Vacunas frente a la COVID-19 (II): ¿Cómo empezar con buen pie la campaña de vacunación y hacer lo necesario para evitar la tercera ola?

El inicio de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en España se producirá en un momento complejo que obliga a ser particularmente estratégicos y sumamente eficientes. Si queremos tener éxito en este empeño de grandes proporciones no podemos olvidar que la campaña será de largo aliento hasta alcanzar las suficientes coberturas de vacunación compatibles con la inmunidad de grupo. Y que, mientras tanto, será fundamental seguir controlando la transmisión del virus y abatir la curva en todo lo posible. Se trata de una doble vertiente que requiere grandes esfuerzos de pedagogía social para que goce de una amplia base social de sustentación.

Será un esfuerzo prolongado que solo tendrá sus verdaderos frutos pasados varios meses después de que se inicie. Iniciar la vacunación no cambiara la dinámica de la epidemia de la noche a la mañana. Habrá que comunicar bien lo que significa individual y colectivamente y deberá alentarse la noción de que habrá que ser pacientes y persistentes. Para ello habrá que propiciar una amplia participación ciudadana y se requerirá combatir con información veraz las reticencias infundadas que arrojan las encuestas realizadas sobre la decisión de vacunarse o no. Y habrá que concitar de manera muy especial el gran esfuerzo que se requerirá por parte de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios. 

Por desgracia, este proceso de vacunación, que deberá alcanzar a más de treinta millones de españoles en los próximos meses, se inicia cuando enfrentamos una coyuntura difícil ante la que es importante detenerse. 

El menor de los problemas en estos momentos es contar con una o más vacunas que sean seguras y eficaces. Estamos ya en el camino de las dos primeras vacunas con plenas garantías de amplio uso por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Esto ocurrirá seguramente, días antes o días después, a finales de diciembre y hará posible comenzar a vacunar a inicios de enero. Habrá que ver, todavía, a qué ritmo se suministrarán las dosis por parte de los productores, ya que ello definirá la velocidad de aceleración que pueda imprimirse a la campaña de vacunación. Es importante que seamos realistas y no nos olvidemos de que esta es una variable determinante para construir cualquier plan operativo al respecto.

La fecha de inicio no representará una dificultad ni deberá ser una decisión sujeta a criterios políticos o de competición entre países, o entre CCAA, para ver quien arranca primero. Dependerá de la fecha de aprobación de la vacuna de Pfizer, de la rapidez con la que el productor haga llegar las dosis iniciales a cada país, de la logística interna de conservación y de la distribución al interior de cada estado miembro. El día exacto del arranque es lo menos importante y seguramente sucederá en dos o tres semanas. Además, la Comisión Europea ha hecho un llamamiento para que todos los estados miembros de la Unión Europea inicien la vacunación entre el 27 y el 29 de diciembre y eso, sin duda, será positivo al propiciar una acción armónica evitándose así cualquier apresuramiento nacionalista generados por un afán de publicidad que en nada ayuda a los objetivos de salud pública que debemos perseguir.

Los mayores desafíos son de otro orden y tienen que ver sobre todo con la capacidad organizativa y logística de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas para transportar, conservar y aplicar las vacunas de la manera requerida; con la posibilidad de identificar y llegar a las poblaciones diana que se fijen para cada etapa de la vacunación; y con la habilidad para desarrollar un buen sistema unificado de información que permita el registro  detallado de las personas vacunadas y las dosis aplicadas a fin de poder asegurar un buen proceso de fármacovigilancia tras la aplicación de las dosis administradas.

Cabe recordar, además, que nada de esto sucede en el vacío. Habrá que emprender la vacunación ante una desfavorable situación de alta incidencia y persistencia de la transmisión comunitaria y ante una alta utilización de los servicios sanitarios (atención primaria, camas hospitalarias y UCI). Además, habrá que hacer todo esto con los sobrecargados equipos de profesionales atención primaria y salud pública de los sistemas sanitarios autonómicos, los cuales llevan meses contendiendo con un aluvión de tareas que les desbordan cada vez más.

Uno de los mayores escollos que enfrentamos es el estancamiento de la curva epidémica en el país y el incremento reciente de contagios con cifras de incidencia acumulada de 14 días que alcanzaron los 201 casos por cada cien mil habitantes el 16 de diciembre. Además, prácticamente todas las Comunidades Autónomas siguen teniendo una incidencia en mayores de 65 años que les sitúan por encima del umbral de 150 por cada 100 mil personas de ese grupo etario establecido como indicativo de alerta extrema por el propio Consejo Interterritorial. Y por si fuera poco la positividad a las pruebas diagnósticas sigue siendo elevada y la media nacional asciende al 8%, indicativa de que aún hay una importante transmisión comunitaria en marcha. 

