pública para la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico precoz, el rastreo exhaustivo y el aislamiento riguroso de las personas con capacidad de transmitir el virus. Y para ello es importante mantenerlas ligadas a la evolución de indicadores que ayudan a monitorizar la evolución de la pandemia y su impacto en el sistema sanitario, la incidencia incluida, y no solamente el grado de presión asistencial. Esto supone que los sistemas de vigilancia epidemiológica y la atención primaria de salud han de disponer de los recursos necesarios para hacerlo. Por desgracia, a escala global estamos aún muy lejos de todo ello.

Como también lo estamos de conseguir el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19 mediante la iniciativa COVAX. Que la UE, Canadá, Japón y otros países desarrollados se sigan oponiendo a la liberalización de las patentes de las vacunas dificulta sin duda el logro de este objetivo.

Somos escépticos ante la esperanza de que 2022 sea el año en el que todas esas líneas de acción puedan ser desplegadas con plena eficacia en el mundo, si bien cabe esperar que una parte de ellas se apliquen de manera más efectiva que en 2021. Especialmente importante para ello será conseguir un avance sustancial en el acceso universal a las vacunas flexibilizando lo que haya que flexibilizar para asegurar su producción universal y para convertirlas en un bien público global que permita apuntalar la seguridad sanitaria mundial.

La aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 en los últimos meses y, en especial, la variante ómicron, ha puesto de manifiesto la necesidad de acelerar este acceso al tiempo que subraya la importancia de continuar activando los procesos de investigación orientados a anticipar los procesos de fabricación de nuevas vacunas en caso de aparición de una variante capaz de eludir la acción de las vacunas hasta ahora aplicadas.

Europa se debe implicar aún más en apoyar el programa COVAX y ha de continuar realizando esfuerzos para involucrarse en los procesos de investigación con el sector privado que permitan avanzar en la disponibilidad de nuevas terapias y nuevas vacunas y facilitar su aplicación a nivel global.

Además, en el marco de la UE resulta prioritario frenar la actual ola de casos que está generando una importante presión asistencial tanto en la atención primaria como en los hospitales. Aun cuando la hipotética menor gravedad de la variante ómicron y la capacidad de protección de las vacunas aplicadas en Europa permitan tener ahora un menor impacto en la salud que en anteriores olas epidémicas, se hace imprescindible doblegar esta curva para proteger la salud del conjunto de la ciudadanía, atender adecuadamente a los que precisen asistencia, evitar la sobrecarga asistencial y recuperar cuanto antes la capacidad de respuesta de los sistemas de salud a las patologías no-COVID. Y, también, para atender el creciente número de personas con COVID persistente.

En España, cabe esperar un mes de enero de 2022 complejo. Probablemente la sexta ola seguirá golpeando con incidencias muy elevadas que solo se verán atenuadas si finalmente las comunidades autónomas aplican individualmente las medidas restrictivas que debieron de haberse acordado para todo el país en la Conferencia de Presidentes de la semana pasada. Cuanto antes se apliquen medidas de restricción de la interacción social desprotegida como las adoptadas primero por Cataluña y posteriormente por Asturias, Aragón, Navarra, País Vasco, Cantabria y La Rioja, mejor nos irá. 

Las autoridades deberían explicar con claridad y franqueza que la dinámica epidemiológica creada por una variante tres veces más contagiosa como la ómicron, aunque pudiera ser algo menos grave en el plano individual para ciertos grupos poblacionales, no significa menor riesgo colectivo ni menor presión sobre el sistema de salud; de hecho, puede significar incluso lo contrario. Que solamente con la vacunación no la pararemos. Y que para evitar un auténtico tsunami de casos, con las consecuencias sanitarias y económicas consiguientes, se hace necesario incrementar las restricciones para impedir los contagios y frenar la presión asistencial.

Es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Francia, donde, además del cierre de las discotecas que ya se había implantado, se ha decretado la prohibición del consumo en barras en los bares, la exigencia de un pase vacunal, ya no solo un pasaporte COVID, para acceder a la hostelería, los espectáculos o las actividades culturales (dejando claro que los test diagnósticos no bastan para ese propósito), el teletrabajo obligatorio durante las próximas tres semanas, la prohibición del consumo de bebidas y alimentos en cines, teatros y espectáculos, la prohibición de conciertos y otros espectáculos masivos y la reducción a tres meses del intervalo necesario entre la segunda y la tercera dosis. Otros países europeos (Alemania, Bélgica, Países Bajos) han ido incluso más lejos.

El refuerzo del programa de vacunaciones ampliando la aplicación de la tercera dosis al conjunto de la población adulta y la aplicación de la pauta completa en la población de 5 a 11 años, siendo necesario, no resultará suficiente para impedir la importante presión asistencial a la que se irá llegando mientras la incidencia de nuevos casos sea tan alta como lo ha sido durante diciembre. Reforzar el uso de las mascarillas y contratar más profesionales para la atención primaria y las acciones de rastreo puede ayudar, pero no bastará, dados los altísimos niveles de difusión comunitaria actuales. Por tanto, no puede descartarse que haya que adoptar más restricciones a la movilidad y la interacción social en las próximas semanas, algo que debería de haberse decidido en la última Conferencia de Presidentes.