Todo ello determina que entremos en la campaña de vacunación en un escenario de importante carga asistencial con una considerable saturación de la atención primaria y una fuerte presión asistencial que hacen necesario plantearse el reforzamiento inminente de los sistemas sanitarios, especialmente de los equipos de atención primaria sobre los que recaerá buena parte de la ejecución del programa de vacunación.

A ello se agrega el hecho de que la relajación de las medidas restrictivas durante las últimas semanas ha generado situaciones preocupantes en la dinámica de la pandemia. Los repuntes en varias regiones del territorio plantean la necesidad de ser menos laxos en la liberación de las restricciones durante las celebraciones navideñas tal como sucede ya en varios países de Europa. Esto ha quedado claro en las deliberaciones y conclusiones del Consejo Interterritorial del 16 de diciembre, si bien se ha dejado en manos de cada Comunidad Autónoma el tomar las medidas que juzguen pertinentes y se ha optado por no modificar el Real Decreto que establece las características del actual estado de alarma. 

En este sentido habría sido deseable una sola acción unificada para todo el territorio español que fijase restricciones más estrictas para el periodo navideño, en el estilo de lo que han puesto en marcha Alemania y Holanda para, de esa manera, evitar el tránsito hacia una tercera ola severa y afrontar el inicio de la campaña en situación de menor transmisión comunitaria menores niveles de incidencia y menor presión asistencial.

Coincide con el arranque de la campaña de vacunación el poder contar con los resultados de la cuarta ronda del excelente Estudio Nacional de Seroepidemiología de la infección por SARS-COV-2 en España (ENE-COVID) dados a conocer el 15 de diciembre. Las cifras que arroja esta fase del estudio son sumamente informativas para entender la penetración que ha tenido el virus en los distintos territorios y para planificar las acciones de vacunación. 

El estudio muestra que una de cada diez personas en España se ha infectado por el SARS-COVID-2 a lo largo del 2020. Esto significa que hay alrededor de 4.5 millones de españoles que se han contagiado del virus y un poco más de 40 millones que aún son vírgenes a la infección. Es decir, que tenemos un 90% de la población aun susceptible a la que hay que proteger de la infección y a la que habrá que dirigir los esfuerzos de vacunación durante el 2021.

La seroprevalencia global entre la población española fue de casi el doble de la detectada en las primeras rondas del estudio, entre mayo y junio del 2020.Como en las rondas anteriores, hay una importante variabilidad geográfica en los resultados: en el núcleo central de la península la prevalencia global oscila alrededor del 15% e incluso supera esa cifra, mientras que hay provincias en las que la prevalencia no llega a ser del 5%. Resulta claro, asimismo, que hay una mayor dispersión de la onda epidémica en el territorio y que la seroprevalencia es mayor en los residentes de ciudades con más de 100.000 habitantes, donde se alcanza una cifra del 11,6%.

No se observan diferencias entre hombres y mujeres. La seroprevalencia es menor entre los niños, y muy similar en los demás grupos de edad, lo que indica que los contagios se producen de modo similar a lo largo de las edades juveniles y adultas. Cabe destacar, además, que el personal sanitario, las trabajadoras de la limpieza, y las mujeres que cuidan a dependientes en residencias y domicilios presentaron las cifras más altas de prevalencia global, y que el porcentaje de asintomáticos en relación con el total de positivos se estimó en torno al 30%.

El estudio ofrece una información muy detallada para la planificación operativa de las campañas de vacunación en cada CCAA y muestra con toda claridad lo lejos que estamos de alcanzar una inmunidad de grupo por la vía de la infección natural y la importancia que tiene para la protección individual y colectiva el emprender la campaña de vacunación hasta alcanzar cuando menos al 70 por ciento de la población española.

El Consejo Interterritorial ha aprobado ya un marco general que constituye una estrategia de vacunación para toda España y que toma en cuenta la necesidad de ir avanzando gradualmente, según se disponga de dosis de vacuna. Este llamado Plan de Vacunación define los grupos diana de población más vulnerable a los que será importante dar prioridad con el propósito de lograr salvar el mayor número de vidas posibles y de atajar el impacto del virus en los colectivos más expuestos a la severidad de la enfermedad y al riesgo de contagio.

A partir de la estrategia aprobada, tanto el Gobierno central como los Gobiernos autonómicos, tendrán que ser más explícitos y elaborar planes operativos detallados, concretando los dispositivos que se pondrán en marcha para emprender la vacunación en cada CCAA. Esta es una tarea urgente que deberá guiar los esfuerzos que se inicien en enero.

Es cierto que en España disponemos de una amplia experiencia de campañas de vacunación y que hace poco se ha realizado una amplia y aparentemente exitosa campaña contra la gripe estacional. También es verdad que disponemos de una extensa red de centros de atención primaria con amplia cobertura, que la vacuna será gratuita y que la población española tradicionalmente ha sido proclive a vacunarse. 

Pero debemos tener muy claro que la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 no será una campaña “normal”. En realidad, se trata de un reto formidable que conviene cuidar en todos sus extremos y asegurar el máximo consenso entre Gobierno central y conjunto de Gobiernos autonómicos. Es vital que la campaña quede al margen del debate político partidista para no perjudicar su desarrollo. Los retos y dificultades a superar así lo requieren. Entre ellos cabe destacar: 

a) la cantidad de población a vacunar, que estará entre 30 y 40 millones de personas, más del doble de la cifra comunicada por las autoridades sanitarias en cuanto al número de personas que se han vacunado contra la gripe. 

b) las incertidumbres y dudas de una parte importante de la población, que se verán afectadas por las eventuales polémicas y por los efectos secundarios, y que sin duda aparecerán tanto en España como en otros países, durante la misma.

c) la larga duración de la campaña, prácticamente todo el año 2021, lo que obligará a sostener el esfuerzo y “protegerlo” de incidentes y acontecimientos imprevistos. 

d) que nueve o diez meses de pandemia han dejado muy fatigada a la población y exhaustos, y a menudo decepcionados, a los profesionales sanitarios, sobre todo a los de atención primaria y que hay una razonable probabilidad de que pueda coincidir con un repunte de los casos o incluso una “tercera ola” en enero. 

Un reto de la magnitud de esta campaña de vacunación, exige un diseño y una implementación acorde al mismo, como si se tratase de un fino mecanismo de relojería. 

Requiere en primer lugar, un amplio equipo interdisciplinar de diseño, implementación y evaluación continuada del Plan de Vacunación, cuya composición, para evitar absurdas polémicas pasadas, convendría que fuera conocida de antemano. 

También exige, en segundo término, como hemos señalado, que todos los actores, sobre todo Gobierno central y Gobiernos autonómicos, se comprometan a no politizar la campaña, porque problemas habrá y todos pueden, en un momento u otro, verse afectados. Por desgracia, lo ocurrido hasta aquí durante la pandemia no contribuye al optimismo. 

En tercer lugar, exige reforzar los dispositivos de atención primaria y contar con la colaboración activa de los profesionales porque de otro modo la vacunación no se podrá hacer en condiciones adecuadas y nada podría resultar más demoledor para la confianza de los ciudadanos que contemplar las imágenes de quienes han de vacunarles denunciando insuficiencias y carencias en los medios de comunicación.

En cuarto lugar, requiere un buen sistema de notificación y registro tanto de los datos de efectividad que se vayan analizando, como de los posibles efectos secundarios de la vacuna, en conexión con los otros registros europeos, así como una rápida y eficiente comunicación pública de éstos, a fin de situarlos en su verdadero contexto e importancia relativa, evitando los riesgos tanto del sensacionalismo como de la desinformación.

Y en quinto lugar exige un abordaje comunitario para alcanzar a algunas poblaciones en altas situaciones de vulnerabilidad que no podrán acceder fácilmente a los centros de salud, especialmente las personas mayores y las personas discapacitadas con alto grado de dependencia y dificultades de movilidad y desplazamiento a los centros sanitarios. También, a aquellos colectivos que por su situación irregular o su elevada movilidad pueden tener mayores dificultades para acceder o para completar el proceso mismo de vacunación.

Este emprendimiento del conjunto de las administraciones sanitarias requiere de toda la concentración posible de energías y recursos. No es una tarea sencilla. Conviene empezar con buen pie y debería evitarse añadir dificultades a las ya intrínsecas del proceso técnico, logístico y organizativo que supone su puesta en marcha y su pleno desarrollo. La campaña no puede ni debe estar sujeta a vaivenes políticos partidarios, ni a polarizaciones entre los gobiernos autonómicos y el gobierno central. Se trata de un asunto de Estado para garantizar la seguridad sanitaria con relación al SARS-COVID-2. Todo el mundo debería arrimar el hombro sin mezquindades ni protagonismos o cálculos personales.