Las cifras comunicadas por el Ministerio de Sanidad el martes 28 muestran el dramático incremento en la incidencia. Durante los últimos siete días los casos notificados crecieron un 104%, los pacientes hospitalizados por COVID-19 aumentaron un 29%, los ingresados en UCI lo hicieron en un 18% y hubo que lamentar 366 fallecidos, un 6% más que la semana anterior. Además, cuatro comunidades (Navarra, La Rioja, País Vasco y Madrid) tenían incidencias acumuladas durante los últimos 14 días superiores a 2.000 casos por cien mil habitantes. Y ninguna tenía incidencias inferiores a 800 casos por cien mil habitantes.

Además, el porcentaje de ocupación hospitalaria había crecido considerablemente en las últimas dos semanas. Y en ocho comunidades o ciudades autónomas (Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Melilla, Castilla y León, Aragón, Baleares y Cantabria) la de ocupación de las camas de UCI por pacientes con COVID superaba ya el 20%. A todas luces, el virus campea a sus anchas y no está acorralado ni mucho menos.

Actuando poco y tarde en este aspecto, de nuevo estamos pagando un precio en términos de sufrimiento y de muertes (por COVID y por patologías no COVID inadecuadamente atendidas) que se podía haber evitado.

Una vez se supere la sexta ola, la evolución de la pandemia durante el año 2022 en España estará condicionada por la evolución del SARS-CoV-2 en el resto del mundo, por la capacidad de articular una respuesta coordinada en el ámbito de la Unión Europea y por nuestra capacidad para mejorar la coordinación y la consistencia de las respuestas de los gobiernos central y autonómicos. 

Un ámbito este donde existe un amplio margen de mejora. En particular, sería imprescindible vincular las respuestas sanitarias y de restricción de la movilidad al semáforo COVID aprobado en el Consejo Interterritorial sin que sigamos haciéndonos trampas al solitario al desvincular, como se hizo en el otoño pasado, las señales de alerta de las medidas de acción. 

Aparte de eso, la capacidad de las vacunas para proteger con eficacia será otra clave a considerar. Conseguir incorporar al máximo de los casi 3,4 millones de ciudadanos mayores de 12 años que actualmente siguen sin vacunarse es una tarea prioritaria.

Un ámbito donde se han producido, y es previsible que se sigan produciendo, buenas noticias es el de los tratamientos de los pacientes hospitalizados. Tanto las terapias de soporte vital como el uso de algunos antivirales y de nuevos anticuerpos monoclonales han reducido la letalidad en las unidades de hospitalización y en las UCI, si bien han aumentado la estancia media una parte relevante de los pacientes hospitalizados por COVID.

Un aspecto decisivo será la respuesta que se dé a la creciente demanda de atención ambulatoria y hospitalaria tanto durante lo que resta de sexta ola como posteriormente. A corto plazo, más transmisión comunitaria implica también más personal sanitario contagiado, el cual requerirá pasar la correspondiente cuarentena con la consiguiente merma de la capacidad de respuesta de los hospitales. Así lo plantean los recientes comunicados de la Organización Médica Colegial y de un conjunto de sociedades científicas y agrupaciones profesionales vinculadas con la Atención Primaria.

En definitiva, la evolución de la pandemia en 2022 será consecuencia de la capacidad de respuesta que seamos capaces de articular en clave española, europea y mundial. También, de nuestro comportamiento individual y social en la aplicación de las medidas que sabemos que funcionan. Y, por supuesto, de la capacidad de las autoridades sanitarias y los poderes públicos estatales, autonómicos y locales para anticiparse a los acontecimientos y adoptar de forma consistente y coordinada las medidas de salud pública necesarias tal como ya hacen varios países europeos. Sobre esto último, la experiencia de 2021 no nos permite por desgracia ser muy optimistas. 

Ojalá 2022 alumbre el final de la pandemia y permita reconstruir los sistemas públicos de salud. No solo para prepararnos adecuadamente para la siguiente pandemia, sino también para tratar tanto las secuelas de esta, tales como las enormes listas de espera de muchos problemas de salud no COVID, incluidos los de salud mental, que siguen esperando desde hace meses un “hueco” para ser atendidos.

Esta pandemia no ha terminado y no sabemos cuándo y cómo lo hará. Lo que sí sabemos es que queda un largo trecho por recorrer y que la tarea que tenemos por delante es inmensa. Harán falta voluntad y recursos. Confiemos en que haya dosis suficientes de ambas cosas.

Si algo nos ha enseñado la evolución de la pandemia a lo largo de los últimos dos años es la futilidad de los ejercicios de futurología, las limitaciones de los modelos predictivos y el peligro de proclamar finales anticipados sobre la base de optimismos infundados o pronósticos insensatos. Estamos ante un fenómeno de dimensiones cambiantes y equilibrios precarios que nos obliga a estar atentos permanentemente, a no adoptar planteamientos ideologizados y a replantearnos lo que hay que hacer en razón de la dinámica epidemiológica, sin pensar en que hay soluciones únicas y mágicas.

Sería un error pensar que el advenimiento de ómicron nos acerca al final de la pandemia, o que es una “bendición disfrazada”. Esta forma de pensar traduce sin duda la fatiga acumulada en estos dos años y el legítimo deseo de ver superada de una vez por todas esta situación tan difícil. Sin embargo, no pasa de ser un ejercicio de “wishful thinking” que no toma en consideración la verdadera situación mundial de la COVID-19 y que sobresimplifica los hechos.